Europa. La exigencia internacional hacia el Estado Mexicano para esclarecer y castigar el asesinato del integrante de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP) en Guanajuato, Javier Barajas Piña, ahora llegó de parte de los Jefes de Misión de las Embajadas de los Estados Miembros de la Unión Europea en México, así como los Embajadores de Noruega y de Suiza.
Javier Barajas Piña fue ejecutado el 29 de mayo de 2021 en Salvatierra. Él se integró a la CEBP luego de que su hermana fuera víctima de desaparición forzada el 29 de febrero de 2020 y de que él localizara sus restos en una fosa clandestina.
“Como familiar de una víctima de desaparición, el Sr. Barajas Piña era una persona defensora de derechos humanos y su asesinato por desconocidos, después de integrarse a la Comisión Estatal de Búsqueda, es aún más deplorable”.
Por lo anterior, resaltaron como de suma importancia que las personas integrantes y colaboradoras de las Comisiones de Búsqueda en todo el país puedan continuar su trabajo libre de amenazas y sin riesgo para su integrad física.
“Expresamos nuestras condolencias y nuestra profunda solidaridad con la familia y amigos de la víctima. La muerte del Sr. Barajas Piña demuestra una vez más el preocupante grado de violencia e intimidación al que se enfrentan muchas personas defensoras de derechos humanos en México”, señalaron.
Resaltaron su preocupación por la falta de resultados en las investigaciones abiertas para esclarecer casos anteriores de asesinatos de personas defensoras de derechos humanos en México.
“Reiteramos nuestro llamamiento a las Autoridades mexicanas competentes para que desplieguen todos los esfuerzos posibles y lleven a cabo una investigación expedita y transparente con el fin de identificar y juzgar a los responsables para que no haya ‘zonas de silencio’ donde ninguna persona defensora se atreva a trabajar”.
Advirtieron que ante la alarmante reincidencia de agresiones contra personas defensoras en México, las autoridades competentes deben hacer uso de todos los medios a su alcance para garantizar la protección de todas las personas defensoras de derechos humanos en México.
