San Miguel Allende Gto. Litigantes en el caso de Leonardo Reyes Cayente acusan dilación en las diversas instituciones procuradoras de justicia y de derechos humanos del Estado, lo que violenta el derecho a una justicia, pronta y expedita, entre otros más.
Los abogados Juan José Padierna Salazar y Mikhail Antonio Ornelas Rodríguez, mismos que en conjunto con otros defensores, llevan el caso como asesores jurídicos de la familia teniendo como representante de la misma a Guadalupe Cayente Moreno madre del joven migrante sanmiguelense abatido a manos de elementos de la Fuerzas de Seguridad Pública en el Estado (FSPE).
El hecho ocurrido el pasado 13 de diciembre del 2018, sobre el camino que conduce a la comunidad Corralejo de Abajo, perteneciente a este municipio lugar de origen del joven quien en esas fechas había venido de los Estados Unidos a pasar unos días con su familia.
Lo oficiales justificaron su muerte con un presunto ataque hacia ellos por parte del joven, versión que contrasta con la forma de vida que el joven practicaba, así como las actividades laborales que el joven desempeñaba en los Estados Unidos con su padre y hermanos además de las referencias de los habitantes de la comunidad donde era originario y de sus compañeros trabajadores en los Estados Unidos.
Complementándolo con lo vertido por cinco testigos presenciales el día de los hechos, donde han señalado el montaje que en tiempo y espacio hicieron los policías para avalar su hecho.
En entrevista para este medio los litigantes señalaron una serie de trabas y demoras por lo demás inexplicables, que han acontecido sobre este hecho mismo que ha tenido resonancia nacional e internacional sobre todo en el país vecino de los Estados Unidos donde la comunidad migrante ha exigido justicia en diversos foros para el joven quien era residente en ese país.
A escasos días que se cumplan ya cinco meses de la muerte de Leo, los litigantes infieren que la Fiscalía del Estado, si bien ha abierto una carpeta de investigación sobre el hecho donde se han aportado diversas pruebas sobre el caso, este no ha sido judicializado, y se ha visto una ineficiente y lenta investigación además de anómala en diversos rubros por parte del Ministerio Público.
Señalaron que se está ante una situación donde el Estado es juez y parte ya que quien está involucrada en los hechos es la Secretaria de Seguridad Pública del Estado siendo investigada por otra institución estatal como lo es la actual Fiscalía de Guanajuato.
Por ende, los litigantes siguen esperando una respuesta oficial de parte de la Fiscalía General de la República, una vez que ellos, mediante oficio y fundamentados en principios legales desde los últimos días de enero de este año, hicieron saber la necesidad de que la Federación atraiga el caso de Leonardo, dada las características propias del mismo, hasta estos momentos ellos no han recibido una contestación de parte de la institución procuradora de justicia a nivel federal.
Si bien la senadora Malú Micher declaró recientemente que ella había recibido un comunicado por parte de la Fiscalía General donde refieren que no pueden atraer tal situación, más los abogados desconocen de qué forma fue solicitada por parte de la senadora admitiendo ellos que solicitaron el apoyo de la política, más desconocen los mecanismos de los cuales se sirvió, y entienden que puede ser restituidos algunos elementos para que por medio de su intermediación se continúe con el objetivo.
Precisan que independiente de eso, están esperando que por ley, le llegue una respuesta a la madre de Leo, ya que es ella quien firmó la solicitud de atracción, declarando que siguen insistiendo que la petición se realice por tener los elementos legales.
Infieren también la sobrada dilación de la Procuraduría de los Derechos Humanos en el Estado ya que días atrás los abogados recibieron por parte de la agente que coordinaba la investigación de los hechos, que esto había finiquitado y que todo el informe había sido entregado al titular de la dependencia, Raúl Alba Montero.
El mismo procurador ya ha declarado públicamente sobre la finalización de la investigación, más oficialmente no ha pronunciado más sobre el tema hasta estos días y es el quien deberá precisar si emite una recomendación o la omite.
Señalaron los entrevistados que se está al pendiente que el procurador se manifieste, debido al tiempo que se tiene tras la finalización de la investigación, dependiendo de las respuesta del procurador, los litigantes actuarán en consecuencia.
En referencia también sobre las declaraciones públicas hechas por Juan Hernández titular de la Secretaría del Migrante en el Estado, que refirió que desde un inicio del suceso se había mantenido una comunicación constante con la familia además de brindarles apoyos en especie para coadyuvar en diversos gastos, los abogados declaran que la madre de Leo desmiente esos acercamientos.
Ella y su familia conocieron al secretario en el consulado en Dallas cuando se manifestaron ante el gobernador, Diego Sinhue Rodríguez y fue hasta principios de abril cuando recibieron un único apoyo en especie por parte de la Secretaría del Migrante.
Los litigantes, públicamente exigen a las diferentes dependencias que ya actúen y que le den continuidad a este caso y que no pongan más elementos de demora.
Agradecieron también la solidaridad para con la familia de diversas organizaciones y activistas en pro de los derechos humanos y de los migrantes que siguen permanentemente este caso.
Ahora sólo esperan la solución por parte de las autoridades que se han mantenido omisas ante la clara violación de principios de justicia y de derechos humanos.
Desestima SMEI reclamos de familiares de Leo
Los reclamos de los familiares de Leonardo Reyes Cayente, no han encontrado eco en la Secretaría del Migrante y Enlace Internacional, que encabeza Juan Hernández, quien asegura que desde que ocurrió el hecho donde murió Leo, el pasado diciembre, se brindó apoyo, aunque la familia asegura lo contrario.
Desde aquel 12 de diciembre, cuando Leo murió presuntamente a manos de elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE), la familia comenzó una incansable lucha para que se haga justicia.
Entre sus denuncias, está la falta de apoyo que recibieron de la Secretaría del Migrante, pues aseguran que la dependencia no actuó sino hasta que Juan Hernández fue encarado en Texas, Estados Unidos, durante la visita del gobernador, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.
Ante el reclamo, el secretario sostuvo que no pasaron más de 48 horas desde que ocurrieron los hechos, cuando se buscó a la familia para ofrecer apoyo humanitario.
“Yo entiendo que es gente que está sufriendo, no sé cómo estaría yo si hubiera perdido un hijo en una situación tan horrible. Los buscamos de inmediato, no pasaron ni 48 horas, cuando supimos que había sucedido ya estábamos buscándolos”.
En entrevista, dijo que inmediatamente que se contactaron con Guadalupe Cayente, la mamá de Leo, se le ofreció ayuda para trasladar el cuerpo y para los gastos funerarios, “ellos tardaron un tiempo en aceptar la ayuda, la ofrecimos en varias ocasiones luego la aceptaron”.
Cuestionado sobre los señalamientos de la familia por la falta de atención por parte de la Secretaría del Migrante, el titular insistió en que sus declaraciones han sido por el sufrimiento que causó la muerte del joven migrante.
“Yo lo entiendo que ellos están sufriendo, pero aquí en la Secretaría somos conocidos porque tenemos las 24 horas los teléfonos y nos dedicamos a atender a migrantes o familias que están sufriendo”.
De acuerdo con datos proporcionados por el área de atención de la Secretaría de Migrante, fue el lunes 17 de diciembre, cinco días después de los hechos, cuando contactaron a la mamá de Leo en su casa, y la citaron para el otro día, 18 de diciembre, en las oficinas de la dependencia en Celaya, a donde la señora Guadalupe Cayente llegó para escuchar el apoyo que recibiría por gastos funerarios.
El 7 de enero la madre de Leo, regresó a las oficinas de la Secretaría para presentar todas las facturas de los gastos, que ascendieron a 25 mil pesos, apoyo económico que recibió el 3 de abril.
De hecho se informó, que también se le ofreció entrar al programa de proyectos productivos, pero al momento la familia no ha manifestado su interés.
