Ciudad de México, (SinEmbargo/A Dónde van los desaparecidos). Un diente de oro puede ser desde una prótesis hasta un capricho estético. Para Teresa de Jesús Jiménez Hernández representó la esperanza de que su marido Jaime Pascual Gómez Ruíz estuviera vivo. A ese recuerdo se aferró cuando, al examinar el cadáver de su esposo recién repatriado de Estados Unidos, se percató de que le faltaba la corona que solía brillar en su boca.
¿Dónde estaba aquel diente postizo, moldeado con el metal fundido de un anillo que, años antes, Jaime le había regalado? ¿Dónde estaban su credencial de elector, sus zapatos y la Biblia que lo habían acompañado en su cruce por el desierto? Estas preguntas daban vueltas en la cabeza de doña Teresa mientras observaba, dolida y asombrada, el cuerpo mutilado de quien le habían asegurado que era su esposo.
“Vino así, todo… como un pollo rostizado, todo quemado”, dice la mujer al recordar aquel rostro sin labios ni ojos, tan distinto del que amaba que le resultó imposible reconocerlo.
Jaime salió muy temprano de su comunidad tzeltal del municipio de Chilón, Chiapas, la mañana del 27 de junio de 2007. Teresa, sus dos hijas y su hermano lo acompañaron a San Cristóbal de las Casas para reunirse con el pollero, un conocido de Petalcingo que lo llevaría a Arizona, junto con otras diez personas.
“Me voy a trabajar un año y regreso, ya no quiero que salgas a vender”, le decía Jaime a Teresa para convencerla de que el viaje valía la pena. Cuando se subió con el pollero a uno de los vehículos baratos que emprenden viajes interminables hacia el norte del país –en su caso, un autobús Lacandonia con destino a Altar, Sonora–, su esposa tuvo un presagio oscuro, una visión aterradora.
Unos diez días después, ese presentimiento se cumplió en la pantalla de televisión. “En las noticias lo vi, un domingo pasaron que en el desierto habían encontrado muchos cadáveres, estaban tendidos bajo sábanas blancas y había mucha gente. Levantando cadáveres estaba la gente”, recuerda doña Teresa.
De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), entre 2004 y 2021 fallecieron 6 mil 480 migrantes de origen mexicano en su intento por cruzar la frontera con Estados Unidos —la mayoría por deshidratación, según cifras desagregadas a partir de 2009—.
Un informe del Servicio Jesuita a Migrantes México registra que, de los mil 280 casos de personas migrantes desaparecidas que esta organización atendió entre 2007 y 2021, el 22 por ciento son connacionales. Aunque el Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas, aprobado en 2020, contempla la búsqueda individualizada de migrantes de nacionalidad mexicana, no existen mecanismos específicos para dar con el paradero de quienes han desaparecido en el país o en el exterior.
El 9 de julio de 2007, doña Teresa recibió una llamada en el teléfono público de su comunidad. Un funcionario del consulado mexicano en Tucson le notificó el hallazgo del cadáver de su esposo en la frontera entre Sonora y Arizona, abrasado por el sol y mutilado por la fauna del desierto. Le aseguró que en su mochila habían encontrado su credencial de elector y una Biblia con el nombre de su hija. No había duda, dijo, de que se trataba de Jaime.
Durante tres meses, Teresa peregrinó de oficina en oficina, de funcionario en funcionario, para lograr que repatriaran el supuesto cadáver de su esposo. Tanto trabajo y tanta espera para finalmente recibir un cuerpo desfigurado que en nada se parecía al de su marido, y que no estaba acompañado por sus documentos, pertenencias, ni por las fotos del momento del levantamiento. No había ninguna prueba contundente de la muerte de Jaime y, además, aquella corona de oro ausente…
“¿Sabes qué, Tere? Aquí hay un número donde te pueden ayudar”, le dijo un día un familiar. Le contestó Aldo Ledón Pereyra, coordinador general de la asociación civil Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes, y le dijo que con una muestra de ADN era posible averiguar si el cadáver que acababa de enterrar era realmente el de su marido.
En 2005, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) se encontraba en Ciudad Juárez para identificar a unas víctimas de feminicidio. En algunos casos les resultó imposible hacerlo y supusieron que los restos podían pertenecer a mujeres que habían migrado de otros estados. Las forenses argentinas pensaron que tal vez los familiares de estas mujeres habían denunciado su desaparición en las procuradurías de otras entidades y, por esto, no disponían de la información.
“Nos dimos cuenta de que los mecanismos interprocuradurías entre los estados de México no funcionaban bien”, dice Mercedes Doretti, directora para Centro y Norteamérica del EAAF. Su equipo descubrió que los listados oficiales de personas no localizadas y desaparecidas no estaban actualizados, que no había comunicación entre las procuradurías de distintos estados y menos entre las autoridades mexicanas y estadounidenses. El EAAF intuyó entonces la necesidad de establecer canales de contacto entre las morgues del sur de Estados Unidos, saturadas de cadáveres hallados en el desierto, y las personas que, en México y Centroamérica, buscaban a sus migrantes.
A partir de estas reflexiones nació en 2009 el Proyecto Frontera, que impulsa la creación de bancos de datos forenses que permiten cruzar el ADN de migrantes que han muerto en el desierto con el de familiares mexicanos y centroamericanos de personas desaparecidas tras migrar a Estados Unidos.
El EAAF manda las muestras de ADN de los familiares de migrantes a los consulados estadounidenses, que a su vez los envían a dos laboratorios del país. Uno es Bode Technology, que recibe también los perfiles genéticos de los cadáveres que se encuentran en las morgues de Arizona y, en caso de registrar una coincidencia, la notifican. En el segundo laboratorio, que forma parte del Centro de Identificación Humana de la Universidad del Norte de Texas, se comparan los datos genéticos enviados por los consulados con una base de ADN de migrantes hallados sin vida en este estado, donde son encontrados el 50 por ciento de los restos no identificados de migrantes en Estados Unidos.
“No es perfecto, pero teniendo cruces masivos con Texas y Arizona cubrimos gran parte de lo que es el área importante para el tema de migración”, afirma Doretti.
Hasta el 31 de diciembre de 2022, el Proyecto Frontera había documentado 1,990 casos e identificado un total de 289 personas.
La finalidad del Proyecto Frontera es crear un mecanismo regional de intercambio de información forense de personas migrantes desaparecidas y restos no identificados. Una de sus herramientas principales son los Bancos de Datos Forenses de Migrantes No Localizados creados en sus países de origen, integrados por el EAAF y por gobiernos, fiscalías, organizaciones civiles, comités de familiares y servicios forenses. Realizan entrevistas para recabar los datos físicos del o la migrante y las circunstancias de su desaparición, además de jornadas de toma de muestras de ADN a familiares de personas migrantes desaparecidas. La sistematización de esta información genética en bancos de datos permite realizar cruces masivos de muestras de ADN, que incrementan exponencialmente las posibilidades de identificación.
Antes del Proyecto Frontera se analizaban las muestras genéticas solo en algunos casos, y ”uno a uno”: cuando existía una fuerte sospecha sobre la identidad de un cadáver –por ejemplo, a causa de un tatuaje–, se comparaba una muestra de su ADN con la de sus presuntos familiares. Lo que impulsa el Proyecto Frontera son cruces masivos. “Consisten en que todos los perfiles genéticos de los familiares de migrantes no localizados o desaparecidos se crucen con todos los perfiles genéticos de restos no identificados. Esto aumenta las posibilidades de identificación”, explica Doretti.
El EAAF estableció también acuerdos para trabajar sobre casos específicos en algunos países de Centro y Sudamérica; en México, en relación con las masacres de migrantes ocurridas en 2010 y 2011 en San Fernando (Tamaulipas), y en 2012 en Cadereyta (Nuevo León). Tras la exhumación de fosas clandestinas en estas dos entidades, el EAAF pudo identificar a 96 migrantes, la mayoría procedentes de México.
El primer país en crear un Banco de Datos Forenses fue El Salvador en 2010, luego el proyecto se replicó en Honduras y Guatemala. El Proyecto Frontera quiere impulsar un banco de datos genéticos a nivel nacional también en México, con el propósito de contribuir a resolver la crisis forense que enfrenta el país, con 52,000 cadáveres sin identificar. Sin embargo, hasta el momento se han establecido solo en dos estados: Oaxaca y Chiapas.
Creado en 2012 mediante un convenio entre el EAAF, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, la Red de Apoyo a Migrantes en Chiapas y Voces Mesoamericanas, el Banco de Datos Forenses sobre Migrantes No Localizados de Chiapas tiene dos vertientes. Por ser un territorio de tránsito de migrantes, en 2012 realizó la exhumación y el análisis de restos de 72 personas no identificadas recuperados de 30 fosas comunes del cementerio Jardín de Tapachula para comparar sus perfiles genéticos con los de familiares registrados en los distintos bancos de Centroamérica y México. Por ser también una región de expulsión migratoria, documentó 93 casos de migrantes chiapanecos no localizados y logró identificar a 19 personas. El Banco de Datos Forenses de Oaxaca ha logrado dar con el paradero de 14 personas desaparecidas en su viaje rumbo al norte, y documentar un total de 117 casos.
Patricia del Carmen Ton Méndez cuelga una foto en un “árbol de la memoria” instalado en el Parque Central de San Cristóbal de las Casas el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Foto: Orsetta Bellani, A dónde van los desaparecidos
Doña Teresa recibió la notificación de la identificación de los restos de su esposo en diciembre de 2010. “En una pantalla grande grande me hablaron de Estados Unidos, una señora argentina de pelo largo”, recuerda.
Le latía el corazón cuando se sentó frente a la pantalla. Estaba convencida de que los análisis de ADN no habían arrojado resultados y se sorprendió al descubrir que había un 98 por ciento de posibilidad de que los huesos encontrados en el desierto fueran los de Jaime. “A mí y a mis hijas nos dolió mucho, pero ¿qué le íbamos a hacer? Ya no había otra cosa que hacer más que aceptarlo”, dice la mujer, que se preparó para sepultar por segunda vez los restos descompuestos de su esposo. “Se enterró en la comunidad. Se le puso mezcla de cemento, se le echó tierra encima y ya, ni una cruz ni nada tiene”.
Fue una ceremonia todavía más sobria que el primer entierro, cuando solo un familiar de su marido participó. La ciencia no bastó para resolver la incertidumbre de los hermanos de Jaime, que todavía no creen que haya muerto y siguen esperando su regreso.
Las manos de doña Teresa están apoyadas en la mesa y casi no se mueven. Habla con voz suave y cuenta los detalles de su historia, adelantando la barbilla para buscar la grabadora. No presume sus quince años de lucha ni el hecho de ser una de las fundadoras del Comité Junax Ko’tantik, Familias Unidas de Chiapas Buscando a Nuestros Migrantes, que forma parte del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México. El colectivo es, según una investigación de Voces Mesoamericanas, el único comité de familiares de desaparecidos del sureste de México, fue creado en 2010 y reúne a alrededor de 40 familias del estado, en gran parte indígenas.
Una de sus principales demandas es la creación de un consejo ciudadano en la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, integrado por familiares de personas desaparecidas, especialistas en la materia y organizaciones de derechos humanos, tal como lo prevé la Ley de Víctimas para la conformación de su Comisión Ejecutiva Estatal.
Junax Ko’tantik no busca solo a migrantes chiapanecos desaparecidos durante su cruce por el desierto, sino también en Estados Unidos y en otros estados de México. Su exigencia es que la búsqueda empiece en la entidad de origen de la persona migrante, teniendo en cuenta su contexto, y que trabajen en colaboración la fiscalía del estado de procedencia con la de la entidad donde desapareció, o desde la que se comunicó por última vez.
“Queremos que las fiscalías trabajen en colaboración con las demás instituciones y entre ellas: vivimos en Chiapas y queremos que los expedientes se queden aquí, pues se nos hace imposible viajar seguido a Tamaulipas para revisarlos”, afirma Patricia del Carmen Ton Méndez, integrante de Junax Ko’tantik, quien junto con su consuegra Verónica Guillén Trujillo busca a su hijo Hugo Francisco Ton Méndez, desaparecido el 16 de abril de 2019 en el Walmart de Nuevo Laredo con su esposa Karina del Carmen Ruíz Guillén y su cuñado Carlos Alfredo Ruíz Guillén.
Doña Teresa tiene claro que jamás dejará de apoyar a sus compañeras y compañeros. Lo supo con certeza en 2012, cuando por primera vez viajó a la Ciudad de México para participar en un encuentro nacional de familiares de personas desaparecidas. “En el encuentro entendí que no estaba sola. El dolor que ellos están sintiendo yo lo sentí, en carne propia lo viví”, dice Teresa. “Entonces quiero seguir dando aliento a mis compañeros y compañeras de Junax Ko’tantik, recordarles que no hay que rendirnos, hay que seguir hasta saber qué pasó con nuestros familiares. Hay muchas familias que tienen desaparecidos y no los han encontrado. Yo por lo menos encontré a Jaime”.
Por Orsetta Bellani