Irapuato, Gto. Por violar el derecho al trabajo, el trato digno y la no descriminación, el alcalde, Ricardo Ortiz Gutiérrez y el síndico, Jaime Antonio Morales Viveros tendrían que ofrecer una disculpa pública a una funcionaria. Aparentemente, se trata de la juez Administrativa, Sandra Baeza.
Con esta recomendación, la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PRODHEG) resolvió el expediente de queja 40/20-B.
De los siete hechos violatorios a sus derechos humanos considerados por la funcionaria, la
Procuraduría sólo se pronunció en las declaraciones hechas por el munícipe y el síndico, que se desprenden, según lo declarado por la servidora pública, del hecho de que haya promovido medios de impugnación, al no ser ratificada en el cargo por el Ayuntamiento de
Irapuato.
Con base en las notas periodísticas, la Procuraduría determinó que tanto el munícipe como el síndico incurrieron en violaciones a los derechos humanos de la quejosa.
“En la nota intitulada “XXXXX”, el Segundo Síndico del Ayuntamiento de Irapuato, Jaime Morales Viveros, dijo que la Quejosa ha permanecido en el cargo de XXXXX por XXXXX, los cuales “le parece que son suficientes” y antepone el “derecho del ciudadano a tener una XXXXX adecuada”.
Por su parte, el presidente municipal de Irapuato, en la nota “ XXXXX”, alegó que quisieron “darle una salida digna, decorosa” no argumentando las situaciones que la ley señala, además calificó como “poco ético, el que haya en un momento dado primero aceptado y luego negado irse”, expresiones en las que está Prodheg aprecia animadversión por parte de la autoridad, pues consideró que la quejosa ya había“trabajado suficiente” por espacio aproximado de XXXXX como XXXXX, lo cual no garantiza adecuadamente el derecho de la ciudadanía a “tener una XXXX adecuada”.
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En su informe, el alcalde declaró que en ningún momento realizó declaración, comentario o
manifestación que haya atentado contra la dignidad de la quejosa, ni actos de intimidación
que tuvieran como objetivo que ella ejerciera sus derechos ante tribunales, tales como señalamientos de corrupción o enriquecimiento ilícito.
Reconoció haber mencionado que la quejosa se mantuvo en el cargo durante 17 años, lo que argumentó era de conocimiento público, pero negó haber formulado juicio de valor alguno respecto a su desempeño.
Ortiz Gutiérrez también expuso que la remoción de la funcionaria era un asunto de carácter político.
Por su parte, el síndico negó haber hecho algún comentario o manifestación de carácter público, que haya atentado contra la dignidad de la quejosa e incluso dijo que no fue entrevistado con respecto a una nota periodística.
Sin embargo en el documento emitido por la Prodheg, la servidora pública habría citado otros seis hechos que consideró violatorios a sus derechos humanos: no ratificar su cargo y medios de impugnación; una auditoría de la Contraloría Municipal, que el alcalde y síndicos negaron haber ordenado; la renuncia de una persona, que Ricardo Ortiz y Jaime Morales dijeron desconocer; el bloqueo del equipo de cómputo y la reducción de las partidas asignadas al área de la que estaba a cargo, ambos temas no acreditados por la Procuraduría y una denuncia en contra de la funcionaria ante el Ministerio Público.
El 15 de julio pasado, en sesión de Ayuntamiento Extraordinaria y por unanimidad de votos se resolvió acatar la resolución del juicio de amparo indirecto promovido por Sandra Baeza, quien permanece en el Juzgado Administrativo Municipal.
Y es que en enero del 2020, cuando con excepción de los regidores del PRI, Karen Guerra y Gerardo Padilla, pero sí con doce votos a favor, se aprobó la no ratificación de la funcionaria, que ha permanecido 17 años en el cargo.
