Irapuato, Gto. Con una marcha al parque Irekua, concluyó la clausura simbólica de la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHEG), en cuya fachada, familias del colectivo ‘A tu encuentro’ colocaron lonas con las fotografías de las personas desaparecidas y cartulinas con los mensajes: ‘Clausurado’, ‘Nos están matando’, ‘Clausurado por no defender los Derechos Humanos’.
El representante del colectivo, José Gutiérrez dijo que fue hasta este viernes, después de dos meses y tres visitas recurrentes a la oficina de la Subprocuraduría de la Zona B de la PDHEG, que se le notificó que la queja contra el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo por criminalizar a las familias de personas desaparecidas, no procedía.
Esto, con el argumento de que los dichos del ejecutivo estatal no tenían inferencia en la investigación que lleva a cabo la Fiscalía General del Estado (FGE) por el delito de amenazas.
Cabe recordar que el activista fue víctima de amenazas a mediados de febrero y al ser cuestionado sobre este asunto, el gobernador responsabilizó a las familias.
“Tenemos cinco días hábiles para responder, y les vamos a responder, vamos a pedir un recurso de revisión. Vamos agotar todas las instituciones que tengamos que agotar para hacer valer nuestros derechos”, expuso José Gutiérrez.
Expuso que además pedirían la renuncia de dos funcionarios de la PDHEG, a cuyo titular José Raúl Montero de Alba le sugirió no buscar la reelección del cargo que ocupa, pues no ha defendido los derechos humanos en Guanajuato.
De acuerdo con el activista suman 30 quejas las que han presentado las familias, inclusive algunas contra funcionarios como Claudia Mota, quién era fiscal regional de Irapuato. Sin embargo, no se han notificado avances.
“Nos quieren culpar a nosotros porque no hemos entregado la información, vemos una procuraduría que es más un actor político, que una Procuraduría de Derechos Humanos, lo cual pues llama la atención y preocupa bastante en el Estado más violento del país. La respuesta es proteger al gobierno”.
Las quejas que en lo individual han presentado las familias, derivan de irregularidades que se han detectado en las carpetas de investigación, pues señalan que la Fiscalía no sigue protocolos para indagar las denuncias que presentaron por la desaparición de una persona.
La manifestación
Con las fotografías de las personas desaparecidas, las familias se situaron al exterior de las oficinas de la PDHEG, sitio al que arribaron un par de policías, que vigilaron que durante la manifestación se cumpliera con medidas de sana distancia.
El subprocurador de la Zona B de la Procuraduría de Derechos Humanos, Luis Christian Ortiz Andrade salió de las oficinas, donde lo abordó el activista, quien le dijo que la manifestación es por la falta de respuesta a sus quejas, entre las que se encontraba la hecha contra el gobernador.
“Consideramos que esta Procuraduría no está cuidando a los ciudadanos, está cuidando los intereses de otras personas. El viernes, como anunciamos que íbamos a venir, si nos llevaron los documentos, de lo que les debemos, lo que nos debían”, le reprochó al funcionario.
Ortiz Andrade señaló que las 20 quejas que han interpuesto las familias están en estudio para su resolución, y sobre la interpuesta contra Diego Sinhue Rodríguez Vallejo argumentó que, por la contingencia, se retraso la entrega de notificaciones, que se deben hacer de manera personal, posteriormente, señaló que fue porque no encontraban al activista.
“Sus expedientes están prácticamente concluidos en la etapa de investigación, estamos en un momento donde están en estudio sus expedientes para enviarse al procurador con una propuesta de resolución”.
Defendió a sus funcionarios y le hizo saber a José Gutiérrez que hay recursos de defensa, a partir de la notificación, a quién además lo responsabilizó de la falta de información en las quejas.
Clausura Simbólica
‘¡Queremos justicia! Gritaron las familias, mientras procedían a la clausura simbólica, en la que exigieron resultados no palabras.
Colocaron las pancartas en la fachada de las oficinas. Ahí, dos mujeres pidieron justicia y exigieron la búsqueda de sus familiares desaparecidos.
“Que encuentren a nuestros desaparecidos, ya llevamos nosotros un año, queremos que nos ayuden a encontrarlos, donde estén, cómo estén, que ellos cumplan con su trabajo”.
“Quiero a mi hijo” gritó otra de las víctimas, mientras rompía en llanto a casi un año de la desaparición de su hijo y su pareja. Se trata de Norma Barrón, cuya historia se difundió en una publicación de Zona Franca el pasado 24 de abril.
“El gobernador nos prometió tantas cosas, nos quieren comprar, queremos resultados, queremos a nuestros familiares, si fueron delincuentes o no fueron, como familiares, esposas, como mamás, queremos que nos los regresen, día a día nos levantamos pensando en ellos, queremos cuando menos tenerlos en un camposanto para irles a llorar”.
A ella se acercó el subprocurador, para cuestionarle si ella en su momento presentó alguna queja en la PDHEG, y al recibir la negativa, se aproximó al activista nuevamente, para decirle que los manifestantes no sabían si tenían algún pendiente, pero la institución estaba abierta para revisar sus expedientes.
Nuevamente, hubo una confrontación entre José Gutiérrez y el funcionario.
En entrevista, Luis Christian Andrade dijo que del colectivo tienen 20 quejas registradas, en contra de la Fiscalía General del Estado, específicamente, la número 8 especializada en la Desaparición de Personas, que tienen que ver con irregularidades, principalmente las familias quejosas, que han hecho énfasis en la falta de protocolos.
Afuera las familias, colocaron las lonas con las fotografías de sus desaparecidos, y ahí cada una habló de las omisiones de las que han sido víctimas por parte de las autoridades estatales.
Finalmente, las familias macharon por las calles hasta llegar al parque Irekua, exigiendo la búsqueda de sus allegados.
Se mantienen abiertas 20 quejas
A través de un comunicado, la PDHEG informó que de las 20 quejas contra autoridades estatales que interpusieron las familias, una fue remitida a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para su atención.
“El Subprocurador de la Región Irapuato, Cristian Ortiz Andrade, explicó que de las quejas presentadas ante el organismo una de ellas fue remitida a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para su atención, derivado de que las autoridades señaladas por familiares corresponden al gobierno federal”.
Se reafirmó que la Procuraduría es aliada de las familias, prueba de ello, destaca las 35 recomendaciones a las autoridades municipales, que se emitieron en el 2019.
“Previo a la publicación de las leyes de desaparición y atención a víctimas, y tal y como se había acordado con los colectivos de búsqueda de desaparecidos, se entregó al Congreso del Estado las aportaciones encaminadas a garantizar sus derechos”.
