Guanajuato, Gto. A través de una notificación que les llegó a las casas de sus familias, fue que siete integrantes de Movimiento Colmena, se enteraron de que fueron demandados por “daños a edificios públicos y bienes con valor artístico e histórico”, por la Universidad de Guanajuato.
El delito, tipificado en el artículo 210 del Código Penal para el Estado de Guanajuato, es investigado por la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Alto Impacto.
La Unidad de Comunicación Social y Enlace de la Universidad, confirmó que fue la propia casa de estudios quien promovió la demanda.
Y es que en septiembre de 2023, Movimiento Colmena (autoproclamando como un movimiento horizontal), tomó la oficina de Rectoría General, interviniendo también en las paredes del edificio y denunciando opacidad en el proceso de renovación de Rectoría.
Aunque en el pliego petitorio que firmó la rectora, Claudia Susana Gómez López, se comprometió a que no habría consecuencias académicas ni jurídicas en contra de ninguno de los integrantes del Movimiento, así como a preservar algunas de las intervenciones (“las tomo como un recordatorio de no volver a caer en esto”, expresó en ese momento la rectora); los murales y pintas fueron removidos por otros universitarios en diciembre de 2023. Este 15 de febrero de 2024, Rodrigo, Ignacio, Desiree, Frida, Alonso, Valeria y Armando fueron demandados por los actos.
En rueda de prensa a la que convocaron los estudiantes, rechazaron ser responsables de cualquier delito, acusaron que se trata de persecución política por parte la UG y condenaron que la rectora haya faltado a su palabra.
“Ninguno de nosotros estaba enterado de lo que iba a pasar, ni que la Universidad fuera a ser capaz de hacernos estos señalamientos”.
A donde les llegó el citatorio fue a las casas de sus padres. En el documento se lee que se les imputa por “delito de alto impacto”.
“Sabemos que delito de alto impacto conlleva corrupción, trata de personas, crimen organizado, entre otros. Mis papás me preguntan si maté a alguien, si secuestré a alguien. Les dije que lo único que hice fue ejercer mi derecho a la libre expresión”, relató Valeria, a quien primero le llega el citatorio.
La pena por dicho delito, mencionan, puede ser de 5 a 7 años de cárcel.
El 30 de abril, deberá acudir a una audiencia ante un Juez de Control. Los alumnos confirman que ya preparan su defensa legal.
Al respecto, la UG comentó:
“Por respeto al debido proceso no podemos brindar ninguna información para no entorpecer la investigación que lleva la Fiscalía del Estado. Las partes que deben ser enteradas ya fueron notificadas por la autoridad judicial. Hay asuntos que trascienden del ámbito de la competencia de las autoridades universitarias. La Universidad de Guanajuato, como siempre, será respetuosa de los procedimientos y de las instituciones en un marco de respeto de los derechos humanos”.
