Guanajuato. De las ocho funcionarias que salieron del Instituto Municipal de la Mujer de León, dos renunciaron, tres más cancelaron su contrato por reestructura organizacional y el resto salieron por mutuo acuerdo. En todos los casos, se firmó el consentimiento legal.
Por ello, las consejeras de la institución descartaron tajantemente que haya existido abuso o acoso laboral contra las ex colaboradas. Incluso, refirieron que su salida en algunos casos se debió a temas como abuso de confianza y falta de resultados en labores ordinarias.
La presidenta del Instituto Municipal de la Mujer, Martha Armida Campos Nava, detalló que desde hace varios meses el consejo hizo un análisis de los puestos que integran la dependencia y los resultados que se habían dado en los programas, por lo que se llamó a los responsables a informar, dos de ellos no justificaron y decidieron renunciar.
“Nosotras hemos sido un consejo que realmente estamos involucradas en el Instituto y hace ya tiempo se está viendo que ciertas áreas no daban los resultados que tendrían que dar”
Comentó que una de esas áreas era la de Educación, que durante la pandemia no hizo nada y se dejaron de hacer talleres de prevención de embarazo adolescente, pero se habían contratado a tres promotoras a las que no se les instruyó la necesidad de seguir trabajando en talleres virtuales.
“Se le preguntó que por qué no se había visto de forma creativa las consultas por medio de plataforma virtual y la justificación era que no querían, y nos dimos cuenta que no hacían nada y sí estaban cobrando”.
La presidenta del consejo añadió que otro despido fue el de la administradora que tuvo omisiones en su trabajo, como anomalías en la devolución del dinero al municipio, misma que no informó al consejo ni a la dirección.
“Cuando se enfrenta a la administradora dijo que se le había olvidado, y cómo se le olvida que tiene que devolver al municipio una cantidad que se acerca al millón de pesos, fuimos metiéndonos a los resultados que nos estaban dando y descubrimos que no hacían nada”.
De las ocho funcionarias que hicieron la denuncia pública contra la dependencia, Campos Nava aclaró que dos renunciaron, tres más se cambió su programa por reestructura y el resto se acabó la relación laboral por mutuo acuerdo.
“Para nosotras era gente que vivía del presupuesto, sólo cobraba y no rendía resultados. Y cuando el consejo se metió a revisar cada una de las áreas nos dimos cuenta que había un montón de gente”.
Comentó que no podrían decir que fueron violentadas porque se les llamó y se les pidió cuentas sobre su trabajo. Recordó que una de las personas hacía trabajo de su organización en tiempo laboral.
Por su parte, la consejera Rosalía Cruz Sánchez, e integrante de la organización Las Libres, afirmó que los cambios y la reestructura en el instituto se analizaron a fondo dentro del consejo.
“Me parece muy grave que haya estos posicionamientos que para empezar ni siquiera están firmados y no se sabe quién los hace y lejos de abonar a que un día tengamos una sociedad más igualitaria, permea muchísimo que hablen de esta violencia de la que ellas hablan y no se hable de las cosas que se han hecho”.
“Se tomó la decisión de invertir ese dinero en gente más comprometida, responsable y que deberás le interese generar un cambio en la población sobre todo de León, se hizo una revisión y no fue una decisión arbitraria de la presidenta del Consejo, porque eso nos descalifica a las demás integrantes que hicimos una revisión de los procesos y procedimientos”.
Cruz Sánchez expuso que las funcionarias no realizaban su trabajo y se dio una pérdida de confianza, por lo que se tomó la decisión.
“Se respetaron en todo momento sus derechos y no entiendo quién es la persona que dice que se le encerró en una oficina y eso no pasó, y todo el consejo ha estado pendiente de que se realicen bien las cosas en el Instituto”, concluyó.
