Guanajuato, Gto. Ante los casos de tortura que se han dado por parte de elementos de seguridad, la bancada del PAN en el Congreso Local presentó una iniciativa para prevenir y erradicar estas situaciones.
La legisladora Cristina Márquez Alcalá expuso que, con esta “Ley Para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes en el Estado de Guanajuato” se prevé la creación de una Fiscalía Especializada para la Investigación de Delitos de Tortura, la cual dispondrá de autonomía técnica y operativa.
Ésta, estaría a cargo de la Fiscalía General del Estado (FGE) y contaría con personal especializado, incluyendo Ministerios Públicos, policías, servicios periciales y técnicos, que deberán estar actualizados en cuanto a investigación criminal y uso adecuado de la fuerza.
Márquez Alcalá recordó que en el informe del procurador de Derechos Humanos, Raúl Montero de Alba se dio a conocer que durante el 2018 se aperturaron cuatro expedientes en contra de elementos de la entonces Procuraduría General de Justicia, hoy Fiscalía General de los cuales en uno no se encontró responsabilidad y tres se encuentran en investigación.
Dijo que los pretextos en los actos de tortura son principalmente el de una investigación judicial, el obtener información además extraer una confesión entre otros más.
“Pretende atender esta necesidad, a través de una ley breve, pero efectiva, que establezca las bases de la coordinación entre las autoridades a nivel estatal y municipal en materia de los delitos de tortura, tratos y penas crueles, inhumanos o degradantes; además de establecer las medidas específicas de atención, asistencia, y reparación integral en beneficio de las víctimas”.
La ley también contempla que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato y los Ayuntamientos emitan programas de prevención del delito de tortura.
“Esa conducta innecesaria, injustificable e ilegal que cometen aquellos servidores públicos y aquellos particulares que sean sus cómplices para, utilizando cualquier pretexto: el de una investigación judicial, el de obtener información, el de extraer una confesión, castigar, intimidar o coaccionar, busquen disminuir o anular la capacidad de la víctima”.
La iniciativa fue turnada a la comisión de Justicia para su análisis.
