Ciudad de México (SinEmbargo). Este viernes entró en vigor un acuerdo de la Secretaría de la Función Pública (SFP) que otorga a Desarrollos de Infraestructura Sustentable Nuevo Chimalhuacán A.C. los derechos para el uso de 150 hectáreas de una zona conocida como “El Moño” o “Los Tlateles”, que colinda con el Circuito Exterior Mexiquense, Texcoco y Chimalhuacán, y es uno de los últimos lugares vacíos en los alrededores.
Para líderes campesinos, quienes por años se han opuesto a la construcción del Nuevo Aeropuerto por la amenaza que representa para las comunidades y la tierra, esta acción federal se traduce en “una burla”.
El miércoles pasado, dos campesinos y activistas opositores al NAICM fueron golpeados por dos sujetos desconocidos que entraron armados a su hogar, ubicado en Tocuila, Texcoco en el Estado de México. Luego de apuntarles con pistolas a Zeferino Ruiz Mendieta y a Sergio Ruiz, los golpearon, les quitaron su dinero y se llevaron las escrituras de sus tierras. Los delincuentes también los acusaron por su actuación en las asambleas ejidales.
Desarrollos de Infraestructura, que fue creada apenas en abril de este año, inició la petición de donación en julio pasado. De acuerdo con lo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), esta organización, que es paramunicipal, manifestó la necesidad de obtener en donación esa parte de tierra para construir un proyecto de “rescate ambiental y desarrollo social, urbano y económico”, al que denominó como Centro Estratégico de Recuperación Ambiental Oriente (CERAO).
En ese acuerdo, la SFP autorizó el uso de suelo de esa zona para comercio, abasto, administración, servicios e industria. La Comisión Nacional del Agua (Conagua) también aprobó la donación, a pesar de que el Estado de México le diera previamente ese espacio para que creara una zona de mitigación en lo que fue el Vaso del Lago de Texcoco.
Dos meses después, Javier Vargas Zempoaltecatl, subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas, y quien dirige la SFP –organismo actualmente acéfalo–, firmó el acuerdo mediante el cual se desincorpora a esas tierras del dominio público de la Federación.
Este acuerdo también le da a Desarrollos de Infraestructura, el 40 por ciento del título oneroso de ese territorio para obtener fondos y “aplicarlos en acciones beneficio colectivo” (sic).
Rosalba Pineda Ramírez, Presidenta ;unicipal de Chimalhuacán, política emanada de la organización antorchista, lideró manifestaciones afuera del Senado de la República; los antorchistas portaban lonas en las que se leía “Trabajo para los chimalhuacanos con el CERAO”.
Pineda Ramírez está en la alcaldía de Chimalhuacán desde 2012, cuando fue suplente de Jesús Tolentino Román Bojórquez, líder de Antorcha Campesina.
“Hoy vemos reflejado el resultado de 16 años de unión, lucha y gestión, logramos que el Gobierno federal nos entregaran 200 hectáreas de terreno para la construcción del Centro de Rehabilitación Ambiental del Oriente (CERAO), el cual albergará el Parque Industrial que dará empleo a 40 mil personas; el edificio de la Universidad Politécnica Chimalhuacán (UPChi) y una unidad deportiva digna para beneficio de todos los futbolistas y deportistas de la región”, anunció la Alcaldesa Rosalba Pineda Ramírez, el pasado 22 de julio, día de la publicación del primer decreto. Esta declaración está guardada en los registros de prensa del portal de Antorcha Campesina.
El acuerdo agrega que la SFP vigilará el estricto cumplimiento del presente.
“Deben favores”, dicen líderes de Atenco
Para Ignacio del Valle Medina, del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), dijo que esta acción está acorde con los intereses que el Gobierno federal ha creado con ciertas empresas y organizaciones, como Antorcha Campesina, “que avala y confabula todos los proyectos del Gobierno que se realizan con mentiras y desinformación dentro de las comunidades”.
Habló de la importancia del territorio cedido por ser un vaso hídrico, necesario en el último lugar libre de la zona. En 1971 ese sitio se reconoció como reserva ecológica y se creó el Plan Lago Texcoco, un proyecto de rescate que lo denominó como una zona protegida y reserva de los pueblos que circundan ahí.
“Hay coraje e impotencia, porque vemos que nos arrebatan la tierra. Esa afectación que harán es, además, expansiva, porque proyecta alrededor de eso zonas habitacionales, de almacenamiento, están los accesos al Aeropuerto [NAICM]. Todo se expandirá a nuestras comunidades y eso es indignante. Ese territorio no es más que perversidad de las políticas convencieras que no tienen nada que ver con la representación y la necesidad de los pueblos. Estamos muy molestos, pero no nos extraña porque han sido capaces de todo”, dijo en entrevista con SinEmbargo.
Ese territorio es la parte más baja de la zona y en caso de lluvias fuertes y constantes, el peligro de severas inundaciones es latente, lo que puede afectar a las comunidades vecinas.
“Es como si el Gobierno federal pudiera hacer ese regalo. ¿A quién consultó? ¿A los pueblos originarios de Chimalhuacán? Esa zona federal es reserva territorial y si fuera un proyecto en beneficio, consultado previamente, sin afectaciones a la naturaleza, no nos opondríamos. Pero hemos tenido que soportar, con impotencia a veces, que se nos adelantan las estrategias de mentira, engaño hacia los pueblos”, agregó.
Al respecto, el dirigente del FPDT, Adán Espinoza Rojas, comentó que las tierras donadas le pertenecen a la zona oriente del Estado de México, el problema que ve es que el Estado ha cambiado las formas y las leyes, mientras los pueblos continúan rigiéndose bajo sus usos y costumbres, “es ahí donde ocurre el despojo”.
Sobre el proceso de dos meses que tardó la SFP en darle las tierras a Antorcha Campesina, Espinoza Rojas sostuvo que quizá el Gobierno “tuvo que pagar algún favor”.
El actuar de la SFP lo describió como un acto alevoso, donde el sistema otorga un terreno que no le corresponde.
Espinoza mencionó una declaración del Secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, realizada en la Cámara de Diputados al respecto de esta donación.
“Él [Ruiz Esparza], de una forma burlona, se puso como un Santo, pegó las manos al pecho y dijo: ‘con todo respeto les pido que nos tengan paciencia, ese terreno es para una zona deportiva y para árboles’. No dijo nada porque no tiene ningún argumento legal que diga que es su terreno. Es una burla en todo momento y si a eso se le suman las agresiones, los despojos y las agresiones, nosotros luchamos con nuestros amparos contra Conagua, el NAICM, decretos, etcétera”, acusó.
