Ciudad de México, (SinEmbargo). A seis años de la entrada en vigor del Sistema Nacional de Atención a Víctimas (SNAV) su ineficacia ha vulnerado a cientos de personas convirtiéndolas en el estereotipo de víctima ideal del Estado, “la que se sienta y espera”, denunciaron hoy organizaciones civiles ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Muestra de la indiferencia del Gobierno mexicano es que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) carece de titular a 5 meses de la renuncia de Jaime Rochín; a ello se suma que a casi un año de rendir protesta como Presidente, Andrés Manuel López Obrador no ha convocado a sesionar al SNAV, pese a que la Ley General de Víctimas dicta que debe hacerlo una vez cada seis meses, expusieron representantes de Fundar, Litigio Estratégico en Derechos Humanos (IDHEAS) y de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).
Entre los obstáculos detectados por organizaciones civiles para que la Ley General de Víctimas se aplique está la falta de voluntad política de los gobiernos federal y estatales, pues 10 entidades del país no tienen comisiones ejecutivas de atención a víctimas y las que sí operan sin el personal suficiente; mientras que en 14 estados no tienen un registro de víctimas y otros carecen de una ley en esa materia, señaló Jérémy Renaux, Subdirector de IDHEAS.
En la audiencia pública, Ximena Antillón, investigadora del Área de Derechos Humanos de Fundar, denunció que las personas se han convertido en “víctimas ideales” desde de la entrada en vigor de la Ley General de Víctimas -en 2013- toda vez que éste opera sin criterios y procedimientos claros.
“La atención de las víctimas sigue dependiendo de lo mediático de los casos y de los contactos de las y los afectados con colectivos de la sociedad civil. Además, las víctimas se enfrentan a tiempos de espera inciertos”, expuso, y opinó que el SNAV y la CEAV han actuado como “sistemas clientelares de simulación y revictimización”.
Para Nancy López, de la CMDPDH, ante la falta de atención integral, la CEAV se ha transformado en “un programa de corte asistencialista mas allá de una política de Estado”.
Además de que ha operado sin un reglamento desde hace más de dos años, lo que ha propiciado la discrecionalidad y opacidad en el apoyo a víctimas, de acuerdo con Jérémy Renaux.
LEY SIGUE SIN APLICARSE
Para las organizaciones, un reto al que se enfrentan instituciones como la CEAV para aplicar la Ley General de Víctimas es que sus funcionarios siguen sin comprender el impacto generalizado que tiene la impunidad para las personas afectadas, por ejemplo en materia de salud física y mental.
Al respecto, Jérémy Renaux habló sobre Gregorio Cano, quien recientemente murió de un cáncer que presentó después de que su hijo, un marino, desapareciera en Michoacán en 2011. “No pudo recibir apoyo de la CEAV porque no pudo demostrar que su enfermedad se desató a raíz de su pérdida”.
La defensora Nancy Sánchez criticó que los estándares para que una persona sea beneficiada por la CEAV sean tan altos, pues las personas deben acreditar contar con recomendaciones de organismos de derechos humanos. Además de que las acciones de la comisión suelen reducirse a compensaciones económicas y dejan de lado garantizar a las víctimas medidas de no repetición.
Las víctimas también se enfrentan a una atención ineficiente por la carga de trabajo de abogados de la CEAV, acusó Renaux, pues solo hay 145 asesores jurídicos y cada uno está a cargo de aproximadamente 105 expedientes.
COMPROMISOS Y EXIGENCIAS
Esmeralda Arosemena de Troitiño, Presidenta de la CIDH, reconoció la buena voluntad del Gobierno mexicano por crear hace seis años el Sistema Nacional de Atención a Víctimas, pero coincidió con las organizaciones civiles en la necesidad de trabajar articuladamente con víctimas para que éste funcione.
La Presidenta incluso ofreció el apoyo de la CIDH para que dicho objetivo se alcance.
El Estado mexicano estuvo representado ante la Corte por Ana Pamela Romero Guerra, Directora General de Atención Inmediata y Primer Contacto en la CEAV, quien reconoció la falta de personal pero aseguró que ya se trabaja en esa materia y dijo estar dispuesta a agendar reuniones contantes con víctimas y la sociedad civil.
Las exigencias de las 25 organizaciones mexicanas que llevaron el caso a la CIDH fueron crear una Unidad de Análisis y Atención de Riesgo para víctimas al interior de la CEAV; que el Jefe del Ejecutivo convoque cada seis meses a una sesión del SNAV; que el Estado garantice recursos suficientes para la CEA; así como la creación de un Programa Administrativo Emergente de Reparación accesible y complementario al SNAV, dictar sanciones para quienes incumplan la Ley de Víctimas y elegir a la persona titular de la CEAV.
5⃣Decidimos litigar ante 2 situaciones:
👉La demora injustificada en reparar integralmente a las víctimas
👉Las resoluciones sin perspectiva de reparación integral de @CEAVmex📢Logramos que el Poder Judicial se manifestara sobre la falta de integralidad de resoluciones de CEAV pic.twitter.com/95eRnwpgzL
— CMDPDH (@CMDPDH) November 11, 2019
