León, Gto. La Red Estatal de Centros de Rehabilitación Unidos del Bajío (CRUB), denunció una serie de irregularidades en torno a la muerte de Jonathan Osiel Osornio Martínez, adolescente de 14 años que falleció en el Anexo La Derrota, ubicado en la colonia San Nicolás.
Nicolás Pérez Ponce, representante de CRUB, calificó el caso como “muy triste y lamentable” y advirtió que no puede repetirse una situación así.
“No sabemos si fueron los del centro o los policías que lo detuvieron, pero hubo muchas irregularidades; incluso querían desaparecer evidencia de la supuesta golpiza que le metieron al muchacho”, declaró.
El menor fue detenido por la Policía Municipal el pasado 16 de abril y entregado, según la familia, sin su consentimiento, a la Procuraduría Auxiliar de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes (PAPNNA).
Fue hasta el 3 de mayo cuando les notificaron su muerte, presuntamente por suicidio, sin embargo, su cuerpo presentaba signos de violencia, lo que generó dudas y exigencias de justicia por parte de los familiares.
Pérez Ponce cuestionó el papel del gobierno municipal y los mecanismos con los que se decide internar a menores sin red familiar cercana.
“Cuando no hay familia, el DIF debería intervenir y buscar lugares que realmente salvaguarden la integridad del menor. Pero lo que hace el gobierno es buscar lugares como estos, que a veces ni experiencia ni corazón tienen”, criticó.
Aunque La Derrota cuenta con permisos para operar, el líder de CRUB aseguró que eso no garantiza un tratamiento adecuado.
“Con dinero cualquiera puede obtener un permiso. Nos han quedado claras las situaciones tan fuertes que han pasado en centros que están regulados. Esto ya es un negociazo, y hay gente de gobierno que está involucrada”.
También cuestionó que las autoridades hayan argumentado no poder localizar a los familiares del menor.
“Nosotros recogemos gente de la calle y de otros estados y damos con la familia. No entiendo por qué no hallaban a los padres si el menor es del mismo municipio”.
Actualmente, la red CRUB no trabaja con menores de edad, pero debido a la alta demanda, evalúan abrir un centro especializado.
“La situación es muy crítica. Ya no es un cigarro o una copa: los menores van directo al cristal. Muchos son víctimas del abandono familiar o del crimen organizado”, alertó.
Finalmente, señaló que los centros de rehabilitación deben seguir protocolos claros: entrevista de ingreso, expediente clínico y toma de fotografías si hay lesiones.
“No es nada más recibir a los usuarios por recibirlos. Debe haber un protocolo para su recuperación. Quien investiga este caso tiene que decir claramente cómo lo recibió”, concluyó.
