Guanajuato. El análisis de la organización civil Causa en Común: “Incidencia delictiva 2018-2024… y algunas anomalías”, muestra que de acuerdo a datos oficiales en algunos delitos existen reclasificaciones sospechosas particularmente homicidios, feminicidios, secuestros y tratas de personas.
Este documento, publicado ayer 18 de febrero, muestra que, aunque se presume reducción en incidencia delictiva, hay reclasificaciones sospechosas.
Lo anterior, porque el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el organismo responsable de integrar y reportar las cifras de incidencia delictiva, utiliza subcategorías ambiguas para reclasificar y diluir el número de algunos delitos de alto impacto, con ello se busca que deje de ser un tema mediático y político.
Guanajuato en el 2024 cerró como la entidad donde más homicidios dolosos se presentaron en México con 3 mil 151 víctimas y a nivel nacional desde el 2018 a excepción del 2023, no se ha logrado reducir el número de asesinatos, ya que al año este delito cobra más de 30 mil vidas anuales en el país.
Al respecto, Causa en Común analizó que de acuerdo a un estudio de datos y la consideración de los criterios para registrar la cantidad de homicidios dolosos entre el Secretariado Ejecutivo y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) hay un margen de diferencia, donde en el año 2023 es mayor el número de víctimas reportadas por el INEGI que el secretariado y éste último registro del Gobierno Federal presenta una engañosa disminución del 7 por ciento en víctimas de homicidio a nivel nacional.
A ello se le suma una presunta reclasificación de homicidios dolosos en otras subcategorías de delitos contenidos en el rubro de “delitos que atentan contra la vida”: homicidio culposo y “otros delitos contra la vida y la integridad”.
De acuerdo con el SESNSP, la disminución en el número de víctimas de homicidios dolosos se ha producido a la par de un aumento constante de las víctimas de homicidio culposo y de “otros delitos contra la libertad y la integridad”.
Las cifras a nivel nacional muestran que entre el 2018 y 2024, el número de víctimas de homicidio doloso disminuyó 11 por ciento, mientras que el número de víctimas de homicidio culposo aumentó un 11 por ciento y el de “otros delitos contra la vida y la integridad” aumentó un 102 por ciento.
No obstante en este análisis de reclasificación de delitos no aparece Guanajuato como una de las entidades donde más se hubiera reclasificado el delito de homicidio doloso.
Por otro lado, fue Michoacán, Oaxaca, Baja California, Ciudad de México, Querétaro, entre otras entidades federativas donde sí se vio este reclasificación.
Aunque los delitos de feminicidio a nivel nacional en el 2021 alcanzaron un máximo histórico con mil 19 víctimas, en Guanajuato hay una variación y disminución del -43 por ciento por cada 100 mil habitantes del 2023 al 2024, de acuerdo a los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Esto, de acuerdo a Causa en Común, no significa que exista una reclasificación, pero sí un problema de su registro, ya que la falta de homologación en los códigos penales estatales, afecta la precisión de las estadísticas reportadas.
Tan solo en Guanajuato, sólo el 4 por ciento de los asesinatos de mujeres se tipificaron como feminicidios, y de acuerdo con los datos de Causa en Común en su registro de atrocidades 2024, logró documentar 23 asesinatos de mujeres con crueldad extrema, mientras que en todo el año solo se abrieron 16 carpetas de investigación en la entidad.
La organización da a conocer que en este delito de feminicidio otra posible manera de distorsionar los datos tanto de feminicidio, como de homicidio doloso en mujeres sería mediante la transferencia de sus registros al rubro de desaparecidos.
Respecto a ello Zona Franca cuestionó a los panelistas en la presentación y análisis del informe a través de la red social X, sobre si hay una maquillaje de cifras.
En el panel Daira Arana, directora general de Global Thought respondió que, además de la homologación y tipificación del delito, el problema en varios municipios de Guanajuato es que tiene que ver con un subregistro, el cual tiene que ver con la negación de que esas muertes de mujeres se dieron los tipos penales de feminicidios, es decir, donde existe una incidencia de violencia de género.
“Creo que también eso es un discurso que a nivel nacional se mal entonó en el sexenio pasado, en donde, pues los asuntos de género eran los menos importantes o lo menos relevante y ahí están los resultados”, dijo.
Daira Arana comentó que, ahora que Guanajuato y alguno de sus municipios son gobernados por una mujer, se espera que exista un registro de este delito y que también se tengan buenos primeros respondientes, en este caso las policías municipales.
Guanajuato es líder es de la extorsión, el cual desde el 2018 al 2024 presenta un incremento no solo a nivel estatal sino también federal. El año pasado hubo mil 222 víctimas.
Pero ¿cómo se puede saber si en realidad hay un maquillaje de datos o reclasificación del delito?
Carlos Matienzo, socio fundador de Datalnt comentó que el delito de la extorsión es complejo no solo para Guanajuato, sino a nivel nacional porque es una categoría muy amplia, pero también con muchas áreas de oportunidad si en realidad le da la importancia de atender el delito, pues podría crear manuales con los estados y clasificar los delitos.
María Elena Morera, presidenta de Causa en Común explicó que no se puede comparar una extorsión vía telefónica a un cobro por derecho de piso.
“Como todo lo toman por extorsión no sabemos dónde están los limites y además lo que nos reportan es tan inaudito, por ejemplo que, en Tlaxcala no reportan una sola víctima de extorsión y en Chihuahua reportan 8, en Nayarit reportan 15, lo cual es completamente falso”, señaló.
La presidenta de Causa en Común consideró que las cifras registradas por extorsión no son únicas o absolutas, porque en el caso de la extorsión telefónica, hay personas que no lo van a denunciar porque es una perdida de tiempo y no sucederá nada.
En cambio por el cobro de derecho de piso donde gran parte de los negocios no es atendido, porque al tener cifras menores, no tendrían por qué preocuparse por el delito, cuando la realidad es que eso es absolutamente falso.
María Elena detalló que el problema es que ahora que Donald Trump va a clasificar a algunos grupos criminales como terroristas, las personas que son víctimas de derecho de piso serían señaladas de ayudar a los terroristas.
“Entonces ahí va a venir un problema enorme”, puntualizó.
