Ciudad de México, (SinEmbargo).– Emilio Zebadúa, exoficial Mayor de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) que aproximadamente 702 millones de pesos obtenidos a través de la llamada Estafa Maestra se habrían utilizado para financiar la promoción de Miguel Ángel Osorio Chong, extitular de la Secretaría de Gobernación (Segob), rumbo a la elección presidencial de 2018, así como para la campaña por la gubernatura del Estado de México en 2017, la cual arrojó como ganador a Alfredo del Mazo Maza, reveló Reforma.
De acuerdo con la información publicada hoy por el medio, con los recursos también se habrían pagado campañas para promocionar la imagen del expresidente Enrique Peña Nieto y de Rosario Robles Berlanga, quien encabezó ambas secretarías durante su sexenio y actualmente se encuentra presa en el penal de Santa Martha Acatitla por presunto ejercicio indebido del servicio público.
“La mayoría de los convenios fueron utilizados por las áreas de Comunicación Social y la Oficina de la Secretaria para dos fines políticos particulares: (1) campaña de promoción de la figura del Presidente de la República Enrique Peña Nieto, de la figura de la Secretaria María del Rosario Robles Berlanga y del Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en búsqueda de posicionarse para la candidatura Presidencial en 2018; y (2) para contar con recursos para la propaganda y movilización en elecciones estatales, significativamente la del Estado de México en el 2017″, aseguró Zebadúa, según Reforma.
El pasado 12 de agosto de 2019, Rosario Robles, extitular de Sedesol y Sedatu, a su llegada a los juzgados del Reclusorio Sur, para presentarse a la audiencia por las acusaciones por el supuesto desvío de recursos durante su administración.
Asimismo, el hombre más cercano a Robles Berlanga afirmó que el financiamiento fue entregado a empresas subcontratadas por el publicista Juan Carlos Limón, director de consultoría y estrategia política ByPower, la que supuestamente trabajó en las tres campañas personales.
El relato, al que tuvo acceso Reforma, establece que Zebadúa constató que al menos seis veces recibieron y resguardaron “fuertes cantidades de dinero en efectivo” en las oficinas de Robles, para más tarde enviarlo a diversos puntos del Estado de México durante la campaña electoral, a fin de realizar “la compra de votos”.
En el texto firmado por el periodista Abel Barajas, se detalló que el testimonio del exfuncionario,
presentado el pasado 19 de octubre, arrojó que el dinero fue resultado de los contratos que se suscribieron con instituciones educativas de Sonora y Quintana Roo.
Reforma explicó que estas declaraciones fueron dadas por Emilio Zebadúa como parte de la búsqueda del “criterio de oportunidad”, el cual implica “ser testigo colaborador de las investigaciones de la Fiscalía a cambio de la inmunidad legal en la trama de la Estafa Maestra”.
EL CASO ROSARIO ROBLES
En agosto de 2019, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) acusaron a Rosario Robles Berlanga por omisiones que permitieron el desvío de cinco mil 73 millones 358 mil 846 pesos en las secretarías que dirigió en el sexenio de Enrique Peña Nieto.
La Fiscalía y la Auditoría presentaron como pruebas 27 convenios que realizaron las dos secretarías mientras Robles era su titular. Dichos convenios se llevaron a cabo con la Universidad de Morelos; con la Universidad Politécnica de Hidalgo; con la Televisora de Hermosillo; con la Universidad Politécnica de Quintana Roo; con la Universidad de Chiapas; con Radio y Televisión de Hidalgo y con el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social.
Rosario Robles fue Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (2015-2018), Secretaría de Desarrollo Social (2012-2015) y Jefa de Gobierno sustituta del Distrito Federal (1999-2000) entonces por el Partido de la Revolución Democrática (PRD).
A la exfuncionaria se le relaciona con el desvío de siete mil 670 millones de pesos. Este dinero habría sido entregado entre 2013 y 2014 a 186 empresas, pero 128 de ellas no disponían de la infraestructura ni de la personalidad jurídica para prestar tales servicios.
