Irapuato, Gto. La imposición de un relleno sanitario es una violación a los derechos humanos, por lo que habitantes de la comunidad Aldama buscan llevar su caso al Alto Comisionado de las Naciones Unidas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
Esto, a cinco meses de haber iniciado una lucha jurídica para evitar la construcción de lo que la empresa ‘Promotora Ambiental de la Laguna’ (PASA) denomina como un ´Centro de Aprovechamiento de Residuos Sólidos’ (CARS), pero que en realidad es el cuarto relleno sanitario dentro de un radio de seis kilómetros a la redonda.
Para lograr su cometido, los habitantes han desenmarañado una red de corrupción que involucra Municipio, Estado y Federación, tras promover tres amparos.
El exdelegado y ejidatario de Jaripitio, Alejandro Olmos advierte que un cuarto amparo viene en camino y posiblemente se interponga a principios del 2021
Hasta la tercera semana de diciembre, solo hay una audiencia pendiente, pues la Juez Décimo de Distrito dividió el segundo amparo 620/2020 interpuesto por cuatro mujeres y con el nuevo- 720/2020 – denegó la suspensión definitiva otorgada a finales de noviembre, por lo que se promovió un recurso de queja ante el Colegiado.
Ya antes este mismo juzgado había negado incluso el amparo a las afectada.
Alejandro relata, este segundo amparo responsabiliza al Instituto de Planeación, Estadística y Geografía del Estado de Guanajuato (IPLANEG) y otras dependencias de Gobierno del Estado y el Municipio que facilitaron factibilidad y permisos para el relleno sanitario, que se pretende instalar en 62 hectáreas de la zona conocida como ‘El Varal’, ubicada solo a menos de dos kilómetros de distancia de Aldama y la comunidad Cañada de la Muerte.
192 niños de los poblados en mención, también demandaron un juicio de amparo el 19 de noviembre, para defender su derecho a un ambiente sano y sumarse a la causa que sus padres iniciaron.
El primer amparo se promovió el 29 de septiembre, y para el 8 de octubre, el Juez Noveno de Distrito ordenó la primera suspensión definitiva, resolución que PASA impugnó con el argumento de que Aldama no puede estar por encima de los intereses de la ciudad, detalló el exdelegado.
Con estos recursos legales, los habitantes han planteando que el municipio omitió una consulta pública para un proyecto de rellenos sanitario y además se 4violan tres derechos fundamentales de toda persona: salud, medio ambiente sano.
“No nos consultaron, segundo y muy grave, obviaron todo, que esto es un corredor biológico, a parte de la consulta, tercero, la constitución nos permite un ambiente sano, esta reglamentado y se trataba de un proyecto de alto impacto, porque no es solo la basura de la ciudad es la basura de varias”.
Y es que aparentemente se trata de un relleno sanitario regional, que, de acuerdo con Alejandro Olmos, no solo afectaría a Aldama y Cañada de la Muerte, sino también a San Vicente, Comedero, Comederito y Encino, Nicolases, un total de 30 mil habitantes.
Aldama, una comunidad con 8 mil habitantes es un foco de contaminación a causa de las empresas que se concentran en tres parques industriales: Castro del Río, Smart Park y Vinmsa Guanajuato Industrial Park.
Alejandro Olmos expuso que se trata de un relleno sanitario que se construiría muy cerca de donde nacen tres arroyos: La Coyotera, La Tinajita, y El Varal y/o ‘El Piecito de la Virgen’, que se unen en la parte baja formando el arroyo conocido como ´El Panteón´ que atraviesa la comunidad.
“Y más hacía abajo esta lo que es el arroyo Zarco”.
Pero, además, parte de esta agua y la que baja por la zona serrana, abastece a los a más de 270 pozos artesanos de más de 100 o 200 años. Un riesgo en caso de derrame de lixiviados.
Omisiones, Amenazas, funcionarios que se lavan las manos
Alejandro Olmos relata que el proyecto que comenzó a concretarse en el 2017. PASA quería un terreno de la zona ‘El Varal´, que hasta el 2015 dentro del Plan de Desarrollo era considerada un corredor biológico, de restauración agrícola. Una vez que lo tuvo en la mira, el gestor de la empresa, Edgardo Cabrera Barrón acudió a SEMARNAT, cuyo exdelegado era su hermano, Israel Cabrera Barrón, quién fue el primero en validar el proyecto, al asumir que no se impactaba una zona forestal, por lo que no se requería cambio de uso de suelo.
Detalló, el siguiente paso fue Catalina Razo, directora de Desarrollo Territorial de Irapuato para que buscar la factibilidad del proyecto, a través del IMPLAN.
“Paso algo curioso que estamos por verlo con los abogados. El 20 de diciembre del 2017, la arquitecta Catalina le pide el visto bueno al IMPLAN y ese oficio recibido a la 1:53 de la tarde del mismo 20 de diciembre le dieron la factibilidad de uso de suelo al IMPLAN, ese mismo día, las ventanillas, cierran a las tres, ya lo tenían preparado; pero el oficio de recibido del IMPLAN aparece con fecha del 21 de diciembre”, dijo.
Ya con la factibilidad, la empresa habría adquirido el terreno a particulares en marzo del 2018, dos meses más tarde obtuvieron su uso de suelo, con el que tramitaron su estudio de Impacto Ambiental en Ecología, donde se volvió a omitir que impactarían un corredor biológico, de restauración agrícola.
Para el 2019, IPLANEG cambia el uso de suelo del ‘El Varal’, pero de acuerdo con el exdelegado la Unidad de Gestión Ambiental (UGA) 3005 refiere que no debe haber un relleno sanitario.
Precisó que, aunque el alcalde, Ricardo Ortiz haya hecho la petición a IPLANEG para que se conserve el uso de suelo agrícola, como se lo hizo saber en septiembre, el munícipe no tiene la facultad, razón por la que han pedido que se vote en sesión de Ayuntamiento.
“El uso de suelo municipal tiene que ir empatado con el estatal quiere decir que aquí permanece como corredor biológico, pero en el Estatal dice otra cosa, en el Estatal dice que es servicios y que no hay impacto, en el nuevo plan estatal aparece la hoja 402, que pueden hacer esto aquí”.
En su momento Cabrera Barrón negó trafico de influencias, y atribuyó la responsabilidad al Instituto Estatal de Ecología.
Llegar a este punto no fue fácil para los habitantes, que se enfrentaron a una serie de evasivas.
“Empezamos acercarnos a ellos como autoridad, y empezaron a negarnos la información, que no había nada, y que era cuestión de Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial (SMAOT), incluido la arquitecta Catalina Razo (directora de Desarrollo Territorial) que dijo no se ha dado ningún permiso de uso de suelo cuando ya estaban todos otorgados”, señaló.
Alejandro Olmos expuso, su hermana Virginia incluso la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) para la que se desplazaron a la SMAOT, sin éxito alguno.
“Nuestras autoridades debieron habernos protegido, pero son los que nos están afectando. Llevamos la cuestión de los abogados, estamos litigando y hasta entonces empezó a llegar la información, cuando llegamos a los Juzgados Federales” .
Así llegó una MIA a sus manos plegada de errores declaró el afectado.
Previó a esto, hubo tres manifestaciones, la tercera una marcha en la carretera federal, que terminó en Castro del Río.
Ya le habían advertido al alcalde, que, de no frenar el proyecto, bloquearían la carretera, y en respuesta ese 8 de agosto, recibieron una amenaza:
“No me amenacen, no voy a tolerar actos de indisciplina, si me bloquean me los llevo, que quede muy claro”.
Y es que fue la primera vez que los habitantes confrontaron al alcalde, ante la ola de rumores que circulaba en redes sociales a mediados de año.
PASA no se ha acercado a los habitantes, y aunque Zona Franca buscó entrevistarse con el gerente general, César de la Rosa Barajas, el personal de Seguridad de las oficinas ubicadas sobre la carretera Irapuato- Abasolo, negó todo tipo de contacto o comunicación con el incluso con el personal administrativo del área.
