Dolores Hidalgo, Gto. En septiembre de 2010, Caja Progresa dejó de pagar el dinero a sus socios ahorradores, desde entonces fueron muchos años de lucha a fin de encontrar los mecanismos administrativos y legales que pudieran generar una reparación al daño financiero y patrimonial de los socios.
En julio de 2014, y después de cuatro años de buscar el apoyo federal y estatal, y de pagar servicios de asesoría, se inician las denuncias penales.
Dos años más tarde, en febrero de 2016, llega FIPAGO, un fideicomiso de protección a los ahorradores, y al revisar los expedientes tanto de Caja Progresa como la documentación de las personas ahorradoras, verifica que no le es posible generar el trámite y aplicar los fondos del Fideicomiso como rescate a los defraudados; dado que las firmas facsímil y la doble contabilidad eran inconsistencias para llevar a cabo dicha gestión.
En abril de 2016, inicia el juicio penal, el cual duro tres años y el 30 de agosto de 2019 la C. Lidia Arvizu ex directora de la Caja Progresa es vinculada a proceso penal por el delito de administración fraudulenta en contra de los ahorradores de Caja Progresa. La sentencia fue por 10 años de prisión.
Cuatro años más tarde y en medio de una situación de COVID-19 que ha ralentizado las gestiones, se inicia un concurso mercantil que permitirá que el todo el trabajo de los 10 años anteriores por fin llegue a un feliz término. El regreso de FIPAGO para liquidar los adeudos.
“Deseamos que en pocos meses se reconozca la lucha y el esfuerzo para cientos de Dolorenses que no han dejado de buscar justicia ante el fraude de Caja Progresa.” Señalo Mary Carmen Soria
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