Salamanca, Gto. Con tortura, golpes e incluso abuso sexual, es como alrededor de 20 agentes ministeriales de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Procuraduría General de Justicia de Guanajuato, a cargo del Procurador de Justicia Carlos Zamarripa Aguirre, intentaron obligar a tres hombres a autoinculparse por la desaparición forzada de siete personas en la comunidad de Cerro Gordo.
A esta conclusión llegó la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (Pdheg) tras hacer una revisión a una denuncia interpuesta por los tres hombres en el año 2016, y que quedó asentada en el expediente 236/16-A.
Las tres víctimas de tortura fueron detenidas por elementos de la Policía Ministerial, y se les señalaba presuntamente por ser responsables de secuestrar a siete personas, cuyo paradero, a 2 años y 5 meses, todavía es incierto.
La revisión hecha por la Pdheg ya derivó en varias recomendaciones hechas de manera directa a Carlos Zamarripa Aguirre, titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado, funcionario que aspira a ser ratificado con un ‘pase automático’ para ser el próximo Fiscal General durante los próximos 9 años.
Tortura para autoinculparse
El 19 de agosto de 2016, Israel Ramírez, Saúl Arce Ramírez, Óscar García, Mario Ramírez, Juan Paulino Miranda, Julio César García y Víctor Manuel Gallardo fueron ‘levantados’ de una vulcanizadora en la que se encontraban, ubicada en la comunidad de Cerro Gordo en Salamanca.
El 22 de agosto familiares y amigos bloquearon la carretera federal de cuota a unos metros de la caseta de Cerro Gordo, exigiendo les regresan vivos a sus familiares. El caso puso la atención de los ciudadanos sobre la Procuraduría General de Justicia del Estado.
Apenas unos días después de la privación de la libertad de las siete personas, el 5 de septiembre de 2016, entre las 5 y 6 de la tarde llegaron alrededor de 20 policías ministeriales armados para detener a tres personas, a quienes acusaban de ser los responsables de los hechos cometidos en la comunidad de Cerro Gordo.
Amagándolos y golpeándolos, los sacaron de su casa, en un paraje los golpearon porque no respondían o no ‘confesaban’ donde tenían a las siete personas secuestradas en Salamanca. Les dieron descargas eléctricas en sus genitales, uno de ellos fue víctima de abuso sexual, y a los otros les metieron alfileres en las uñas, después los grabaron e hicieron que firmaran una hoja en blanco.
Estos tres hombres denunciaron los actos de tortura ante la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato. En los relatos que dieron a la autoridad y de los cuales tiene copia Zona Franca, se puede leer lo siguiente:
“Me forzaron a que dijera que el xxx, xxx, xxx, eran líderes de un grupo delictivo y yo formaba parte de él, lo tuve que decir por la tortura psicológica y física. Querían que dijera que nosotros habíamos levantado a los siete desaparecidos de Salamanca, eso no lo dije”, relató uno de ellos.
La narración de las víctimas de tortura también mencionaba que los agentes ministeriales les exigían que dijeran que los cuerpos de las siete personas habían sido dejados en un paraje; luego los tres hombres fueron trasladados a un edificio en Irapuato, los metieron a una celda y los obligaron a firmar hojas en blanco. Las personas que los torturaban portaban uniforme con las siglas AIC (Agencia de Investigación Criminal).
Una segunda víctima relató que uno de estos sujetos, encapuchado y con arma de fuego, los otros vestidos de civiles, entraron a su casa hasta el cuarto donde se encontraba él con su esposa, en la casa se encontraban también sus hijas y su madre, le taparon la cara y se lo llevaron “ya te llevó la chingada cabrón” y comenzaron a golpearlo mientras le preguntaban por los desaparecidos de Salamanca.
“Trajeron a mi hijo ante mí y lo empezaron a golpear, mientras me exigían que aceptara que yo había mandando a xxx y a su yerno a ese levantón”, al negarse le vertieron agua en el rostro provocando sensación de asfixia.
Los regresaron al edificio en el municipio de Irapuato y ahí les dijeron que los dejarían libres a los tres, una vez más los subieron a una camioneta, ellos pidieron los dejaran en la Central de Autobuses, pero les informaron que los llevarían a San Felipe.
La tercera víctima señaló que los sacaron de la casa y que comenzaron a golpear a su padre, se los llevaron a una camioneta. Los agentes ministeriales amenazaban con asesinar a parte de la familia “si no decía quién se los llevó (a los 7 desaparecidos)”.
La respuesta de la Procuraduría General de Justicia
Ante la queja de las tres víctimas por la torturan violación, María Alejandra Licea, coordinadora del área de Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia informó que los agentes ministeriales “Juan Aguirre Casas y Nicolás Ernesto Zavala Vázquez dieron cumplimiento a una orden de aprehensión pero que fue de manera voluntaria que las víctimas acudieron”.
Por su parte, Elizabeth Durán, directora general jurídica de la Procuraduría General de Justicia del Estado, informó que el traslado de las víctimas fue a las 21:00 horas sobre la carretera San Felipe-Silao-Irapuato-Salamanca hasta llegar al ministerio público de Salamanca, lugar donde se recabaron las entrevistas y al terminarlas, los regresaron a su domicilio. “Se presentaron en calidad de testigos, motivo por el cual no se realizó valoración médica”.
Estas declaraciones fueron hechas por los representantes de la PGJE ante el requerimiento de la Procuraduría de los Derechos Humanos.
Por su parte los dos agentes ministeriales Juan Aguirre y Nicolás Ernesto Zavala, “negaron los hechos dolidos por los quejosos, dijeron haber sido los únicos participantes de la presentación. Los quejosos aceptaron voluntariamente acompañarlos a rendir su declaración”.
Las recomendaciones
La queja presentada por las víctimas de tortura en 2016, fue analizada y finalmente, el 7 de marzo de 2018 derivó en dos recomendaciones al procurador General de Justicia del Estado, Carlos Zamarripa Aguirre. Las recomendaciones son las siguientes:
PRIMERA.- Esta Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, emite Recomendación al Procurador General de Justicia del Estado, maestro Carlos Zamarripa Aguirre, para el efecto de que gire sus instrucciones a quien corresponda con el propósito de que se inicie procedimiento disciplinario en contra de los elementos de Policía Ministerial, Juan Aguirre Casas y Nicolás Ernesto Zavala Vázquez, respecto de la Violación del Derecho a la Integridad Personal que se dolieron XXXXX, XXXXX y XXXXX, así como el resto de elementos de policía ministerial que coadyuvaron con la actuación reprochada; lo anterior de conformidad con los argumentos expuestos en el caso concreto de la presente resolución.
SEGUNDA.- Esta Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado, emite Recomendación al Procurador General de Justicia del Estado, maestro Carlos Zamarripa Aguirre, para que instruya a quien legalmente corresponda, a efecto de que dentro del menor plazo posible, se concluya la investigación y se determine lo legalmente conducente dentro de la carpeta de investigación XXXXX, ello a efecto de garantizar el derecho humano al acceso a la justicia de XXXXX, XXXXX y XXXXX.
El documento emitido por la Pdheg señala que los agentes ministeriales “soslayaron los deberes que como servidores públicos están obligados a observar durante el desempeño de sus funciones”, pues realizaron actos de lastimaron la integridad de las víctimas de tortura.
La Procuraduría de los Derechos Humanos informó que estas recomendaciones dirigidas a Carlos Zamarripa Aguirre fueron aceptadas, la primera se cumplimentó en diciembre de 2018 y la segunda continúa en trámite.
