Guanajuato. Para el coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe, Juan Martín Pérez García, las víctimas del delito de corrupción de menores en México se enfrentan a una impunidad general del 97 por ciento, además de que en los estados se utiliza para ocultar o maquillar otros delitos más graves que derivan en la violencia sexual.
Expuso que, si bien se tiene un incremento constante en carpetas de investigación por este delito, se tiene que tener presente el concepto jurídico o corrupción de niñas y niños, que ejercen personas adultas en contextos familiares, también que son poco denunciados, así como el tipo penal que se ha convertido en una puerta trasera para maquillar violencia o abuso sexual.
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Tres de cada cuatro víctimas de corrupción de menores son mujeres, dentro de un universo de casos que han incrementado hasta en un 62 por ciento en los últimos cinco años en Guanajuato.
De acuerdo a organizaciones de la sociedad civil como Unidos contra la Trata, a menudo es utilizado para ocultar el incremento de casos de trata humana.
“Son actos generalmente ocurren en espacios familiares o en espacios privados. Tenemos un bajo registro pese a ello porque se oculta bajo el secreto familiar o que el agresor generalmente hombre, tiene dominio sobre la víctima y tercero es un tipo penal que permite evadir otros tipos penales más contundentes con otras formas de violencia”.
Destacó que pese a estas condiciones tan críticas, se sigue incrementando paulatinamente el registro y se tuvo un incremento del más del 30 por ciento después de la pandemia.
“Recordemos que el confinamiento permitió entonces que las niñas estuvieran más expuestas con sus agresores y esto pues obviamente se tradujo en más carpetas de investigación pero lamentablemente todos estos delitos vinculados a la violencia sexual o sus expresiones tienen el 97 por ciento de impunidad”.
Por lo anterior, puntualizó que debe de llamar la atención cómo se revictimiza a las niñas víctimas, tanto en las fiscalías como en el sistema judicial, pues siguen siendo profundamente machistas y socialmente están normalizado las agresiones de todo tipo contra las niñas y mujeres jóvenes.
“Tenemos que tener presente que es un conjunto de delitos que nunca van solos. La corrupción de menores se refiere fundamentalmente a que una persona adulta abusa de su poder y expone a los niños, y en este caso a las niñas, a información o contextos que corresponde, por ejemplo, al consumo de sustancias o exhibición de pornografía”.
Sostuvo que en un enfoque de derechos de infancia y de violencia de género no se puede considerar que exista consentimiento de una adolescente frente al poder adulto, desafortunadamente el matrimonio infantil aún sigue siendo una realidad en el país. En el caso específico de Guanajuato ya está prohibido e incluso la Suprema Corte de Justicia lo ratificó.
“Esta violencia institucional que tienen las niñas frente a los delitos vinculados a violencia, sexual de personas adultas contra ellas. Precisamente ante las omisiones que tienen las autoridades para prevenir, informar y sancionar efectivamente estos hechos”, sentenció.
De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp), el gobierno de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, recibió el estado con un índice de 188 víctimas en 2018. Desde entonces la cifra ha crecido sin freno, al grado de llegar a las 497 al corte de noviembre de 2023.
