Ciudad de México, (SinEmbargo).- El fantasma de la corrupción a través de fraudes por parte de los proveedores del Gobierno federal continuó campante durante la presente administración de Andrés Manuel López Obrador con daños económicos que sobre todo han erosionado los sectores de salud, el aeroportuario y energético.
Apenas siete meses después del triunfo del primer Gobierno emanado de la izquierda, hay un monto de más de 573 millones de pesos en sanciones económicas impuestas por la Secretaría de la Función Pública (SFP) que no han sido saldadas por empresas que recurrieron a trampas entre 2018 cuando aún gobernaba Enrique Peña Nieto y los primeros meses de 2019 cuando asumió como Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
Por lo menos 80 empresas detectadas en lo que va de este Gobierno por la Secretaría de la Función Pública le deben dinero al Estado mexicano por presentar información falsa. Foto: Galo Cañas, Cuartoscuro.
Este rezago de multas no pagadas es la mitad de lo dejado en el sexenio del ex Presidente Enrique Peña Nieto y dos veces más que el del Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa. Del total de deudas sin pagar desde 2004, lo que se ha acumulado durante el presente Gobierno representa la cuarta parte.
Lo anterior de acuerdo con una revisión de mil 806 registros contenidos en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados de la Secretaría de la Función Pública, realizada por SinEmbargo.
LAS LASTIMADURAS DE ODEBRECHT
Petróleos Mexicanos ha sido la entidad pública más dañada por empresas con malas prácticas. En lo que va del Gobierno de AMLO, la empresa productiva del Estado ha acumulado un monto en multas no pagadas de casi 546 millones de pesos, lo que representa 95 por ciento del universo de todas. La mayor parte de la avería la tienen las subsidiarias Pemex Refinación y Pemex Gas Petroquímica Básica.
Esta erosión la hizo, más que ninguna otra, Odebrecht Ingeniería y Construcción Internacional de México a la que el Gobierno de AMLO le impuso una multa de 543 millones 488 mil pesos. La cantidad se sumó a los 1,086 millones 977 mil 231 pesos de dos infracciones impuestas por el Gobierno de Enrique Peña Nieto.
La compañía, que operó una de las redes de corrupción más grandes del mundo a través de sobornos a cambio de contratos, no ha pagado un solo peso en México.
En el centro del entramado del caso siempre ha estado Emilio Lozoya Austin, quien fue director de Pemex de diciembre de 2012 a febrero de 2016 y antes, durante la campaña de 2012, parte del comité de campaña del ex Presidente Enrique Peña Nieto.
De acuerdo al diario brasileño O Globo y la organización mexicana Quinto Elemento Lab que tuvieron acceso a los testimonios jurados ante las autoridades de Brasil, Lozoya habría recibido 10 millones de dólares como soborno, y los pagos habrían comenzado en marzo de 2012, cuando todavía estaba en la campaña. A partir de entonces, las empresas de Marcelo Odebrecht recibieron contratos en México sin parar, no obstante que en el mundo, su imagen se caía a pedazos por actos de corrupción demostrados y comprobados.
Aquí, no fue por la trama de sobornos que fue sancionada. La SFP, en el Gobierno de AMLO, la multó por presentar información falsa en el primer convenio modificatorio de formalización de la cesión de derechos del contrato DCPA-OP-GCP-DGTRI-A-3-15.
Ese contrato fue utilizado para la construcción de accesos y obras externas en la refinería Miguel Hidalgo de Tula y tuvo un costo de mil 800 millones de pesos, de los cuales más de 400 millones se pagaron en 2016. El 7 de marzo de ese año, la obra fue suspendida.
EL AEROPUERTO: EL OTRO DAÑO
El Nuevo Aeropuerto Internacional de México, el megaproyecto más grande en las últimas décadas en el país y que encontró su fin sin siquiera haber visto la luz, dejó un daño en multas no pagadas por corrupción por más de un millón 853 mil 800 pesos, sólo en la Administración de AMLO.
Es el monto que deben tres empresas que incurrieron en mal desempeño de los contratos recibidos y que hasta el momento, no ha sido saldado.
En 2014, el entonces Presidente Enrique Peña Nieto anunció esta edificación bajo el diseño británico Norman Foster y el mexicano Fernando Romero con un costo inicial de 140 mil millones de pesos.
Pero apenas tomó posesión, en diciembre de 2018, Andrés Manuel López Obrador suspendió la construcción en terrenos de Texcoco después de una controvertida consulta ciudadana cuyas papeletas brindaron la opción de transferir la obra a terrenos de Santa Lucía, Tecámac.
La historia aún no encuentra final. Un juez federal del Estado de México concedió dos nuevas suspensiones definitivas para mantener congelada la decisión de cancelar la construcción del NAIM.
Así, se detuvieron los contratos de 305 empresas nacionales e internacionales.
El Gobierno multó a tres empresas (que se sumaron a una multada por Peña Nieto). El hecho es que no han pagado por sus acciones:
-Jaguar Ingenieros Constructores que iba a construir el Centro Intermodal de Transporte Terrestre (CITT) y que integró el documento de cumplimiento emitido por el Infonavit alterado. 604 mil 500 pesos.
-Ingenieros y Asesores en Proyecto de Construcción y Supervisión, que iba a supervisar la construcción de los entronques sur, y presentó documentación falsa sobre obligaciones en materia de seguridad.624 mil 650 pesos.
– Asesoría en Inversiones y Proyectos de Alta Tecnología, que integró un documento del Sistema de Administración Tributaria (SAT) de manera alterada. 624 mil 650 pesos.
MALAS PRÁCTICAS EN EL IMSS
La primera renuncia del cuerpo estratégico del Presidente Andrés Manuel López Obrador fue la de Germán Martínez Cázares a la Dirección del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en mayo pasado.
El funcionario, en su carta de renuncia, señaló entre sus motivos, falta de recursos económicos para el instituto, lo que afectaba -afecta- a millones de derechohabientes en todo el país que a veces, se mueren en los pasillos en espera de atención.
Datos del Sindicato de Trabajadores del Seguro Social exponen que por cada mil derechohabientes hay 0.69 camas de hospital cuando la recomendación de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico es de 4.7 por la misma proporción; hay 1.4 médicos en donde debiera haber 4.4 y sólo trabajan 2.7 enfermeras cuando ese personal debiera ser de nueve.
Sobre este panorama, los proveedores también fallan. La gestión de Martínez Cázares dejó en sanciones económicas un monto de seis millones 458 mil 459 pesos con 90 centavos.
Reliable de México, una empresa de radiología fundada en 1922, tiene las dos multas más altas por un millón 358 mil 820 pesos por presentar información falsa. Después, aparece Maritza Fátima Osorio García con un millón 354 mil 80 pesos también por falsificar documentos.
LA MULTA MAYOR Y MENOR
Una de las mayores multas que ha impuesto la SFP en este sexenio no fue a una empresa; sino a una persona física: Kenia Elena Peña Elizondo, a quien el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) le compró servicios financieros. Esta proveedora debe un millón 51 mil 500 pesos, por haber incumplido un contrato, lo que la pone en el tercer casillero en las empresas sancionadas en esta Administración, apenas después de Grupo Gaep Ingeniería Especializada y Odebrecht Ingeniería y Construcción Internacional de México.
A esta proveedora, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, instancia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público cuando bajo su cargo se encontraba Luis Videgaray Caso, le brindó una concesión para operar del 17 de junio de 2015 al 17 de junio de 2018.
Fernando Hernández Lemus es otra persona física que le falló al IMSS al presentar información falsa. Su multa es de 108 mil 655 pesos.
La multa menor -por cuatro mil 418 pesos- la tiene Suven por incumplir un contrato con el Fondo de Cultura Económica y causarle perjuicios económicos.
