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sábado, abril 10, 2021

Gacetas de recomendaciones revelan abusos y omisiones a los Derechos Humanos

León, Gto. En las gacetas de recomendaciones de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, se pueden encontrar abusos de autoridad, omisiones y violaciones a la ciudadanía por parte de los funcionarios públicos de las dependencias e instancias municipales y estatales.

Tan solo al finalizar el año 2019, en Guanajuato se registraron al menos mil 188 expedientes de quejas o denuncias de la ciudadanía en contra de diferentes dependencias estatales o municipales, por violentar sus derechos.

Las principales autoridades señaladas por la ciudadanía son la Fiscalía General del Estado con 241 quejas. Luego la Secretaría de Seguridad Pública del Estado con 147 denuncias. Después con 110 quejas está la Secretaría de Educación de Guanajuato y con 67 denuncias la Secretaría de Salud de Guanajuato.

Foto: archivo

En el caso de las autoridades municipales, se concentra en el periodo mencionado en León 86 quejas, 53 en Celaya, 50 en Irapuato, 36 en San Miguel de Allende, 29 en Guanajuato capital y 25 quejas en Acámbaro.

La Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, detalló que estas acciones derivaron en la emisión de 376 recomendaciones a las autoridades, de las cuales 198 fueron dirigidas a los municipios y 178 a las dependencias estatales.

Las violaciones a la integridad física, a la seguridad jurídica, la desaparición forzada, la libertad personal y a los derechos de las niñas, niños y adolescentes, derivaron en recomendaciones que terminaron en una serie de medidas disciplinarias contra los funcionarios públicos.

Un expediente puede tener uno o más señalamientos de violación a derechos humanos y referencia hacia una o más autoridades.

Por esto 98 elementos fueron dados de baja, a 90 los suspendieron, a 82 los amonestaron, arrestaron a 18 y cesaron de sus cargos a 18 funcionarios.

Desaparición forzada, una violación grave a los DDHH

La desaparición forzada es un tema sensible que vulnera a familias al ser considerada una violación grave a los derechos fundamentales y por su lesividad ha sido considerada una afrenta a toda la humanidad.

Se caracteriza por la privación de la libertad contra la voluntad de la persona y la participación directa de agentes gubernamentales o bien indirectamente, y la negativa a revelar el paradero de la persona que ha sido víctima.

Foto: archivo

Al finalizar el 2019, este organismo emitió un total de 35 recomendaciones en 3 expedientes que involucran a 7 personas por casos de desaparición forzada de personas a los municipios de Celaya (17), Comonfort (9) y Cortazar (9) con la finalidad de que las autoridades reparen el daño causado y ofrezcan garantías de no repetición de los hechos y sancionen a quienes cometieron este tipo de violaciones.

El apoyo y acompañamiento que la PDHEG ha tenido con los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas en el estado, responde a la insaciable lucha por el derecho a la verdad y la justicia.

Municipios y recomendaciones

Del total de las mil 198 quejas de expediente a los cuales se dio trámite el año pasado, en 383 expedientes se iniciaron por presuntas violaciones a derechos humanos que involucraron la participación de autoridades municipales y de las cuales se emitieron 198 recomendaciones.

Los 5 municipios con más quejas contra las autoridades municipales son León con 86, Celaya con 53, Irapuato con 50, San Miguel de Allende con 36 y Guanajuato con 29 expedientes.

Respectivamente se han emitido en León 29 recomendaciones, 20 en Celaya, 19 en Irapuato, 14 en San Miguel de Allende y 9 en la capital de Guanajuato.

Mientras que Apaseo el Alto, Huanímaro, Manuel Doblado, Ocampo, Pueblo Nuevo, San Diego de la Unión, Santiago Maravatío y Tarandacuao, fueron los únicos 8 municipios que no tuvieron quejas ni recomendaciones.

Todas las recomendaciones que fueron emitidas, fueron aceptadas por las autoridades municipales y estatales y de acuerdo al marco constitucional, son públicas y no tienen carácter imperativo para la autoridad o servidor público a los cuales se dirigen y en consecuencia, no pueden por sí misma anular, modificar o dejar sin efecto las resoluciones o actos contra los cuales se presentó la queja o denuncia.

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