León Gto. En un esfuerzo conjunto entre asociaciones civiles y entidades gubernamentales de Guanajuato, se reveló la eficacia de la educación emocional como catalizador para la formación en derechos humanos en niños y adolescentes.
En el marco de esta investigación, liderada principalmente por la asociación civil Nima, se presentaron los hallazgos donde se identificó cuatro ejes fundamentales para abordar las necesidades de la infancia y la adolescencia, proponiendo soluciones concretas para garantizar sus derechos.
Entre los ejes destacados se encuentra la formación de niños y niñas como sujetos de derechos activos, la promoción de su participación en los ámbitos familiares y comunitarios, el fortalecimiento de redes sociales entre infancias y adolescencias, mujeres y comunidades, y la respuesta diligente ante violaciones a los derechos humanos.
Ahí se presumió que este enfoque integral también ha sido respaldado por investigaciones locales en Guanajuato, que enfatizan la importancia de abordar estas temáticas desde distintos frentes. Desde el impulso de estudios específicos sobre derechos humanos hasta la mejora del entorno educativo y el desarrollo de competencias socioemocionales, se busca garantizar un acompañamiento efectivo a las nuevas generaciones.
Sara Pineda, integrante del colectivo Desde Abajo, enfatizó la relevancia de estas iniciativas, especialmente en contextos de vulnerabilidad como los barrios periféricos. Señaló que la precarización de la educación en estos entornos aumenta la vulnerabilidad de los niños y adolescentes, exacerbando la violencia y la marginación social.
“Las mamás y los papás no tienen tiempo para estar con las niñas, niños, por las jornadas tan pesadas que tiene y rifarse para llegar la comida a la mesa. Entonces en este ejercicio lo que nos permite es visualizar el mapa completo de corresponsabilidades que existen en esta condición de tienen las niñas y los niños de abandono”, dijo Sara.
Asimismo, hizo hincapié en que la responsabilidad de garantizar una educación en derechos humanos no recae únicamente en los padres, sino también en el Estado y en las empresas que contribuyen a la precarización de las condiciones familiares.
Estos esfuerzos colectivos no solo benefician a la comunidad local, sino que también representan un paso significativo hacia la construcción de una sociedad más justa y equitativa en todo el país.
