Guanajuato. El secretario de Gobierno de Guanajuato, Jorge Daniel Jiménez Lona, afirmó que todos los homicidios de mujeres serán investigados bajo el protocolo de feminicidio. Sin embargo, reconoció que el Congreso local analiza la posibilidad de simplificar el tipo penal, ya que la Fiscalía estatal enfrenta dificultades para acreditar estos casos.
“Es un tema que tendría que revisar el Congreso de Guanajuato. El tipo penal es complejo y difícil de acreditar, por lo que se ha solicitado su simplificación. De nada sirve si no se puede acreditar, y ese es un trabajo que corresponde al Congreso”, señaló.
De enero a octubre de este año, se reportaron 304 homicidios dolosos de mujeres en Guanajuato, pero únicamente 14 han sido clasificados como feminicidios. Esto posiciona a la entidad en primer lugar nacional en este delito, que representa la forma más extrema de violencia de género.
El pasado 25 de septiembre, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim) emitió la Alerta de Violencia de Género (AVG) para 17 municipios de Guanajuato. La declaratoria incluye 40 recomendaciones puntuales dirigidas al Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y a la Fiscalía estatal, con el objetivo de combatir el aumento de asesinatos y desapariciones de mujeres.
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En el informe mensual sobre las acciones derivadas de la AVG, Itzel Balderas, directora del Instituto para las Mujeres de Guanajuato, destacó la presentación de una iniciativa para conformar una Unidad de Atención de Género y la creación de Tribunales Mixtos de Justicia para Mujeres.
Balderas reconoció que la implementación de la declaratoria será un proceso largo que requiere múltiples etapas, pero que visibiliza la brecha de desigualdad entre hombres y mujeres en el estado.
“Es un proceso complejo porque muchas mujeres no se percatan de que están siendo violentadas, ni de los mecanismos disponibles para atender estas situaciones”, indicó.
En cuanto al servicio público, señaló la necesidad de fortalecer los perfiles de quienes trabajan en estos temas. Explicó que, aunque las alcaldesas y alcaldes han hecho un esfuerzo por designar a las personas encargadas de estas tareas, es necesario avanzar en su capacitación y certificación en derechos humanos.
Por su parte, el secretario de Gobierno reconoció las limitaciones técnicas y presupuestales de algunos municipios para implementar las acciones recomendadas.
“El reto es mayúsculo. Muchos municipios cuentan con capital humano escaso y limitado, pero el compromiso es trabajar en los temas señalados. Este no es un trabajo exclusivo de los institutos municipales de la mujer, sino de todo el Ayuntamiento, incluyendo áreas como Seguridad Pública y Desarrollo Urbano”, afirmó.
El funcionario enfatizó la importancia de la colaboración entre dependencias y destacó que algunos municipios, como León, han definido claramente sus áreas de trabajo, pero enfrentan la carga adicional de atender las recomendaciones de la AVG sin descuidar sus tareas diarias.
Finalmente, mencionó que en los próximos meses se presentarán informes detallados en los municipios que forman parte de la declaratoria para evaluar los avances logrados.
