Guanajuato, Gto. Ante las amenazas que han recibido integrantes de colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, la Fiscalía General del Estado (FGE) debe implementar los protocolos necesarios para su protección, coincidieron diputados locales.
En días pasados, José Gutiérrez Cruz y Janet Miranda, representantes del colectivo “Sembrando Comunidad” de Irapuato, fueron amenazados de muerte luego de una marcha en la ciudad de León; ambos optaron por salir del estado.
Tras ello, el gobernador, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo aseguró que ya había instruido al secretario de Gobierno, Luis Ernesto Ayala Torres para que se tomaran medidas al respecto, sin embargo, el viernes pasado en una reunión con diputados, los familiares de personas desaparecidos señalaron que no se les había dado respaldo por ninguna autoridad.
Hay mecanismos de protección y deben aplicarse: PAN
La diputada del PAN, Libia Denisse García Muñoz Ledo, señaló que ya existen mecanismos establecidos para la protección de personas de derechos humanos, por lo que la Fiscalía debe aplicarlos.
Apuntó que dentro de las acciones que tendrá que implementar el Ministerio Público es dar seguridad a las personas cuando la requieran y proteger el lugar donde se encuentran, “a efecto de que no puedan ser localizados ante una amenaza”.
“Sí creo que hay medidas que se pueden tomar desde la parte de la procuración de justicia a efectos de que ellos estén primero tranquilos, seguros y que puedan seguir ejerciendo con toda tranquilidad esta importante labor que llevan a cabo, es muy importante que la Fiscalía genere los mecanismos de protección a las personas defensoras de derechos humanos”.
No hay confianza en autoridades: Morena
La legisladora de Morena, Magdalena Rosales Cruz denunció que existe una gran desconfianza por parte de los familiares de desaparecidos con las autoridades encargadas de la seguridad, ya que han hecho caso omiso a sus peticiones.
Señaló que, pese a que ya existen denunciar formales sobre amenazas a activistas, hasta el momento no s ha actuado para proteger la integridad de las víctimas y por ello prefieren salir del estado.
Rosales Cruz manifestó que el Congreso tiene la obligación de exhortar a la Fiscalía a que vigile y garantice la seguridad de los activistas y de los familiares que integran los colectivos de búsqueda.
“Estas amenazas deberían ser atendidas por la Fiscalía y deberían ser cuidados, resguardados por la autoridad correspondiente, y sin embargo no vemos que esto suceda de manera efectiva, hemos tenido casos de que tienen amenazas y esto debería resolverlo la Fiscalía”.
Debe FGE generar política pública: PRI
Por su parte, el coordinar de la bancada del PRI, José Huerta Aboytes comentó que la FGE tiene que aplicar alguna política pública con la que se blinde a los activistas y defensores de derechos humanos, para que no sean víctimas de amenazas o represalias.
“Me parece que la Fiscalía justamente debe de dar a conocer una política pública que permita el blíndale y la protección de todas estas personas porque son defensoras de gente entristecida, lastimada que no ha encontrado una solución a su problema”.
