Guanajuato, Gto. Todas las autoridades guanajuatenses tienen corresponsabilidad en materia de corrupción de menores de edad, al continuar la impunidad en los casos.
Así lo señaló la directora del Centro NIMA (Centro de Promoción de los Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes en Guanajuato), Alma Padilla, quienes acompañan casos de violaciones a los derechos humanos de infancias y adolescencias.
“El adulto sigue impune, y el niño violentado y bajo la violencia y el dolor. Me parece que es un elemento importante la impunidad y el acceso a la justicia de las infancias y adolescencias: la política pública que permita el acceso a las infancias a la justicia. Eso me parece que le toca al Estado y es una corresponsabilidad muy importante”, apuntó.
Lo anterior, luego de que Zona Franca publicó que Guanajuato es el estado con más casos registrados de corrupción de menores de edad, con víctimas mujeres, de acuerdo a los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp).
En los casos que acompañan, siendo los de violencia sexual los más frecuentes, señala que más de la mitad se encuentra en un “proceso retardado o aletargado” en las instancias de procuración de justicia y que incluso, los protocolos de actuación no son usados y por lo tanto, se revictimizan a las niñas y niños.
Considero que otra competencia en donde habría responsabilidad del gobierno, es en la transformación social.
“El Estado actúa por acción y omisión. Si un Estado no educa, entonces está siendo responsable por omisión, habría que generar procesos educativos familiares, sociales, comunitarios, escolares en todos los niveles”, expresó.
Destacó que se habla de un total de 316 casos, donde aproximadamente 220 son menores de edad y cerca de 100 casos (en promedio) no son especificados, mismo que podrían ser de mujeres adultas con alguna discapacidad.
Mencionó que esto es alarmante, pues las niñas y niños no sólo no están siendo protegidos, amados o cuidados; también están siendo violentados, pues son los adultos, usualmente con una relación de parentesco, quienes cometen este delito.
“Es un delito grave, en sentido de que implica el uso y lucro de las infancias y las adolescencias. Abarca varios elementos en donde se ve involucrada la corrupción: como la comisión de delitos, las drogas: venta u obligación al uso. Inducción por un adulto a una conducta delictiva e incluso a la pornografía infantil.(…) Eso me parece que es una radiografía muy grave de lo que las infancias están viviendo en un Estado sumamente violento”, expresó.
Alma Padilla señaló que este delito tiene muchas consecuencias psicoemocionales, afectivas y físicas, estas últimas cuando se les obliga al uso de sustancias o drogas, o delitos sexuales, que dañan la autonomía, autoestima y la construcción del sujeto de las niñas y niños.
Violencia tiene un enfoque de género
En cuanto a la reeducación, Itzel Hernández, investigadora de NIMA, destacó que hay un evidente factor de género en las cifras; por lo que los procesos educativos deben tener un enfoque de analizar, gestionar y visibilizar las vivencias estructurales y las violencias de género.
“Esto tiene que ver con una cuestión legal, con una cuestión de marcos normativos de niñas, niños y adolescentes como personas sujetas de derecho. Pero hay otra línea que tiene que ver con la reeducación y concientizar a la sociedad en general de este reconocimiento de niñas y niños como ciudadanas y ciudadanos. De repente hay una lectura de que las niñas y niños son propiedades de estas personas adultas: madres, padres, etc. Entonces, desde esa concepción adultocéntrica y tutelar se les daña, porque no se les reconoce como personas completas”, mencionó.
