Guanajuato, Gto. El diputado Ernesto Prieto Gallardo denunció irregularidades en el caso de cuatro menores que fueron extraídos del instituto transformacional PRONUVI, en uno de los ataques ocurrido a un centro de rehabilitación en Irapuato, debido a que por orden judicial los jóvenes debían recibir rehabilitación y esto no se ha cumplido.
Recordó que dos de los jóvenes de los cuatro que fueron “levantados” en el séptimo ataque a anexos en ese municipio, fueron localizados, pero ellos fueron devueltos a sus familiares aunque se iniciaron carpetas de investigación derivados del caso.
El diputado Prieto Gallardo contextualizó que el Ministerio Público inició las investigaciones donde los menores deberían de estar al cuidado de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado ingresándoseles en el PRINUVI y un juez especializado decretó la suspensión condicional del proceso con la condición de que éstos participaran en programas especiales a fin de combatir sus adicciones y su reinserción a la sociedad.
Comentó que los menores de edad que se encontraban en el Centro de Rehabilitación y al ver la situación de los centros de rehabilitación en Irapuato, quisieron deslindarse de toda responsabilidad ante futuras agresiones a los adolescentes, pues el costo político sería alto en demasía al tratarse de menores de edad, por lo que, acordaron que fueran retornados a sus casas con sus familias.
Y denunció que los hechos antes mencionados forman parte de un caso enmarañado de ilegalidades, casos inconclusos y una procuración y administración de justicia deficiente en la entidad.
Subrayó que existe una resolución judicial que no se está cumpliendo, la cual obliga al Gobierno del Estado a proporcionar rehabilitación a los jóvenes, es decir, hay una suspensión condicional ordenada en un procedimiento judicial para que los adolescentes pudieran rehabilitarse y cumplir con eso.
Por lo anterior, el diputado de Morena exhortó al titular de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato para que realice una procuración de justicia efectiva, profesional, con respeto a los derechos humanos, en específico de un grupo vulnerable como los adolescentes en conflicto con la ley.
Además, lanzó el exhortó al gobernador Diego Sinhué Rodríguez para que instruya a la Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado a que tome responsabilidades en el caso de los adolescentes vinculados a procesos penales y cuyas causas, han sido suspendidas condicionalmente y de esclarezca quién pidió se vulnerara la condición impuesta por un juez al decretarse la suspensión condicional del proceso.
