Ciudad de México, (SinEmbargo). De al menos 1 mil 140 investigaciones por ataques a la prensa y libertad de expresión, en ocho años sólo se han obtenido 10 sentencias condenatorias, menos del 1 por ciento, lo que evidencia que en México “no hay justicia y las autoridades practican un protocolo de impunidad en las agresiones contra periodistas”, revela el informe “Protocolo de la Impunidad en Delitos contra Periodistas”, de la organización Artículo 19.
“El Estado mexicano ha incumplido sus obligaciones no sólo de prevención y protección para la labor periodística, sino también en procuración e impartición de justicia. Las investigaciones carecen de eficiencia, exhaustividad e imparcialidad; pero además las Fiscalías o Procuradurías se encargan en un primer momento de desacreditar u omitir la labor periodística de la víctima, criminalizarla o estigmatizarla, y en ocasiones, filtrar información contenida en los expedientes de manera tendenciosa y revictimizante”, destacó la organización civil en su estudio.
El documento, que revela un índice de impunidad de 99.13 por ciento en las agresiones contra la prensa, fue presentado hoy por Leopoldo Maldonado, subdirector de la asociación Artículo 19, con la participación de los periodistas Pedro Canché, encarcelado injustamente en 2014; Alejandro Páez Varela, director de SinEmbargo; Alejandra Rodríguez y Aldo Sotelo y Jorge Sánchez, periodista e hijo de Moisés Sánchez, periodista asesinado en 2015.
El estudio presenta un análisis cualitativo de seis casos representativos de la violencia contra periodistas en México, desde agresiones físicas, detenciones arbitrarias, hostigamiento y amenazas, hasta la fabricación de delito y proceso penal, tortura, desaparición y homicidio u ejecución; los cuales, además, “comparten un patrón de impunidad, explicó Leopoldo Maldonado.
“La impunidad es la constante, es la regla”, recalcó Leopoldo Maldonado Durante la presentación del documento.
Leopoldo Maldonado destacó que es necesario que el nuevo Gobierno muestre voluntad política para revertir la tendencia de violencia y ataques contra la prensa.
“Necesitamos que haya sobre la mesa voluntad política porque de instituciones ya estamos hasta el gorro, necesitamos que el déficit de cumplimiento de las instituciones sea revertido”, dijo.
El activista señaló que la administración de Andrés Manuel López Obrador no ha dado muestras claras sobre su postura en relación al tema pues hasta el momento sólo se ha visto una posición ambivalente que por un lado da disculpas a familiares de víctimas y por otro lado estigmatiza a la prensa.
IMPUNIDAD DE 99 POR CIENTO
El nivel de impunidad en los ataques contra la prensa se posiciona en un 99.13 por ciento por la ineficiencia de las autoridades, recalca el documento. Los primeros obstáculos para acceder a la justicia son justo en investigaciones ministeriales, destaca.
Las indagatorias omiten diligencias importantes, descartan “a priori” la línea de investigación relacionada con la actividad periodística de las víctimas y se genera una “narrativa estigmatizante que afirma motivos personales (amorosos, problemas con vecinos, drogas, etc.) en los delitos cometidos, asumiendo con ello ‘verdades históricas’, ejemplifica.
Desde el año 2010 a diciembre de 2018 se iniciaron 1 mil 140 investigaciones en la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contras la Libertad de Expresión (Feadle), pero sólo se han consignado 183 carpetas [163, en el sistema penal inquisitivo y 23 en el nivel sistema acusatorio, que entró en vigor en 2016], es decir, sólo el 16.3 por ciento de las denuncias recibidas por la Feadle han sido judicializadas.
Además, del total de investigaciones iniciadas, se han obtenido 10 sentencias condenatorias, lo que representa que en sólo 0.87 de las investigaciones se arribó a una sentencia contra algún responsable de los delitos.
48 PERIODISTAS ASESINADOS CON EPN
“México continúa enfrentando un contexto de graves violaciones a los derechos humanos y niveles críticos de violencia en donde se encuentra desdibujada la frontera entre autoridades y grupos criminales y de índices de impunidad casi absolutos”, recalca Artículo 19.
Al menos 123 periodistas han sido asesinados en el país desde el año 2000 hasta la fecha: 48 en el sexenio del Presidente panista de Felipe Calderón, 47 en la administración del priista Enrique Peña Nieto, y 3 en menos de los cien días del Gobierno Andrés Manuel López Obrador, de Morena. Además 24 periodistas continúan desaparecidos desde el año 2003 hasta la fecha.
Uno de los aspectos que preocupa a los periodistas y organizaciones civiles es el ejercicio de la facultad de atracción de la Feadle, el cual califican como “sumamente arbitrario y poco claro”.
De acuerdo a Artículo 19, de los 123 asesinatos a periodistas, la Feadle registra 89 casos de 2010 a 2018, de los cuales en 44 no encontró relación con la labor periodística de la víctima, y en 45 sí la encontró. De estos últimos 45 casos, 31 continúan en trámite, mientras que sólo 4 se han consignado o judicializado.
“A reserva de saber las razones puntuales por las que en 44 casos no encontró relación con el ejercicio periodístico,y si están plenamente justificadas y acreditadas, del total de 89 homicidios registrados en ese periodo, habría una efectividad de 4.4 por ciento en la consignación de investigaciones por este delito”, detalla el documento.
En cuanto al ejercicio de facultades, la Feadle sólo ha ejercido esta facultad en 57 casos de mayo 2013 a diciembre 2018, lo cual comparado con el total de las 735 investigaciones que inició durante ese periodo, representa un 7.7 por ciento.
Los casos analizados
En el informe especial damos cuenta de esta situación a través del análisis cualitativo de seis casos de periodistas que han sido víctimas de delitos y de violaciones a sus derechos humanos, los cuales han sido acompañados y representados por Artículo 19 en los últimos cinco años:
1. Moisés Sánchez, periodista sustraído de su domicilio el 2 de enero de 2015 y posteriormente asesinado, en Medellín, Veracruz, quien conjugaba su labor informativa con un activismo social en favor de su comunidad.
“El camino para la justicia es un camino empedrado donde hay que luchar contra las autoridades. En México no hay interés de resolver los casos ¿Por qué? no sabemos si por incompetencia o por complicidad”, indicó Jorge Sanchez, hijo de Moisés Sánchez, periodista sustraído de su domicilio el 2 de enero de 2015 y posteriormente asesinado, en Medellín, Veracruz.
Moisés conjugaba su labor informativa con un activismo social en favor de su comunidad. Su hijo destacó que la investigación ha sido negligente porque “aún y teniendo el nombre del autor intelectual no se ha detenido, solo hay otra persona detenida, y dos policías sentenciados. Pero Omar Cruz, ex Alcalde panista de Medellín y presunto autor intelectual del crimen está prófugo.
“La Fiscalía de Veracruz sabe dónde está y hasta hoy lo han protegido”, acusó el familiar esta mañana durante la presentación del informe.
El periodista recalcó que la autoridad del país lamentablemente no está para garantizar justicia y ejemplificó: “Tenemos una Fiscalía que no sirve, que te dice que no vayas a revisar la carpeta de investigación porque no hay avances. ¡a ese nivel de descaro!”, expresó .
Jorge Sánchez destacó que mientras no detengan a los responsables de los ataques a periodistas, “a los funcionarios se le puede hacer muy fácil mandar a asesinar”. Además, recalcó que los familiares de víctimas “no queremos venganza, queremos justicia”.
El joven reportero lanzó un cuestionamiento al nuevo Gobierno en relación hasta donde habrá justicia “¿ El cambio [se administración] es un verdadero cambio de gobierno o solo un cambio de color?”
2. Rubén Espinosa, fotoperiodista asesinado el 31 de julio de 2015 en la Ciudad de México, quien semanas antes se desplazó del estado de Veracruz por actos de hostigamiento y amenazas en su contra.
Patricia Espinosa, hermana de Rubén Espinosa, fotoperiodista asesinado el 31 de julio de 2015 en la Ciudad de México, comentó que su hermano vivió la impunidad por partida doble: en vida y después de su asesinato.
Explicó que antes del asesinato Rubén sufrió de ataques físicos, robo de su equipo y semanas antes se desplazó del estado de Veracruz por actos de hostigamiento y amenazas en su contra.
“Hablar de impunidad es doloroso porque hace evidente la falta de justicia, la falta de interés de las autoridades, de conocimiento y preparación de funcionarios públicos”, expresó la familiar.
Patricia Espinoza recriminó que tanto Miguel Ángel Mancera y funcionarios de su administración, quienes en su momento prometieron investigar el caso, pero no lo cumplieron e incluso, han revictimizado, en lugar de ser sancionados han sido premiados.
Ejemplificó con Miguel Ángel Mancera, quien dejó una administración fuertemente señalada, ahora es Senador; así como Rodolfo Ríos, Edmundo garrido ex procurador, quien mostró el mínimo interés; Marco Antonio Reyes y Daniel Marqués investigador mostró el mínimo interés hizo comentarios dolosos entre ellos que era un caso típico de drogas y prostitución, todos ellos ascendidos de cargo.
3. Pedro Canché, periodista detenido el 30 de agosto de 2014 y encarcelado arbitrariamente durante 9 meses en Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, fabricándole el delito de sabotaje, sólo por cubrir una protesta social.
“Cuando salí de la cárcel todavía sentía que tenía los grilletes en los pies”, narró Pedro Canché.
El periodista dijo que en el país se es víctima por partida doble: “primero de los crimínales, y también de la justicia que abona a la impunidad y le da alas a estos crimínales”.
Canché enfatizó que los asesinatos de periodistas no se detienen y no se se ve que se revierta ese patrón de violencia “y entonces nos preguntamos ¿Quién será el próximo?.
El periodista dijo que aunque el ex Gobernador Roberto Borge está en prisión no hay ningún expediente “ni una letra, punto o coma contra Roberto Borge” porque la Feadle dice que no hay documento que muestre que Borge instruyó el ataque.
Finalmente, Canché llamó al nuevo Gobierno a que atienda más rápido los casos, pues acusó que el Presidente, Andres Manuel López Obrador le ha respondido más rápido a la madre del Joaquin El Chapo Guzmán que a la viuda del periodista Javier Valdez.
4. Alejandra Rodríguez, periodista víctima de agresiones físicas y sexuales, detenida arbitrariamente por policías de la Secretaría de Seguridad Pública del entonces Distrito Federal, el 1° de diciembre de 2013 durante una protesta social en la Ciudad de México.
La periodista Alejandra Rodríguez, recordó las agresiones físicas y sexuales, que sufrió cuando fue detenida arbitrariamente. “El caso sigue en el olvido no he encontrado respuesta, no castigo claro a mis agresores”, expresó.
5. Aldo Sotelo, periodista víctima de agresiones físicas el 14 de diciembre de 2013 en la Ciudad de México, por parte de elementos policiales capitalinos, quienes además lo obligaron a entregar su material fotográfico donde había documentado sus actos arbitrarios e ilegales. “Me toco vivir un episodio que me cambio la vida”, dijo este lunes sobre su caso.
Aldo Sotelo explicó que en su caso las autoridades trataron de desacreditar su testimonio y lesiones.
“Después de un año de certificar mis lesiones, llegó otro médico a decir que no eran lesiones”, relató.
6. SinEmbargo, Artículo 19 también documentó el ataque en 2014 a este medio digital, cuando fue sacado de línea, además de recibir amenazas, intimidaciones y campañas de desprestigio en contra de sus colaboradores.
Alejandro Páez Valera, director de contenidos de SinEmbargo, recordó que en 2014 el portal web de noticias fue atacado, sacado de línea, recibió amenazas, intimidaciones y campañas de desprestigio contra de sus colaboradores, después de que se publicó una fotografía del político priísta Adrian Rubalcava, en la que mostraba un arma y vestido de militar.
El periodista explicó que la investigación de la Comisión Nacional se Seguridad (CNS) logró identificar, por medio de grabaciones telefónicas, que Adrian Rubalcava, actual Alcalde de Cuajimalpa, estuvo detrás de una red que orquestaba ataques cibernéticos y campañas de desprestigio contra diversos medios de comunicación, como Aristegui Noticias y Proceso, sin embargo, el caso fue remitido archivo muerto.
“Hay una autoridad que se encarga de encubrir y hacer que se entorpezca la investigación para que nunca a se dé con los responsables”, señaló el periodista.
Los activistas y periodistas llamaron a las nuevas autoridades, entre otras cuestiones, que las autoridades se abstengan de estigmatizar y descalificar a las víctimas de delito y violaciones a derechos humanos así como no omitir su labor periodística. En este sentido, la línea de investigación relacionada con el periodismo debe ser prioritaria; se debe realizar análisis de contexto sobre la actividad periodística de las víctimas, que conduzca a indicios o datos de prueba para esclarecer los hechos; investigar y juzgar con perspectiva de género e interculturalidad; tratar con respeto y dignidad a las personas víctimas; realizar planes de investigación que brinden una debida conducción y orden en los expedientes.
