Guanajuato. El origen de la violencia extrema contra niñas y niños, comienza con una crianza que aplica el castigo corporal y escala a la desaparición, homicidio y feminicidio. Así lo señaló Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red Nacional por los Derechos de la Infancia en México (Redim).
En 2020, les fue arrebatada la vida a 371 menores de edad en Guanajuato, 299 eran varones y 72 mujeres. También se reportaron en la entidad 266 menores desaparecidos y no localizados, de estos 48.5 por ciento son niños y 47.7 por ciento son niñas, según datos del Secretariado Ejecutivos del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
“Vemos que la violencia es cada vez más extrema, no sólo es causar lesiones y daños sino llevar a niñas y niños víctimas de lesiones en los hospitales, entonces eso cruza con otro tema muy sensible.Las pautas de crianza sobre las que estamos construidos, están basadas en la violencia aun y cuando se logró la prohibición del castigo corporal las familias siguen recurriendo a la violencia con fines educativos, pero además, más extrema esta violencia que puede llegar aL asesinato de los padres a sus hijos”, expuso Pérez García.
Alertó que las maneras de las agresiones van a ir creciendo y, en el caso de Guanajuato, hay una saturación para la población de los hechos de violencia.
Según cifras de la organización en 2020 han sido atendidos en hospitales del país 15 mil 455 niñas, niños y adolescentes por violencia física, psicológica, sexual, económica, o por violencia, negligencia y abandono. De estos casos, 4 mil 476 correspondieron a violencia sexual, de los cuales el 92.8 por ciento tuvieron como víctima una niña o mujer adolescente.
“No solamente es el hecho de matar a alguien sino que exhiben el cuerpo, hay como una lógica de barbarie que va interiorizando en toda la población esa normalización que después, cuando suceden hechos en del ámbito de lo familiar, que no están vinculadoS directamente con el crimen, se nota que han permeado en nuestras prácticas esas formas de entender y de valernos”.
Explicó que cuando los padres no pueden cumplir con la tarea de protección, corresponde a las autoridades a nivel federal, estatal y municipal ser la representación jurídica del niño o la niña, y al mismo tiempo garantizar lo mejor para ellos.
“Es muy buena idea pero no tiene asidero en la práctica tradicional del DIF, porque entre que tienen poco recurso y están más cerca los procesos electorales generando votos, y por eso vemos con tanta frecuencia estas historias tan duras y con todo tipo de delitos y violencia en casa, desapariciones, homicidios, feminicidios”, concluyó.
