Por Pedro Mellado Rodríguez
Ciudad de México, 19 de mayo (SinEmbargo).- El martes 13 de mayo del 2025 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Estrategia Nacional de Seguridad 2024-2030, lo que le convierte en el documento rector para la pacificación del país y se articula en torno a cuatro ejes básicos: 1).- Atención a las causas; 2).- Consolidación de la Guardia Nacional; 3).- Fortalecimiento de la inteligencia e investigación, y 4).- Coordinación absoluta en el Gabinete de Seguridad y con las entidades federativas. Al hacer un balance de los cinco primeros meses de gobierno de Claudia Sheibaum Pardo, se advierte que el gobierno federal ha causado afectaciones económicas a las organizaciones criminales por más de 300 mil millones de pesos.
El documento señala que el Eje Atención a las causas está encaminado a desarrollar acciones para el bienestar y la prosperidad de la población y garantizar su acceso a la educación, el trabajo, la salud, la vivienda, el deporte, la cultura, entre otros servicios y derechos, principalmente a las personas jóvenes y a los grupos considerados prioritarios por su grado de vulnerabilidad, con el propósito de ayudarles a construir un mejor proyecto de vida, eliminar las brechas de desigualdad social y prevenir que se involucren en actividades delictivas.
Mientras que el Eje Consolidación de la Guardia Nacional implica que esta fuerza de seguridad pública continuará su desarrollo, adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), bajo una estricta supervisión, disciplina, formación y profesionalización en doctrina policial civil, buscando garantizar en todo momento que su actuación sea respetuosa de los derechos humanos.
En cuanto al Eje Fortalecimiento de la Inteligencia e Investigación, se busca crear y consolidar el Sistema Nacional de Inteligencia e Investigación en Materia de Seguridad Pública, a través de una legislación secundaria funcional, derivada del texto constitucional, que, con base en sus principios y fines, prevea mecanismos para el cumplimiento de su objeto, e igualmente regule su adecuado funcionamiento mediante reglas de operación para la interconexión e integración de información a este Sistema, así como la generación de productos de inteligencia, entre otros aspectos.
Más facultades
Para cumplir la estrategia Nacional de Seguridad, el martes 31 de diciembre del 2024 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma al Artículo 21 constitucional que fortaleció al actual Secretario de Seguridad Pública federal, Omar García Harfuch, al atribuirle facultades especiales y una vinculación directa con la Presidenta Sheinbaum Pardo: “La Secretaría del ramo de Seguridad Pública formulará, coordinará y dirigirá la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, así como los programas, las políticas y acciones respectivos; auxiliará a la persona titular de la Presidencia de la República en el ejercicio de las funciones en materia de seguridad nacional”.
En el mismo párrafo se le atribuyó a Omar García un papel clave en la estrategia de seguridad nacional: “Le corresponderá la coordinación del Sistema Nacional de Inteligencia en materia de seguridad pública, en los términos que señale la Ley, y podrá coordinar las acciones de colaboración de los tres órdenes de Gobierno, a través de las instituciones de seguridad pública, los cuales además deberán de proporcionar la información de que dispongan o que recaben en la materia conforme a la Ley. Podrá solicitar información a las instituciones y dependencias del Estado para la identificación y esclarecimiento de los hechos presuntamente constitutivos de delitos”.
Además, en el mismo paquete de reformas constitucionales al Artículo 21 constitucional se le amplió el horizonte de trabajo a García Harfuch en un área que es y será clave en la lucha contra el narcotráfico: “La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público, a la Secretaría del ramo de Seguridad Pública del Ejecutivo Federal, a la Guardia Nacional y a las policías, en el ámbito de su competencia, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función”. Esta reforma vinculó estrechamente las tareas de investigación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana con la Fiscalía General de la República.
El recuento
En un análisis de las etapas cumplidas durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se hace un recuento de los avances en materia de seguridad pública.
El promedio diario de víctimas de homicidio doloso tuvo una reducción de 23.8 por ciento entre 2018 y enero de 2025, pasando de un promedio de 100.5 a 76.5 víctimas diarias, de acuerdo con datos del INEGI para el periodo 2018-2023, complementados con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) para 2024 y enero de 2025.
En cuanto a los delitos de alto impacto, se muestran los siguientes resultados entre enero de 2019 y enero 2025:
Feminicidio: En 2019 el promedio diario fue de 2.16 y para 2025, de 1.65, lo que representa una disminución del 23.9%.
Lesiones dolosas por disparo de arma de fuego: Para este delito se registró una disminución del 32.7%, pasando de un promedio diario de 31.3 en enero de 2019 a 21.1, en enero de 2025.
Secuestro extorsivo: El promedio diario registrado en 2019 fue de 34.26, que, comparado a enero de 2025, en el que se registró 0.94, refleja una disminución de 97.3%.
Robo con violencia: En todas las modalidades de este delito existieron reducciones considerables, entre las que destacan 56.8% en robo a casa habitación con violencia; 55.7% en robo a transportista con violencia; 53% en robo a negocio con violencia; 43.1% en robo a transeúnte con violencia, y 32.6% en robo a vehículo con violencia.
Delito de extorsión: De los delitos de alto impacto, el único que ha presentado un incremento del 21.1% es el delito de extorsión, toda vez que en 2019 se presentaba un promedio diario de 22.68, mientras que en 2025 es de 27.45.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI, desde 2018 la percepción de inseguridad en la población de 18 años de edad y más ha mostrado una tendencia a la baja. Mientras que en el primer trimestre de 2018, el 76.8 por ciento de la población manifestó sentirse insegura en su ciudad, en el último trimestre de 2024, esta cifra fue de 61.7 por ciento, lo que representa una reducción en el indicador de percepción de inseguridad del 15 por ciento. A pesar de esta disminución, más de la mitad de la población que habita en zonas urbanas sigue percibiendo inseguridad, lo que continúa siendo un reto importante en materia de seguridad pública.
Situación de las políticas
De acuerdo con datos del Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal 2024 y el Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 2024, ambos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), hay un total de 291,200 policías en el país, de los cuales 128,773 pertenecen al orden estatal y 162,427 al orden municipal. La cantidad de elementos y la tasa de policías por mil habitantes varían significativamente entre las 32 entidades federativas, lo que evidencia que en la mayoría de los casos existe un déficit de personal policial y la necesidad de fortalecer a las corporaciones.
La Comisión Nacional de Salarios Mínimos (CONASAMI), ha llevado a cabo diferentes análisis para estimar un ingreso suficiente que garantice a los policías, así como sus familias, una vida digna. Estos estudios consideran la cobertura de sus necesidades básicas, incluyendo alimentación, calzado, vivienda, salud, educación y recreación.
De acuerdo con el estudio de la CONASAMI del año 2024, el salario bruto promedio de un policía raso en México es de $17,300 pesos. Las entidades que cumplen con el salario mínimo establecido son 16, entre las que se encuentran Baja California, con $28,000 pesos; Guanajuato, con $27,671 pesos; Nuevo León, con un salario de $27,667 pesos y y Quintana Roo, donde los policías ganan en promedio $25,569 pesos.
Investigación e inteligencia
En términos del artículo 21 constitucional, párrafo primero, todas las policías del país tienen la facultad de investigar delitos bajo la conducción y mando del Ministerio Público. Esta atribución también está contemplada en el numeral 75 de la actual Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que establece que las instituciones policiales, para el cumplimiento de sus objetivos, deberán desempeñar al menos funciones de investigación, prevención y reacción. La función de investigación es aplicable ante la preservación de la escena de un hecho probablemente delictivo; la petición del Ministeri Público para la realización de actos de investigación de los delitos, y los actos que deban realizarse de forma inmediata o ante la comisión de un delito flagrante.
En el país, al menos 21 secretarías de seguridad pública o instancias equivalentes en las entidades federativas cuentan con unidades de investigación. Sin embargo, Sonora, Jalisco, Aguascalientes, Quintana Roo, Hidalgo y Durango están en proceso de integración, y Morelos, San Luis Potosí, Veracruz, Querétaro y Coahuila carecen de esta área. Tal situación podría limitar las capacidades estatales para combatir la delincuencia y esclarecer hechos delictivos, dificultando la coordinación con las fiscalías y/o procuradurías generales de justicia.
Fiscalías y/o procuradurías
De acuerdo con datos de incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública , a diciembre de 2024, el 96.38 por ciento de los delitos que afectan a la población pertenecieron al fuero común; sin embargo, muchos de ellos tienen vínculos con delitos federales, lo que hace indispensable mejorar la coordinación entre la Federación y las fiscalías estatales.
Durante la administración 2018-2024 hubo avances significativos en cuanto a la creación, operación y despliegue de la Guardia Nacional en todo el país, colocándose como una fuerza de seguridad pública profesional y de carácter permanente. Este cuerpo policial es uncomponente fundamental de la nueva Estrategia de Seguridad.
Hasta mediados de 2024, la Guardia Nacional había alcanzado un estado de fuerza de más de 133,000 elementos, de los cuales 108,455 realizaron acciones operativas. Contaba con 372 compañías, 17 coordinaciones de batallón, 8 coordinaciones estatales y 6 unidades habitacionales, además de 403 inmuebles distribuidos en 266 coordinaciones regionales en las 32 entidades federativas.
Para reforzar su operación y estructura, la anterior Administración emitió los scuerdos respectivos para la creación de nuevas instancias dentro de la Guardia Nacional. Entre ellas, la Subjefatura de Investigación e Inteligencia, encargada de auxiliar en la concepción, planeación y conducción de las atribuciones en materia de prevención e investigación de delitos, así como en el desarrollo de operaciones de inteligencia.
Avances de la estrategia
La Estrategia Nacional de Seguridad Pública ha demostrado su efectividad, dice el documento publicado en el Diario Oficial de la Federación, ya que incorpora nuevos enfoques y modelos de actuación que conducirán a la construcción de una paz sostenible. Los logros que se derivan de estas acciones, entre octubre de 2024 y enero de 2025, que se describen a continuación:
Reducción del promedio diario de víctimas de homicidio doloso: Desde el inicio de la actual administración, de septiembre de 2024 a enero de 2025, el promedio diario de homicidios dolosos ha mostrado una reducción de 12 por ciento, al pasar de 86.93 a 76.55 víctimas diarias, reflejando una tendencia a la baja en este periodo.
Acciones en contra de la elaboración de drogas sintéticas: La Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública federal, la Fiscalía General de la República y las Fiscalías de los estados, han realizado diversas operaciones en los estados de Baja California, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Puebla, Querétaro, Sinaloa, Sonora y Tlaxcala.
Con estas acciones se logró la detención de 14,517 personas por delitos de alto impacto; el aseguramiento de 7,375 armas de fuego y 125.8 toneladas de diversas drogas, que incluyen 1,271 kilogramos y más de un millón 640 mil pastillas de fentanilo. La localización y destrucción de 475 laboratorios clandestinos para la elaboración de metanfetamina, así como 631,574 litros y 144,864 kilogramos de sustancias químicas, además de 417 reactores de síntesis orgánica, 200 condensadores y 87 destiladores. La afectación económica a las organizaciones delictivas supera los 300 mil millones de pesos.
Acciones y operativos estratégicos en la frontera norte del país: El Gobierno de México, a partir de la coordinación absoluta del Gabinete de Seguridad y en acuerdo de cooperación con el gobierno de los Estados Unidos, a partir del 05 de febrero de 2025, ha llevado a cabo acciones y operativos estratégicos en la frontera norte del país, región históricamente considerada un punto estratégico para la comisión de diversos delitos y operaciones de la delincuencia organizada, lo que la convierte en una zona de atención prioritaria de la Estrategia de Seguridad.
Acciones estratégicas y contundentes de cooperación internacional para el combate a la delincuencia: En un acto de autoridad sin precedentes y como resultado de una política de cero impunidad, el 27 de febrero de 2025, en coordinación y respeto a la soberanía y reciprocidad internacional con el Gobierno de los Estados Unidos, se acordó, con base en el texto constitucional y las disposiciones legales aplicables en materia de seguridad nacional, el traslado y la entrega de 29 generadores de violencia requeridos por el Departamento de Justicia del vecino país.
Esta operación, decidida de manera colegiada, contó con la participación y coordinación de 3,512 elementos, 342 vehículos y 20 aeronaves de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública Federal y la Fiscalía General de la República, reflejando un esfuerzo conjunto sin precedentes en la lucha contra la delincuencia organizada. Sobre esta base, el pasado 13 de mayo del 2025 se puso formalmente en marcha la Estrategia Nacional de Seguridad 2024-2030 del gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo.
