Guanajuato. Comerciantes del noreste del estado están sufriendo de extorsión a mano de falsos inspectores, que se hacen pasar por inspectores de dependencias federales y exigen cobros a cambio de no clausurar negocios.
Así lo mencionó Jesús Martínez, presidente de la Cámara Nacional del Comercio en Dolores Hidalgo, quien señaló que las cuotas van de 500 a 700 pesos semanales. Estas cantidades se exigen a los comerciantes a cambio de dejarlos trabajar o de lo contrario, los amedrentan con cerrarlos y multarlos.
“Hemos visto y localizado a personas que andan cobrando como si fueran del Sector Salud o como si fueran del SAT y eso también es extorsión. Pareciera una tontería pero es bien recurrente porque también llegan amedrentando, también llega personal que se hace pasar por Profeco (…) llegan con uniforme de ProfeCo, incluso con logos de Profeco y están cobrando e incluso la Profeco nunca cobra en mano”, mencionó.
Explicó que esta modalidad de extorsión inició desde el inicio de la pandemia y que se ha ido incrementado, presentándose de 2 a 3 casos semanales en municipios como Dolores Hidalgo, San Luis de La Paz y San José Iturbide.
Esto según cifras que sí han sido reportadas pero no descarta que ocurran con mayor frecuencia.
El líder empresarial mencionó que es común que los comerciantes caigan, pues los extorsionadores se aparecen perfectamente identificados con uniformes de distintas dependencias.
Aunque se desconoce quién opere esta red de extorsión, no se descarta que pueda tratarse del crimen organizado.
“La gente en su desconocimiento lo suelta, pero el problema es que llegan amedrentando (…) la verdad es que se desconoce el motivo, yo no sé de ese tema”.
Señaló que las diferentes Cámaras Nacionales de Comercio (CANACO) en estos municipios, ya han advertido a sus agremiados que ellos no están exigiendo cobros, además de señalarles que dependencias como el SAT, SSG o Profeco no realizan cobro de cuotas en efectivo.
En municipios como Celaya, Irapuato y Salamanca, las extorsiones han sido directas, pues integrantes del crimen organizado se aparecen en distintos negocios para exigir cuotas a cambio de seguridad o ‘derecho de piso’.
