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miércoles, diciembre 8, 2021

En León, ciudadanos subsidian a empresas: destina Sapal 52 millones al año para sanear déficit de planta de desbaste

León, Gto. El Módulo de Desbaste de SAPAL gasta más en su operación y financiamiento que en lo que recauda de las descargas de agua de la industria curtidora. Tan sólo en  2016, la paramunicipal gastó 69 millones 189 mil 602 pesos, de los cuales únicamente recaudó de las empresas 16 millones 982 mil 791, el resto fue amortizado por el organismo operador de agua.

De acuerdo a analistas del desempeño de la paramunicipal, los empresarios del sector curtidor han incurrido en evasiones millonarias, al reportarle a Sapal menos de las descargas de agua que se procesan en la planta de desbaste.

Esto pese a los convenios que los empresarios curtidores han firmado con la paramunicipal. Incluso, varios de ellos son miembros del Consejo Directivo de Sapal, que está presidido por Pedro González García, reconocido empresario del ramo cuero-calzado.

Fotos: Enrique García

En 2016, la planta de desbaste trató 3 millones 157 mil 224 metros cúbicos de agua utilizada en los procesos de la curtiduría. Sin embargo, las empresas que integradas al proceso, sólo pagaron el equivalente a 774 mil 950 mil metro cúbicos. Es decir, el Módulo de Desbaste tiene un déficit del 75.5 por ciento.

Por medio de una respuesta de acceso a la información pública, el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL) dio cuenta de que 1 mil 850 empresas curtidoras, ubicadas en nueve fraccionamientos hacen sus descargas al Módulo de Desbaste.

Las curtidoras están ubicadas en la Ciudad Industrial (Santa Lucía), Parque Industrial de León (antes Parque Industrial Ecológico de León Piel), Fraccionamiento Industria San Crispín, La Piscina Sur, Fraccionamiento Industrial Santa Crocce I y II, Fraccionamiento Industrial San Jorge, Fraccionamiento Industrial Pamplona, Granja Las Amalias y Arroyo Hondo.

Algunas curtidoras se abastecen de agua por medio de pipas y pozos para hacer sus procesos, por lo que Sapal en este caso utiliza medidores de flujo instalados en los inmuebles de las mismas, y determina un volumen promedio mensual de cobro por descarga.

De las nueve zonas industriales que realizan descargas de agua industrial y son tratadas por la Planta de Desbaste, la paramunicipal facturó en 2016, 27 millones 927 mil 344 pesos y únicamente recaudo 16 mil 982 791 pesos.

El año pasado, el organismo operador de agua gastó en la amortización de la inversión de la planta 27 millones 702 mil 046 pesos; además su costo fijo de operación fue de 16 millones 785 mil 332 pesos; y tuvo un gasto de 24 millones 702 mil 223 pesos. Lo que en suma da un costo de operación anual de 69 millones 189 mil 602.

En 2009, autoridades municipales y Sapal inauguraron la planta de desbaste y las líneas de distribución. En esta se procesan por segundo 150 litros en contenedores de 90 mil metros cuadrados.

La primera etapa tuvo un costo de 356 millones 675 mil pesos. El gobierno federal aportó 147 millones 134 mil pesos a través del Fondo de Infraestructura Nacional (Fonadin), por su parte Sapal aportó 74 millones 828 pesos de un crédito con Banobras y 43 millones 41 mil pesos fueron recursos propios. La empresa Ecosys, quien opera la planta otorgó 91 millones 617 mil.

Cinco años después, en 2014 se inauguró la segunda etapa de la planta de tratamiento para aguas industriales, para ello se invirtieron 75 millones 400 mil pesos.

Pedro González García, presidente del Consejo Directivo de Sapal, ratificado en la actual administración, señaló que se habían invertido más 503 millones de pesos para apoyar el proceso de desincorporación de los procesos húmedos de la mancha urbana y contar con un abastecimiento de agua continuo.

En aquel entonces el 90 por ciento de los miembros de la Cámara de la Industria de la Curtiduría, estaban incorporados al proceso para tratar las aguas de los procesos de la industria en la planta.

‘Conflicto de intereses’

En abril de 2016, tomó protesta de forma oficial el nuevo Consejo Directivo de Sapal, el organismo tiene 17 miembros de los cuales al menos, seis están relacionados con empresas del ramo cuero-calzado.

El presidente Pedro González García, representó durante muchos años a la empresa Piel y Madera S.A de CV, dedicada a la curtiduría. Actualmente la compañía es dirigida por Luis Gerardo González García, hermano de Pedro y actual presidente del consejo directivo de la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato (CICEG).

Como representantes del Ayuntamiento, el síndico panista, Luis Ernesto Ayala Torres, es vocal del consejo de la paramunicipal y miembro fundador del Grupo de empresas San Diego, dedicadas al ramo del calzado. Un caso similar es del regidor priista, Jesús Vázquez García, quien es vocal del consejo y fundador del Grupo Vave, conocido como ‘Vavito’.

Además dos integrantes que forman parte del consejo están relacionados con empresas del ramo de la curtiduría, en el caso de Luis Ernesto Collazo Rosales, es vocal y representa a la Asociación de Empresas Proveedoras Industriales de México. Sin embargo, al mismo tiempo tiene relaciones laborales con la empresa Lefarc, S.A. de C.V, está dedicada a  al curtido y acabado del cuero.

El vocal y representante Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey,  Vicente Lahud Martínez, es Director General de Cuero Centro S.A de C.V.

Además, Luis Gerardo González Navarro es vocal del consejo y representante de la Cámara de la Industria de Curtiduría del Estado de Guanajuato, y al mismo tiempo, ocupa el cargo de director de Curtidos Bisonte, S.A. de C.V.

La necesaria renovación del consejo

Para Gustavo Lozano Guerrero, integrante de la agrupación Acción Colectiva de León y el académico de la Universidad de Guanajuato, Daniel Tagle, es importante que se reglamente la conformación del órgano directivo de Sapal, para darle genuina representación a los usuarios de la ciudad y no sólo al sector industrial cuero calzado.

En entrevista, Gustavo Lozano Guerrero refirió que es típico que los organismos de agua utilicen modelos de negocio, tal como lo hace Sapal, que es una institución que esta ‘colonizada’ por intereses particulares y no los de la ciudad.

“Es el típico modelo de hacer negocios dentro de un esquema neoliberal como el que vivimos en Guanajuato, México y el país. (Sapal) una institución pensada para la ciudad está colonizada por intereses particulares, desarrollan proyectos, que son funcionales a sus propios intereses. El costo de esa operación. No lo cargan al resto de la sociedad que no tenemos nada que ver en muchos de los casos en la industria curtidura”, expuso.

El activista indicó que la actual administración pública puede modificar el reglamento para darle juego a otros intereses, más ciudadanos, como al sector doméstico y agropecuario.

“La respuesta genérica sería hay un reglamento para el Sapal, ese reglamento específicamente establece como se conforma el órgano de dirección de Sapal, que es el Consejo Directivo y ahí se habla específicamente de la participación de estas cámaras”

“Una cosa que sí está al alcance de la administración pública actual del Ayuntamiento, más puntual es modificar un reglamento para que le de juego a otros intereses. Es que existe en la ciudad que merecen ser tomados en cuenta. En el caso de la planta, existen porque no hay quien genere un equilibrio dentro del espacio y toma de decisiones”, señaló

En tanto, Daniel Tagle, académico y especialista de la Universidad de Guanajuato, refirió que antes de hacer la planta de desbaste, se debió de consultar organismos académicos para fundamentarla con un diagnóstico.

“Yo creo que hay un componente muy importante cuando se generan este tipo de proyectos, son elementos que no hacen diagnósticos. Son elementos que ya están cocinados, y saben cuál es la estrategia a seguir, porque la correcta elaboración de diagnósticos y expertos, no solo dejarlo en compadrazgos. Y digo se pueden apoyar en cualquier universidad aquí en el estado y en el municipio”, comentó.

Lamentó que bajo la falta de diagnósticos y proyectos sustentados, se haga una transferencia del bien público a un bien privado, porque al final quienes pagan su funcionamiento son los usuarios del sistema operador de agua.

“En este sentido como sumarnos para colaborar en mecanismos para diagnósticos, pero también en transparencia de la información. Obviamente hay una elaboración discrecional muy fuerte en la elaboración de este tipo de proyectos. En esencia, es la transferencia del bien público al bien privado. A través de que nosotros como ciudadanos pagamos este tipo de proyectos que cuando están en la práctica o no funcionan o siempre están subutilizados. Esto refleja que no hay diagnósticos”, señaló.

Finalmente, el académico se sumó a la reforma del Consejo Directivo de Sapal, esto para que no se monopolicen las decisiones, pues los usuarios son consumidores y no cogestores.

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