León, Gto.- El activismo LGBTIQ+ en Guanajuato demostró que al dar pelea jurídica, la autoridad estará obligada a destinar presupuesto para esta población, por lo que ahora seis entidades más replican el ejercicio en espera de un resultado a su favor.
Yucatán, Veracruz, Estado de México, Querétaro, Aguascalientes y San Luis Potosí son las seis entidades en donde la organización Amicus replicó el ejercicio de amparo contra los Congresos por dejar fuera a la población del presupuesto.
“Guanajuato abre la posibilidad que se asigne presupuesto para políticas públicas a personas LGBT vía judicial y me parece que la sentencia abre la conversación para que haya control de presupuesto por parte de la ciudadanía en el tema que sea”, destacó Juan Pablo Delgado Miranda, director de la asociación.
En abril de 2022 de forma histórica un juez de distrito falló a favor de este amparo que obliga al Congreso Local a asignar presupuesto para la población. Los legisladores pusieron trabas al presentar un recurso de revisión.
Pese a este recurso, en septiembre nuevamente la asociación ganó, orillando a legisladores a aprobar el recurso, que comenzó en destinar dinero para un diagnóstico.
“Una buena parte del país con presupuestos LGBT y al final se hace el ejercicio con los otros estados de exigir a los Congresos y gobernadores para que en el paquete fiscal ya venga el anexo presupuestal. La expectativa es terminar el año con siete estados que por sentencia hayan adoptado este nuevo estándar por obligación judicial”, destacó el abogado y activista.
La primera audiencia será en Yucatán para el próximo 26 de marzo, el resto serán en abril, organizaciones y activistas de cada entidad acompañan el proceso.
El proceso guanajuatense está citado en los amparos de cada uno de los estados para que los jueces puedan conocer cómo una entidad ya fue orillada a incluir a esta población.
Actualmente en Yucatán la fracción mayoritaria también panista ha comunicado que aceptará el contenido de la sentencia, mientras que Aguascalientes buscó una mediación.
Delgado explicó que este ejercicio será un ejemplo para que los ciudadanos puedan exigir recurso no solo por discriminación, sino por aquellos derechos que no estén siendo garantizados por la autoridad.
Actualmente Nuevo León, Jalisco y Ciudad de México son entidades que sin necesidad de la vía legal ya cuentan con presupuesto para la diversidad.
