León, Gto. La organizaciones ciudadanas que organizaron el Foro Abierto de Entrevistas a las Personas Aspirantes a Ombudsperson del Estado de Guanajuato, denunciaron el hackeo que sufrieron dentro del desarrollo del evento y lamentaron la ausencia de cinco de los ocho participantes en el proceso.
Recalcaron que el evento que se realizó el 11 de diciembre, se centró en tratar de solventar, al menos en parte, las deficiencias del procedimiento diseñado por el Congreso de Guanajuato, con un diálogo frontal, respetuoso y abierto con las personas aspirantes.
“Lamentamos que únicamente tres de las ocho personas aspirantes hayan accedido a participar del ejercicio (…) Varias de las personas postulantes manifestaron durante sus comparecencias en el Congreso del Estado que, de resultar electas para el encargo, tendrían la aspiración de acercarse”, recalcaron.
Por ello, cuestionaron por qué no iniciaron con esa cercanía y manifestaron su voluntad de trabajar desde antes de ser designadas.
También lamentaron la decisión de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, de no facilitar sus instalaciones para poder desarrollar el foro, institución a la que se acercaron para el desahogo de las entrevistas en aras de legitimar el espacio y demostrar la apertura que debería tener la institución.
“Nos resultó extraño haber recibido respuesta con dos días de anterioridad al desarrollo del foro consistente en que por la premura del tiempo era imposible facilitar el espacio”.
Sobre el ataque cibernético, explicaron que durante la primera media hora del evento, entraron a la conversación digital personas no identificadas que intentaron entorpecer la dinámica de las entrevistas, presentando videos con volumen alto y mensajes violentos con connotaciones sexistas en el chat.
“El hackeo además secuestró las cuentas de personas organizadoras, mismas que publicaron involuntariamente consignas violentas (…) después de varios intentos de ataques, decidimos controlar el acceso al espacio, resultando desgraciadamente en afectaciones irreparables a la dinámica original planteada”.
Las organizaciones convocantes son Acción Colectiva Socioambiental, Amicus DH, Centro de Desarrollo Indígena Loyola, Chicas BiLess León, el colectivo Agenda Ambiental Irapuato, el colectivo Libertad de Expresión Guanajuato y NIMA Centro de promoción de los derechos humanos de Niños Niñas y Adolescentes en Guanajuato.
En un pronunciamiento público que entregarán directamente al Congreso del Estado, indicaron los requisitos mínimos que esperan del desempeño de quien vaya resultar titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato hasta 2024:
• Que sea una verdadera relatora de la situación que guardan los derechos humanos en el estado, mediante el contacto directo con comunidades, poblaciones y personas víctimas de violaciones a sus derechos humanos.
• Una auténtica defensora de los derechos humanos desde una visión crítica e imparcial capaz de investigar las violaciones que se presenten en el estado.
• Que ejerza todas las facultades que la ley le otorga y se involucre en el trabajo legislativo, en el diseño de políticas públicas y en el litigio estratégico frente a los tribunales de justicia.
• Garantice la transparencia de los procesos y utilice los medios de comunicación más adecuados a los contextos particulares de las poblaciones diversas de la entidad.
“Estaremos haciendo llegar lo anteriormente manifestado al Congreso del Estado con miras a que puedan ser incorporadas, tanto en futuros procesos de designación de personas titulares de organismos autónomos, como en la decisión de elección de la terna del próximo lunes 14 de diciembre de 2020”.
Sub rayaron que en el proceso se excluyó la participación activa de la sociedad civil, por lo que dijeron tener la certeza son las colectivas y activistas, que trabajan a diario con las poblaciones afectadas en sus derechos humanos, quienes mejor conocen las particularidades del estado que guardan los derechos humanos en Guanajuato.
“Nuestra participación en el diseño e implementación del mecanismo de selección hubiese brindado la garantía de contar con un procedimiento transparente, abierto y acorde a tiempos actuales que demandan el involucramiento activo de la sociedad civil en cualquier proceso democrático”.
Señalaron que la sociedad civil organizada debe de dejar de ser percibida como una amenaza a los poderes fácticos y comenzar a ser vista como una salida para la construcción de regímenes democráticos sustentables.
Sostuvieron que los diputadas y diputados tuvieron que haber anticipado con suficiente tiempo de antelación, que en noviembre del presente año se terminaba el periodo de la administración de José Raúl Montero de Alba como Procurador de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, para tomar las previsiones necesarias.
“Por tanto, aún cuando es de conocimiento público que José Raúl Montero de Alba desistió de postular a un segundo periodo al frente de la institución, esto no resulta excusa suficiente para la ejecución de un proceso de designación acelerado y atropellado”.
Agregaron que desde su perspectiva, abrir por únicamente ocho días hábiles el periodo de postulaciones es sumamente restrictivo para dar trámite a candidaturas sólidas y con el suficiente respaldo social; “máxime cuando éstas debían ser presentadas físicamente en el contexto de pandemia que vivimos actualmente”.
Advirtieron que el formato de entrevistas con una duración de 20 minutos por cada persona aspirante, no permite conocer la formación, perspectivas y potencialidades de quienes postularon, ni mucho menos permite formular las preguntas críticas que les pudieran poner a prueba.
