Por Nancy Gómez
Ciudad de México, 22 de mayo (SinEmbargo).- Una corte civil de Miami sentenció al exsecretario mexicano de Seguridad, Genaro García Luna, y a su esposa, Cristina Pereyra, a pagar dos mil 488 millones de dólares (mdd) por su participación en un esquema de contrataciones ilegales en el Gobierno de México.
La Jueza Lisa Walsh emitió la sentencia contra los acusados, días después de que el Gobierno de México le solicitara declararlos culpables sin necesidad de ir a juicio, señalando que no comparecieron directamente ni a través de algún representante para responder a un proceso iniciado en 2021.
De acuerdo con el fallo, García Luna debe restituir 748 millones de dólares, mientras que su esposa debe pagar mil 740 millones de dólares, al considerarse que ella fue una pieza clave en el esquema de transferencia y ocultamiento de activos.
El Gobierno mexicano señala que, con el auspicio de García Luna, el conglomerado empresarial de la familia Weinberg, de origen israelí, obtuvo ilícitamente 30 contratos con entes públicos de seguridad en México y extrajeron más de 634 millones de dólares de las arcas nacionales.
Las autoridades de México aseguran que los recursos fueron transferidos, a través de paraísos fiscales, al estado de Florida, y utilizados para la adquisición de bienes muebles e inmuebles y otros activos.
El 21 de septiembre de 2021, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó una demanda civil ante el Tribunal del Undécimo Circuito Judicial del Condado de Miami-Dade, Florida, para la recuperación de los activos. De este modo, se aseguraron 19 propiedades de García Luna y sus cómplices.
La demanda de la UIF reclamaba 28 inmuebles en Florida, de los que 18 ya fueron vendidos; 12 antes de que se iniciara el litigio y seis después. Según la UIF, García Luna recibió sobornos de los Weinberg desde 2006.
García Luna no notificó en momento alguno su interés en defenderse; su esposa compareció inicialmente a través de un abogado, que finalmente se retiró del caso. Ella tampoco asistió a las audiencias de mediación que intentaron realizarse desde 2024, por lo que la Jueza decidió fallar en su contra y condenarlos a pagar.
“De acuerdo con la Ley de Florida, la sentencia equivale a tres veces la cantidad de dinero por la que el Gobierno de México los demandó originalmente”, destacó hoy la UIF en una tarjeta informativa.
Asimismo, sostuvo que “la sentencia es consecuente con siete resoluciones de culpabilidad emitidas y ejecutadas previamente en contra de García Luna, su esposa y sus cinco empresas como resultado de su omisión de concurrir al juicio”.
“De las resoluciones de culpabilidad citadas, ya fue ejecutada una respecto de la empresa Delta Integrator LLC, propiedad de García Luna y su esposa, de lo que derivó una recuperación de activos que asciende a $1,970,872.72 dólares norteamericanos (un millón novecientos setenta mil ochocientos setenta y dos 72/100 dólares), así como la transmisión de la propiedad de un bien inmueble valuado en $555,800.00 dólares norteamericanos (quinientos cincuenta y cinco mil ochocientos 00/100 dólares)”, apuntó la Unidad.
Adicionalmente, precisó, “como resultado del vencimiento de una hipoteca otorgada a un tercero por la misma empresa, ya se obtuvo una recuperación adicional de $275,000.00 dólares norteamericanos (doscientos setenta y cinco mil 00/100 dólares)”.
“Los recursos líquidos recuperados fueron ingresados de inmediato a la Tesorería de la Federación, mientras que el bien inmueble está bajo administración del Gobierno de México para su venta”, aclaró el organismo encabezado por Pablo Gómez Álvarez.
“Bajo la propiedad directa de García Luna y su esposa, como personas físicas, así como de las empresas OGGI CAFFE LLC, GL& ASSOCIATES CONSULTING LLC, y GLAC SECURITY, no han sido localizados otros bienes; sin embargo, a partir de la emisión de la sentencia, el Estado Mexicano procederá a su ejecución respecto de los bienes propiedad de los sentenciados que sean localizados en el futuro, aún bajo la propiedad simulada de terceros que operen como testaferros”, finalizó.
Este caso civil es independiente del que terminó con García Luna condenado, en octubre de 2024, a 38 años y ocho meses de prisión por un tribunal en Nueva York, tras ser declarado culpable de proteger al Cártel de Sinaloa a cambio de “millones de dólares en sobornos”. El Juez que llevó este caso, Brian Cogan, le impuso una sanción de dos millones de dólares.
