Irapuato, Gto. El contralor, Guillermo Patiño Barragán señaló no iniciará investigación sobre los permisos otorgados a la empresa ‘Promotora Ambiental de la Laguna’ (PASA) para el cambio de uso de suelo, que precedió a la construcción del relleno sanitario en Aldama, hasta contar una queja de los afectados o en su defecto haya una resolución de un Tribunal.
Y es que, explicó en el caso se ventiló por una vía jurisdiccional.
“Si existe un uso de suelo condicionado por parte del Municipio, existe y yo lo tengo pero les comenté (a los habitantes) de que ellos habían tomado la decisión de ventilarlo por una vía jurisdiccional y para no crearles una falsa expectativa pues yo me iba a esperar a que ellos acudieran directamente a decirme: investiga por qué fueron este uso de suelo condicionado o esperar a que el tribunal federal emita su resolución, es decir, si les concede el amparo definitiva va hacer un razonamiento jurídico- legal exhaustivo, dónde se les va decir esto se otorgó de manera legal o no fue correcto”.
Dijo que además nunca se echó andar el relleno sanitario, pues solo se emitieron documentos.
El funcionario detalló no hay un pronunciamiento de la Juez de Distrito, un Tribunal de Justicia Administrativa o el propio Tribunal Administrativo Municipal.
“Si cualquiera de esas dos estancias determina que estuvo mal otorgado pues yo entró, ahorita es una suposición y se requiere un respaldo más específico dónde una autoridad diga estuvo mal dado (el permiso)”.
Insistió que hasta el momento, los habitantes de Aldama solo presuponen pero no son autoridades competentes para descalificar.
Patiño Barragán destacó que su única intervención en el tema fue a petición del alcalde, Ricardo Ortiz Gutiérrez, pues los habitantes se quejaban de no entregarles una documental relacionada con el relleno sanitario.
“Ya quedé a disposición de ellos para poder ayudarlos y ver si efectivamente se estaba tratando de un bloqueo intencional por parte de algún servidor público para que no les dieran la documentación que estaban pidiendo”.
No obstante, el contralor señaló que los habitantes requerían documental procedente del Estado y la Federación.
“La ley a nosotros nos prohíbe que si un documento que nosotros tenemos a resguardo, que no ha sido generado por la propia instancia no se puede entregar ni vía acceso a la información, les dije que esa documentación yo no sé las podía conseguir”.
A lo anterior añadió que esa documentación que sería usada para emprender acciones legales, serían pruebas ilícitas
