El complejo de condominios Inlet House de Fort Pierce, Florida, fue alguna vez el tipo de lugar con el que sueñan las personas mayores de 55 años.
Una hermosa piscina, césped bien mantenido. Se llega caminando a la playa y hay un banco, una peluquería, un cine y un supermercado. Era un sitio ideal para las personas de cierta edad, con ingresos mensuales fijos.
Eso era antes de que las ratas comenzasen a aparecer en los baños de unidades abandonadas y de que empezase a filtrarse agua sucia de los techos.
Antes de que departamentos que costaban 79 mil dólares hace tres años se vendiesen por 3 mil dólares.
Y antes de que la asociación de propietarios de departamentos fijase una contribución especial obligatoria de 6 mil dólares e iniciasen la ejecución de hipotecas si alguien no puede pagar, por más que no deba un centavo al banco.
Normalmente, son los bancos los que ejecutan las hipotecas de los morosos.
Pero en comunidades gobernadas por poderosas asociaciones de propietarios, a medida que aumenta la cantidad de gente que no puede pagar sus obligaciones como consecuencia de la crisis económica, son los vecinos los que se convierten en enemigos de los morosos.
“La junta directiva está tratando de deshacerse de la gente que no puede pagar”, afirmó Mike Silvestri, un hombre de 75 años que dejó de pagar los gastos comunes del Inlet House en protesta por lo que considera cargos especiales innecesarios y demasiado altos.
Él y otros sostienen que hay formas más baratas de combatir las ratas y filtraciones de agua. “Están embaucando a gente anciana. Soy viejo, pero no estoy senil”, expresó.
En el pasado, las asociaciones de propietarios se hicieron famosas por regular todo, desde el peso de los perros hasta el comportamiento de la gente (una dispuso multas para las personas que se besen en el estacionamiento).
Mucha gente hoy tiene deudas hipotecarias que son mayores que el valor actual de la propiedad. Algunas personas que se quedaron sin trabajo no pueden pagar sus cuentas.
A otras se le redujeron sus ingresos. Esa gente dejó de pagar sus mensualidades a la asociación.
En respuesta, las juntas suspenden los servicios, tratan de quedarse con dinero de sus sueldos y cortan los servicios de cable. Les retiran los pases para la piscina y se les impide el ingreso al salón del billar.
“Lo peligroso es que las asociaciones están actuando como el gobierno, sin límites, y tienen un extraordinario poder”, manifestó Marjorie Murray, abogada y fundadora del Center for California Homeowner Association Law.
Hoy, uno de casa cinco propietarios de viviendas en Estados Unidos está sujeto al mandato de las asociaciones, cuyas juntas gobiernan 24.4 millones de viviendas. Más del 80% de las viviendas nuevas en Estados Unidos se encuentran en comunidades con asociaciones.
Y de las 300 mil asociaciones de propietarios de la nación, más de la mitad enfrentan “problemas financieros graves”, según un estudio difundido en septiembre pasado por el Community Association Institute.
Un informe de octubre halló que el 65% de las asociaciones de propietarios tienen tasas de morosidad de más del 5%.
Las asociaciones fijan las reglas que gobiernan sus comunidades: Los pagos por los gastos comunes representan entre 200 y 500 dólares y cubren servicios que normalmente están en manos de las municipalidades, como arreglo de calles, de luces y de sistemas de desagüe.
Si una asociación se queda sin dinero, puede disponer cargos adicionales para situaciones excepcionales. Si un propietario no paga, se obliga a los demás a hacerlo.
El incremento en la morosidad se produce a medida que los bancos se hacen cargo de viviendas con ejecuciones hipotecarias y las residencias quedan vacías.
Cuantas más residencias quedan vacantes, más dinero deben pagar los residentes de los complejos.
En el pasado, las asociaciones rara vez forzaban una ejecución hipotecaria.
Pero hoy, alentadas por abogados y consultores, apelan con frecuencia a esa medida si alguien se retrasa más de 60 días en sus pagos, según Evan McKenzie, ex abogado de una asociación que ahora enseña ciencias políticas en la Universidad de Illinois.
El gobierno no lleva la cuenta de qué tan seguido las asociaciones acuden a ejecuciones hipotecarias.
La gente generalmente no sabe que cuando adquiere una propiedad en estos complejos, se expone a que la asociación de propietarios inicie trámites de ejecución hipotecaria si se retrasan en los pagos, incluso si los atrasos involucran apenas unos pocos cientos de dólares.
Lo único que tiene que hacer la asociación es pedirle a un abogado que inicie un trámite de embargo preventivo.
La vivienda puede entonces ser rematada por la junta hasta que el banco se haga cargo de la propiedad. Los dueños de las viviendas generalmente no tienen derecho a una vista judicial.
“Funcionan como una república bananera”, dijo McKenzie.
Con información de agencias.
