Guanajuato, Gto. Guanajuato es la única entidad del país que todavía no aprueba una Ley de Víctimas, en armonización con la legislación federal, por lo que organizaciones de la sociedad civil hicieron un llamado a los diputados locales para que hagan las adecuaciones al marco legal.
El Observatorio Ciudadano sobre los Derechos de las Víctimas publicaron un comunicado en el que destacan que Guanajuato es la única entidad que no ha hecho las modificaciones legales, aunque fue desde el 2013 cuando se aprobó la Ley General de Víctimas.
El documento está firmado por organizaciones civiles, representantes de colectivos de familiares de personas desaparecidos, integrantes de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos y expertos.
El comunicado lo dirigieron al presidente de la Mesa Directiva, el perredista Isidoro Bazaldúa Lugo, pero con copia para quienes integran la Junta de Gobierno y Coordinación Política.
En el pronunciamiento se resume que la Ley General de Víctimas surgió como resultado de acciones sociales, jurídicas y políticas, así como de acciones directas de resistencia civil no violenta impulsadas por las propias víctimas, sus familiares y las organizaciones civiles frente a la situación de violencia y violaciones a los derechos humanos que se vivía en el país, lo anterior con el fin de convertir a las personas víctimas en sujetos de derechos, y con ello garantizar su debida protección y acceso a la justicia.
Con esta Ley, se estableció un conjunto de medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas, individuales y colectivas, en beneficio de las víctimas, que posibiliten el goce efectivo de un amplio catálogo tales como los derechos a la verdad, la justicia, la reparación integral y garantías de no repetición y que además considere el derecho que tienen a la ayuda, atención y asistencia, avanzando hacia el reconocimiento y garantía de un conjunto amplio de derechos de las víctimas, reconociendo, en igualdad de condiciones, tanto a las víctimas del delito como a las de violaciones de derechos humanos.
El séptimo transitorio de la Ley General de Víctimas establecía un plazo de 180 días naturales para que los Congresos Locales armonizarán todos los ordenamientos locales, pero en Guanajuato siguen sin cumplir aunque ya pasaron seis años.
