Guanajuato. La Fiscalía General del Estado (FGE), no logró ningún acuerdo entre los abogados del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (Sapal), y las familias de tres de las cinco víctimas del accidente en el módulo de desbaste de la planta de tratamiento.
Las familias piden que no sólo se de una indemnización económica, sino que puedan tener acceso a la justicia y a la no repetición. En contraparte, los abogados de SAPAL ofrecieron 434 mil a cada familia afectada, pero a cambio de retirar la denuncia penal contra la paramunicipal.
Poco después de las 12:00 de la tarde de esté viernes, las dos partes fueron citadas por la FGE. Sin embargo, después de casi una hora y media, no llegaron a ningún acuerdo. Y la siguiente reunión será el 21 de noviembre.
Víctor Briseño, padre de Víctor Ricardo Briseño Rangel, aseguró que no sólo se trata del dinero de la indemnización, sino que se tiene que responsabilizar a los funcionarios que dieron la orden, lo que implica a la presidencia del consejo del organismo encabezada por Jorge Ramírez.
Detalló que los cinco trabajadores de SAPAL murieron intoxicados por el ácido sulfhídrico, las malas condiciones, sin protección, ni capacitación en cómo se operó y sigue operando la planta, pues es un riesgo latente.
“Yo creo que es la principal causa por la que hemos emprendido estás demandas para pedir justicia antes que el dinero, pues sí yo hubiera sabido ahorita que sí se habían encontrado responsables y que Sapal era el responsable…, A lo mejor se tendría un culpable y no estaría peleando eso.
Sapal se va sin sanciones y sin nada. Yo pienso que lo mínimo era la destitución de estás personas, sino iban a pisar la cárcel, cuando sí serían sancionados económicamente”.
El padre de Víctor Ricardo Briseño Rangel afirmó que hay un malestar de las familias afectadas porque la planta sigue operando igual, y SAPAL no ha corregido el estado en el que está, sino que ha evadido dar la cara, culpando únicamente al responsable de la planta.
“No quisimos llegar al acuerdo este y no por las cantidades, porque hay un tope penal, sino por la justicia”.
Por su parte, Gustavo Lozano, integrante de Acción Colectiva, organización que ha acompañado a las familias víctimas del accidente, dijo que en la audiencia de conciliación, le preguntaron a los abogados de SAPAL sobre la respuesta que le darían a la alcaldesa Alejandra Gutiérrez, y solo respondieron que no tienen ningún tipo de instrucción.
“Acatar las recomendaciones de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato al 100 por ciento; revisar de manera exhaustiva los protocolos de actuación del Sapal para que lo que ocurrió con las víctimas del 13 de noviembre no se repita nunca más, y finalmente apegarnos a un procedimiento dentro del esquema de justicia alternativa”, recordó el activista.
Por último, recordó que Sapal anteriormente ya les había propuesto a las familias indemnizarlos, pero con ello desistir a las denuncias penales, administrativas, y dejar de hablar de su caso en la prensa, cosa que no se hizo.
