Guanajuato. En 2019, la Secretaría de Turismo emitió un apoyo de 2 millones de pesos al Colegio de Abogados de León para la realización del segundo Congreso de Derecho, desde entonces la comprobación de la utilización de dichos recursos permanece oculta.
Así lo denunció la Asociación de Abogados Independientes de Guanajuato, al dar a conocer la Sentencia de Amparo en Revisión, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, por medio del cual se ordena al gobierno estatal a requerir que se acredite la aplicación de recursos públicos que fueron entregados.
El abogado y activista, Roberto Saucedo Pimentel, expuso que el 10 de abril de 2023 se solicitó por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia conocer el convenio con el que se sustentó dicho apoyo. Fueron 2 millones 320 mil pesos a fondo perdido, pero no hay material de comprobación sobre el gasto de ese dinero.
El litigante señaló directamente al excandidato de Morena y Movimiento Ciudadano, Marcelino Trejo Ortiz, pues este dirigía el Colegio de Abogados además de buena parte de la organización del evento para el que se cobró una entrada de 700 pesos para estudiante y 900 para los asistentes en general.
“No fue gratuito y nos interesa saber en qué se aplicó el objeto del convenio (…) el colegio se comprometió a demostrar en que se gastó este dinero, yo quería saber, efectivamente, cómo se lo habían gastado y en que se lo habían gastado entonces empieza el problema con el Gobierno del Estado”.
Expuso que la Secretaría de Turismo transparentó la factura del dinero que recibió el colegio, pero no entregó los documentos de los cuales se aplicaron o gastaron estos dos millones.
“No sobró ni un peso. No hubo ninguna devolución de remanente, entonces gastaron todo el dinero, pero yo lo que pedía es que me dijeran si se gastaron en un hotel, en un ponente tanto, en un coffee break… es el detalle que yo estaba pidiendo y me lo negaron y conforme con esta decisión acudimos al Instituto de Acceso a la Información Pública (Iacip)”.
Por medio del recurso de revisión 508/2023, el Iacip confirmó la respuesta del Gobierno del Estado al declarar que cumplió con su obligación de transparencia al entregar la factura del propio colegio y justificó la no entrega del detalle del gasto final, pues el gobierno “es todo lo que tiene y es todo lo que puede entregar”.
“Esta es la inconformidad contra el Iacip porque derivado del propio convenio, el Gobierno del Estado debería de tener ese comprobante del gasto final entonces nos fuimos al juicio de amparo y llamamos a la Secretaría de Turismo como tercer interesado y pedimos nuevamente el comprobante final del gasto”.
Saucedo Pimentel detalló que el Colegio de Abogados se enteró por medio del propio gobierno que había un juicio de amparo y a partir de ahí notaron el intento de opacidad del propio colegio.
“El colegio empieza a impugnar y dice ‘pido la nulidad de todo lo actuado porque yo debía haber sido llamado y el incidente resuelto’… le dijeron que no. La propia justicia federal se lo desechó y finalmente se obtuvo la sentencia”.
De esta manera, del juicio 823/2023 se concedió el amparo solicitado, para que el Pleno del Iacip prescinda de considerar que la Secretaría de Turismo del Gobierno de Guanajuato atendió debidamente lo solicitado y se vincule para proporcionar la documentación que le fue requerida y con la cual debe contar.
“En el multicitado convenio (Sectur) acordó con el Colegio de Abogados de León, asociación civil, que éste debía justificar la aplicación de los recursos con los documentos correspondientes. De ahí que se trata de documentos con los que sí debe contar”, resalta la sentencia.
Incluso señalaron que el propio convenio advierte que el Colegio de Abogados debía conservar esa documentación en original para cualquier aclaración, lo que significa que el sujeto obligado sí está en posibilidades de recabar la información solicitada.
“En virtud de lo anterior, resulta innecesario determinar si el Colegio de Abogados de León, asociación civil, es un sujeto obligado o no, porque la petición se hizo a la Secretaría de Turismo, que sí es un sujeto obligado y sí está en posibilidad de obtener y dar a conocer la documentación”.
También declararon infundado el recurso de revisión interpuesto por Víctor Manuel Sánchez Quiroz, actual presidente del Colegio de Abogados de León.
