Guanajuato, Gto. Nuevamente, el Grupo Parlamentario de Morena, solicitó la remoción del fiscal general de Guanajuato, Carlos Zamarripa Aguirre, en medio de la entrega de su segundo informe de actividades. Los diputados pidieron al gobernador Diego Sinhue Rodríguez, el cese por la ineficiencia en sus resultados.
El diputado Raúl Márquez Albo recordó que el nombramiento del fiscal se dio mediante un atentado a la Constitución, ya que el ordenamiento exigía un procedimiento para elegir a un fiscal autónomo y mediante un artículo transitorio se le otorgó el pase automático.
Señaló que ha llegado el momento de corregir la decisión del nombramiento y configurar una Fiscalía General del Estado verdaderamente autónoma y eficiente.
“Al igual que el 1er Informe Anual presentado en 2019, el que hoy se presenta tiene más parafernalia destinada a maquillar la preocupante situación que vivimos en Guanajuato respecto a la procuración de justicia, que información útil para la transparencia, rendición de cuentas o mejoras basadas en evidencia… la institución encargada de la procuración de justicia en la entidad, tiene como titular a un mismo individuo que ha sido incapaz de llevar a cabo sus atribuciones observando principios de actuación fundamentales, como el respeto a los Derechos Humanos, la objetividad, honradez, certeza, celeridad”, señaló.
Márquez Albo recordó que desde 2009 y hasta 2020, se negó la existencia de fosas clandestinas en la entidad, por lo que señaló que solo se confirma con el hecho, de que en la entidad no existe un registro estatal de fosas, ni la Secretaría de Gobernación, ni la Comisión Nacional de Búsqueda, han recibido datos actualizados de fosas por parte de la Fiscalía.
Puntualizó que a la fecha, se registran al menos 109 fosas clandestinas, de las cuales se exhumaron por lo menos 268 cuerpos en 29 municipios del estado, acción que dijo no es posible ocultar. Insistió en que a partir de 2018, la presencia de los sitios de este tipo fue se disparó, siendo 18 fosas en 2018, 40 en 2019 y 20 hasta julio de 2020.
“Todo se agrava cuando se considera que entre octubre y diciembre del año pasado se localizaron más de 204 cuerpos pertenecientes principalmente a jóvenes, adolescentes y mujeres en fosas clandestinas de Salvatierra, Cortazar y Acámbaro”, expuso.
Pocas agencias, agentes y baja resolución de casos
Añadió que de acuerdo al informe de 2019 sobre evaluación del sistema de justicia penal elaborado por México Evalúa, se resaltó que, en 2019, Guanajuato contaba con 3.68 agencias del Ministerio Público por cada 100 mil habitantes, por debajo de la media nacional y muy por debajo de entidades como Baja California Sur (12.32), Aguascalientes (10.32), Colima (9.21), Coahuila (7.25) o Zacatecas (7.06).
En el mismo periodo, Guanajuato contaba con 8.75 agentes del ministerio público por cada 100 mil habitantes, por debajo de la media nacional, y muy por debajo de entidades como Chihuahua (29.40), Quintana Roo (17.51), CDMX (16.63), Yucatán (15.80) o Zacatecas (13.33).
En 2019, la Fiscalía en Guanajuato únicamente fue capaz de resolver 13.1% de los casos, muy por debajo de Sonora (55.1%), Coahuila (52.7%) o Campeche (52.5%); y apenas por encima de Tabasco (9.7%) y San Luis Potosí (11.5%).
Raúl Márquez dijo que la situación tan precaria que hoy se vive en términos de seguridad y justicia en la entidad, tampoco es posible que una misma persona ocupe un cargo de dicha relevancia, por un periodo de tiempo tan largo y de forma ininterrumpida.
El legislador aseguró que la permanencia de un funcionario tanto tiempo en el poder abre la ventana de oportunidad para que se generen afinidades y redes de cooperación criminales, que pueden impactar en la baja calidad de la procuración de justicia.
