Irapuato, Gto. El pasado 14 de mayo se cumplió un año sin que se sepa del paradero de Juan David y el caso está muy lejos de la justicia que exigen su familia paterna y las buscadoras.
Su padrastro y presunto responsable de su desaparición, Miguel Ángel ‘N’ defendió que tiene derechos por su situación de salud y nuevamente, se pone en duda la actuación de la Fiscalía General del Estado (FGE), que según las abogadas de la defensa, obtuvieron pruebas contra el inculpado de manera ilegal, lo que se desahogará en una audiencia incidental previa al juicio oral.
Esto trascendió en la audiencia intermedia, que las defensoras de oficio, solicitaron fue privada, al argumentar que el expolicía estaba en riesgo, lo que incluso motivó que se trasladará a otro Cereso.
“Estaba en el área de clínica y peligraba mi vida” respaldó el inculpado para hacer referencia a la segunda manifestación que la familia paterna y familias de colectivos protagonizaron el 27 de junio, con la clausura de las oficinas de la Fiscalía Regional y el Poder Judicial, movilización que cabe recordar tenía un propósito: pedir justicia a la FGE.
Después de unos minutos de receso, la juez determinó que la audiencia sería pública y Miguel Ángel volvió a tomar la palabra, para expresar que estaba inconforme con que el caso se lleve a juicio, pues había optado por un procedimiento abreviado que fuera rápido.
“Tengo derecho a ir por el abreviado, para que se fuera rápido, por mi situación de salud, me están medicando; sufrí un derrame en el ojo izquierdo. Sigo inconforme”, dijo el presunto responsable.
La Juez se detuvo para explicar al inculpado que no había un mecanismo para obligar al Ministerio Público aceptar el procedimiento abreviado, pero Miguel Ángel insistió: “Si gusta checar en la audiencia pasada, hubo un planteamiento del fiscal y un ofrecimiento de la abogada, por lo años”.
A lo que la juez reiteró el procedimiento y concluyó: “No queda otro camino que prepararse a juicio”
En riesgo investigación de la desaparición de Juan David
Las abogadas presentaron un par de incidencias, la primera relacionada con la abogada de la FGE de la que pidieron desalojo de la audiencia al considerarse órgano de prueba, lo que no dio a lugar. En la segunda, solicitaron a la Juez desechar dos datos de pruebas, que señalaron, se obtuvieron de manera ilegal: el teléfono móvil del inculpado, y los tres ingresos al domicilio de la colonia Urbi Villa del Rey.
Ello al mencionar que el inculpado fue detenido por presuntamente cometer delitos contra la salud el 17 de mayo, día que le aseguraron su teléfono móvil, para después ser analizado e integrarlo a la carpeta de investigación que se aperturó por desaparición forzada por particulares y violencia familiar.
De lo anterior incluso habría un oficio con fecha del 28 de junio, donde el propio fiscal, Carlos Zamarripa autorizó y firmó la extracción de información del celular, expusieron las abogadas.
La otra prueba, es por los al menos tres ingresos a la casa donde vivía Juan David, cuya mamá Reina ‘N’ refirió que el Ministerio Público no solicitó autorización. De los tres peritajes, se obtuvo una colchoneta con sangre y un cuchillo; un pantalón de mezclilla y un par de tenis, y tres muestras fotográficas en el baño , además de una franela amarilla.
Para acreditar la nulidad de estas pruebas se dio trámite a la audiencia de incidencia a las 9:20 de la mañana del próximo miércoles. Las abogadas ofrecieron los testimonios de agentes de investigación de la FGE que intervinieron en las actuaciones y documental.
Después de un segundo receso de 20 minutos, la FGE dijo estar de acuerdo con los medios de prueba ofertados, a excepción de la documental, con lo que coincidió la juez.
Por su parte, la asesora jurídica de la familia paterna de Juan David y buscadora, Norma Patricia Barrón, sumó el testimonio de Reina, madre del menor.
“Tendremos que defender esa lìcitud probatoria; se puede poner en riesgo porque son medios fuertes y que se puedan excluir va impactar en la resolución del juicio, esperamos que todo esto salga bien. A eso nos enfrentamos las víctimas, el hecho de estar en una audiencia, no saber qué va a pasar, que ahí está la persona que realmente cometió este delito y estar entre la espada y la pared porque no sabes si el actuar de la fiscalía fue bueno o realmente hubo omisiones”, dijo en entrevista la buscadora.
Con excepción del debate probatorio, se procedería a la revisión documental para realizar presiones, y corregir vicios, pero antes, el inculpado cuestionó, que si no tuvo validez la audiencia pasada, donde dijo que quería un procedimiento abreviado.
Finalmente se atendió el descubrimiento probatorio, de lo se mencionó hubo cumplimiento de las partes.
Se manifiestan
La manifestación que empezó por la mañana frente a la Presidencia Municipal para exigir justicia, se trasladó hasta el exterior de los Juzgados de Oralidad Penal, donde buscadoras del colectivo ‘Una luz en el camino’ y familiares paternos de Juan David exigieron justicia.
Aunque podría haber una sentencia de 75 años por desaparición y 6 por violencia familiar, Norma Patricia Barrón consideró que nada obliga al inculpado a decir dónde está Juan David, con lo que se está lejos de la reparación integral del daño, tema que ya había dado a conocer en la pasada audiencia.
“Tendremos que ver las leyes, que se puede hacer en un momento dado, porque si hay un detenido, un sentenciado, no se puede acceder a la reparación integral del daño. El hecho de decirnos, dónde dejaron o qué fue lo que pasó con nuestros desaparecidos, nos da coraje que fue esa persona sentenciada y no hay posibilidad que diga el paradero de ellos.
Puede concluir y han estado concluyendo procesos, se puede condenar a 80, 90, 0 100 años, y todavía no podemos saber el paradero, no ha querido decir ”,agregó.
