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lunes, abril 12, 2021

Reprochan impunidad por omisiones de la Fiscalía, familias de trabajadores de Sapal fallecidos

León, Gto. A cuatro meses de la muerte de cinco trabajadores del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (Sapal), en el Módulo de Desbaste, las familias de los jóvenes siguen buscando justicia y piden la destitución del director Enrique de Haro y de su presidente Jorge Ramírez.

En rueda de prensa miembros de la agrupación Acción Colectiva, familiares de los jóvenes fallecidos, su abogado y el experto en ciencias forenses, Enrique Pérez Ramos, evidenciaron las inconsistencias en la investigación del caso, en particular las periciales que no se practicaron siguiendo protocolos.

Durante varias horas expusieron que la paramunicipal, el Gobierno municipal de León y la Fiscalía General del Estado han dilatado el caso.

El 13 de noviembre de 2020 fallecieron Víctor Ricardo Briseño Rangel, José Salvador Afanador Martínez, Alberto de Jesús Silva Zúñiga, Omar Ignacio Martínez Flores y Juan Antonio Méndez Rivera, trabajadores del Sapal, quienes realizaban labores de mantenimiento en el Módulo de Desbaste, en el que se tratan las aguas residuales de las empresas de la industria curtidora.

Víctor Briseño, padre de Ricardo Briseño Rangel, señaló que murieron cinco personas y el caso no se ha tomado en serio, pues fue un chofer quien realizó pruebas de peritaje. Incluso, externó que el día del accidente empleados de Sapal se preocuparon para que las familias firmaran y no se esclarecieron el caso.

De hecho, el familiar refirió que le dieron la ropa de su hijo y luego la tuvo que llevar para que se integrará a la investigación.

“Sapal no cumple con sus protocolos de seguridad, pero en estos dos meses sí lo han hecho y esto es como no lo hicieron en muchos años, pero por qué las autoridades no se han tomado una foto en el lugar del accidente”.

Víctor Briseño comentó que solo le dieron su finiquito, pero le ponen un salario con 200 pesos menos de su sueldo, y le rebajaron 1 mil 500 de los uniformes que portaba en el accidente. Lo que consideró parece una burla.

Expuso que cinco días antes, Ricardo había alertado que las tuberías estaban a punto de romperse por el ácido sulfúrico.

Por su parte, Enrique Pérez Ramos detalló que en este momento es difícil tener información de los cadáveres porque fueron mal manipulados y se contaminaron. Se conoce de la intoxicación, pero no que sustancia le ocasionó.

Comentó que se hizo mal el embalaje de los cuerpos y también faltaron hojas en el expediente, entre otros errores técnicos que dificultan la impartición de justicia.

El abogado de los familiares de los jóvenes dijo que preparan una queja ante el órgano de control interno de la Fiscalía, y se sabe que la causa de la muerte es la intoxicación y solo se busca saber cuáles fueron las sustancias.

Gustavo Lozano, miembro de Acción Colectiva, dijo que las fallas de la Fiscalía también son responsabilidad y se tomarán medidas al respecto, ante los médicos legistas.

“Lo que no puede seguir ocurriendo es que las autoridades de todos los niveles sigan cómodamente en su escritorio trabajando, y seguir cómodamente en sus espacios”.

Recordó que la serie de irregularidades con las que ha operado la planta de tratamiento y el módulo de desbaste; anunció que ampliarán sus denuncias ante Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), para ofrecer toda la información disponible sobre los hechos ocurridos el 13 de noviembre, así tendrán conocimiento de actos u omisiones que pudieran constituir delitos.

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