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viernes, julio 19, 2024

“Estaba peor que un detenido”, señala excustodia de Juzgados Cívicos de Irapuato; también sufrió acoso laboral

Irapuato, Gto. Haber expuesto las irregularidades que veía en los separos a su superior, José Luis Oñate Padilla, director de Juzgados Cívicos, habría traído como consecuencia que fuera víctima de acoso laboral, así lo planteó Marisol, exagente de custodia. 

Sin una resolución de la Contraloría Municipal que pareció haber archivado su denuncia, ella aún espera respuesta de una demanda laboral, que a casi un año de haber dejado su trabajo, sigue su curso.

“Estaba peor que un detenido, que una persona que estaba ahí porque ni siquiera podía salir a ningún lado hasta terminar mi turno de 24 horas, desde que ingresaba”

La historia

Marisol relató que ingresó en mayo del 2020 a está área adscrita a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Irapuato (SSCI). Su labor la desempeñó sin ningún problema hasta que en enero del 2023, el funcionamiento de Juzgados Civiles dió un giro con el ascenso de Oñate Padilla a la dirección.

“Se empezaron a ver diferentes cosas en cuestión de las detenciones, eran muy irregulares, cosas que no estaban bien con los detenidos, algunos compañeros, no todos, que cobraban celdas, los golpeaban. Si uno veía tenía que callar, no me parecían esas cosas, hablé con el licenciado José Luis, está pasando esto y como vio que no estaba de acuerdo con lo que pasaba en los Juzgados empezaron las agresiones hacía mi persona”, expuso.

Detalló que a partir de la queja al titular de los Juzgados, en su turno de 24 horas pareciera que ella se convertía en una detenida más, pues además de estar incomunicada, le impidieron salir de la celda, sin importar la cantidad de personas que hubiera dentro e incluso de necesitar ir a comer e ir al baño.

“No me dejaban salir, siempre estaba en celdas, no me dejaban ir ni al baño, hacía del baño en las mismas celdas, me dejaban sola hasta con 30 o 40 personas detenidas, hombres, a mí sola. Lo hable y le dije que no aguantaba el acoso laboral, en cuestión de que por órdenes de él, el encargado de nosotros, les decía que me cambiarán de turno, que no me dejaran salir, ni ir al baño y que ya no podía más y me dijo: bueno”, refirió.

Marisol relató que la mandaron llamar del edificio de la Secretaría, donde otro de los mandos directivos, a quien identificó como Roberto, la recibió para hacerle saber que ella cometió una indisciplina y le pidió firmar un documento, aparentemente su renuncia.

“Le dije, indisciplina quiere decir no estar de acuerdo con las cosas que pasan adentro, y me señaló, dime cuáles, y le empiezo a decir de los compañeros que hacían el cobro de las celdas, golpeaban a la gente, y que todo eso le había comentado al licenciado José Luis y no había hecho nada y me dijo, no quiero que vaya haber ningún conflicto, ni que pongas quejas en ningún lado, mejor, si no estás agusto firma, y le respondí no voy a firmar, le dije no se preocupe no voy hablar, me pidió regresar al trabajo porque eso lo hablaría con José Luis”. expuso.

Por esta razón la exagente el 7 de junio del 2023 llevó un primer escrito a la Contraloría Municipal, donde explicó las acciones que se cometieron en su contra, ya que tenía miedo, porque la dejaban dentro de las celdas con detenidos en riesgo de que le hicieran daño.

El segundo escrito lo llevó a la Contraloría el 12 de julio del 2023, pero de ninguna de estas denuncias hubo una respuesta, sino todo lo contrario, la situación empeoró en su trabajo, lo que empezó a repercutir en su salud al presentar síntomas de ,lo que empezó como una intoxicación. Ese día le impidieron la salida para buscar atención médica.

“Era mucho estrés y dije no tengo necesidad de estar así, ninguna, como no vi ninguna respuesta en Contraloría, y hasta la fecha nunca me dieron ninguna respuesta decidí dejar de ir a trabajar porque el último turno que estuve, me quisieron poner un cuatro”, indicó.

Lo anterior, al describir que recibió la orden de su encargado para hacer un cambio y llevar a un detenido al Cereso, acción que no tienen permitido al tratarse de una persona con un proceso penal, situación a la que se opuso.

“Le dije no traigo la credencial, se van a burlar de mí. Soy una mujer y nosotras no podemos ingresar al Cereso y mucho menos hacer los cambios, se molestó y ahí lo pensé, y por miedo y temor decidí no ir a trabajar”, narró.

A partir del 20 de julio dejó de ir a trabajar y presentó una demanda laboral contra el Municipio, de lo que espera una audiencia para los siguientes meses.

Las denuncias que Contraloría no resolvió

“… me siento intimidada, violentada, desprotegida, hostigada, en desventaja porque me dan a entender que de ellos depende que yo conserve mi trabajo”,precisa el primer documento enviado a Contraloría Municipal.

Además se expone los cobros que aparentemente se realizaban a los detenidos por realizar llamadas telefónicas e incluso cuotas de 800 pesos a cambio de acceder a una celda con menor número de infractores. De poder hacer el pago en efectivo, aceptaban transferencia.

El segundo documento que ingresó detalla un presunto delito de tortura, cometido contra un detenido, cuya familia había denunciado su desaparición y quien permaneció 36 horas en arresto esposado de pies y manos en una celda acolchonada.

A causa de los aparentes golpes que recibió, la persona fue ingresada al Hospital General de manera urgente, y una vez que su estado de salud se reportó delicado, la juez en turno ordenó su salida por prescripción médica.

 

Marisol agregó que en el área hay rotación de personal y persiste el miedo pero incluso con el reciente caso que denunció Alejandra en redes sociales, ha trascendido que el personal de Juzgados fue inducido para firmar un documento que desmiente el aparente acoso laboral, que aseguraron las víctimas, persiste.

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