León, Gto. Los exempleados de la empresa Ecosys III que operaron la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (Sapal), se reunieron con las familias de los trabajadores que fallecieron víctimas del accidente ocurrido en noviembre del año pasado.
Al conocer las deficiencias y carencias con las que se opera dentro de la PTAR, los extrabajadores expresaron su solidaridad con sus colegas, pues advirtieron que al no renovar la concesión de estas instalaciones y no atender los riesgos, se sufrieron los accidentes y no se afianzó el finiquito de más de 90 trabajadores.
Las dos partes se reunieron por primera ocasión fuera del edificio de la Presidencia Municipal de León, acompañados por el el activista y abogado Gustavo Lozano Guerrero, representante de Acción Colectiva Medioambiental. Ahí manifestaron que solo han recibido evasivas del gobierno y sobre todo de Sapal.
Los padres de Víctor Ricardo Briseño Rangel y Alberto de Jesús Silva Zúñiga, quienes fallecieron intoxicados en la PTAR durante la jornada laboral del pasado 13 de noviembre de 2020, dijeron que la tarde del viernes sostuvieron una reunión con el alcalde Héctor López Santillana, quien les comentó que definitivamente no estaba en sus manos liberar indemnización alguna.
“Hemos puesto unas demandas, las cuales se paran porque niegan y le echan la culpa a los trabajadores. Ahora señalan al encargado de la planta Edgar Armando Correa Reyes (…) No puede ser. Todos los de curtiduría, que son los del consejo administrativo de Sapal y de las plantas donde más inversión se les mete, se pongan al servicio de tenerías y no para el público”.
Victor Ricardo Briseño, padre de Victor que tenía más de 7 años laborando en Sapal, lamentó que el organismo gaste más en bufetes de abogados que en indemnizarlos como familia afectada.
Contó que ahora la Fiscalía General del Estado ha imputado por el accidente de Sapal a Correa Reyes, usándolo como un chivo expiatorio, pues él nunca contrató a su hijo y a sus compañeros, sino que fue el propio Sapal.
El padre de la víctima detalló que Correa Reyes es imputado por el homicidio culposo de los cinco trabajadores de la planta y es representado por el abogado Jorge Estrada, cuyos honorarios serían pagados por la paramunicipal.
Por su parte, José de Jesús Silva, padre de Alberto de Jesús Silva Zúñiga, dijo que en la reunión con el alcalde le preguntaron por la reparación del daño y la indemnización por la muerte de sus seres queridos. También expuso que su hijo dejó una niña de un año de edad, por lo que pedían apoyo para una beca para que siguiera con su educación.
“Yo no puedo con el gasto, dando el mantenimiento a mi familia, a mi nuera y mi familia en general”.
Por su parte, los extrabajadores de Ecosys III comentaron que si se hubiera dado una recontratación luego de retirar la concesión a la empresa, no se habría tenido un accidente, pues se tendría personal calificado.
Recordaron que actualmente sostienen una demanda laboral contra Ecosys que también implica Sapal, pero en ninguna de las dos han podido darles una respuesta. Ya han pasado muchos meses y muchos de ellos han tenido que pedir prestado para esperar su indemnización.
Raymundo Tavarez, quien contaba con varios años de antigüedad trabajando en la PTAR, recalcó que la empresa de la noche a la mañana desapareció, pero tampoco Sapal ha buscando ayudarles.
