Por Efrén Flores
Ciudad de México, (SinEmbargo).- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó más irregularidades administrativas que económicas en el sector Salud en 2019. Los probables daños al erario público no sobrepasaron los 600 mil pesos; pero las inconsistencias documentales y procesales halladas en la primera entrega de la Cuenta Pública del primer año de Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador indican que el sector Salud tiene problemas en materia de rendición de cuentas y control operativo.
Lo anterior se da en un contexto en que el Gobierno federal ha implementado estrategias para combatir la corrupción dentro de la Secretaría de Salud (SSA) –sobre todo a través de controles de compra de medicamentos y equipo médico– y en que el Congreso de la Unión avaló una reforma para aprobar un Fondo de Salud que reforzará el aumento presupuestario (nueve por ciento real) que recibió el sector Salud en 2020.
Entre las irregularidades detectadas por la Auditoría destacan aquellas vinculadas con la implementación del Programa Nacional de Reconstrucción enfocado a la infraestructura del sector salud afectada por los sismos de septiembre de 2017 y febrero de 2018, que durante 2019 tuvo un presupuesto de 8 mil millones de pesos.
La ASF determinó que la SSA, que es la instancia responsable de efectuar el diseño, la programación, la ejecución y el seguimiento de las acciones y proyectos del programa, “no acreditó la focalización respecto de la entrega de los subsidios a las unidades médicas que no habían sido atendidas o no dispusieron de recursos para atender las afectaciones en su infraestructura”.
El problema radicó en que la SSA no precisó en sus lineamientos la población susceptible a ser apoyada, además de que los mecanismos de distribución, operación y administración de recursos no garantizaron la canalización de los recursos a la población destino, no sirvieron para “evitar una administración costosa y excesiva en la atención de las unidades médicas que resultaron afectadas” y tampoco sirvieron “para evitar duplicidades en el ejercicio y la temporalidad de los recursos entregados”.
En cuanto a la parte operativa de los recursos, la Auditoría indicó que hubo inconsistencias entre el número de unidades médicas a atender (102) y el número de unidades médicas (401) que solicitaron recursos del programa. Ésta situación también implicó anomalías presupuestarias, como las diferencias entre el presupuesto solicitado y aprobado para la atención de las unidades médicas.
Por lo anterior, la Auditoría concluyó que el ejercicio de los recursos y la operación del Programa Nacional de Reconstrucción “se realizó de manera deficiente, inercial y con el mínimo control y seguimiento de sus actividades”, se lee en la auditoría número 2019-0-12100-07-0168-2020 168-DS.
Aparte de las anomalías ligadas al Programa Nacional de Reconstrucción, la Auditoría encontró irregularidades del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (Cenaprece), así como de los institutos de Salud para el Bienestar (Insabi) y Nacional de Pediatría (INP).
En cuanto al programa de Vigilancia Epidemiológica a cargo del Cenaprece, la ASF determinó que hubo probables daños a la Hacienda Pública Federal por 574 mil 245 pesos “por la falta de documentación justificativa que sustente los pagos realizados a cuatro prestadores de servicios por honorarios”, refiere la auditoría 2019-5-12O00-19-0171-2020171-DS.
Para la ASF, con relación a la Vigilancia Epidemiológica, también hubo “deficiencias en la administración y ejercicio de los recursos ministrados e insumos suministrados a las entidades federativas, toda vez que a la fecha de la auditoría (octubre de 2019), 10 de éstas no han registrado la comprobación de recursos ministrados por 3 millones 318 mil 400 pesos en el Sistema de Información para la Administración del Fondo para el Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas”.
Acerca del Insabi y del INP, aunque la Auditoría determinó que cumplieron con las disposiciones legales y normativas con respecto al manejo de recursos del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, no estuvieron exentos de anomalías administrativas, ya que hubo falta de integración de 59 mil 571 beneficiarios de intervenciones públicas, así como falta de formalización de un acta de un convenio modificatorio con la Fundación de Cáncer de Mama, se lee en la auditoría número 2019-5-12U00-19-0175-2020175-DS.
