Guanajuato. A lo largo de 15 años, entre 2009 y 2024, Guanajuato acumuló al menos 24 aseguramientos de laboratorios clandestinos asociados principalmente a la producción de metanfetamina y manejo de sustancias químicas, de acuerdo con datos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Aunque la cifra de Guanajuato podría parecer menor frente a estados tradicionalmente identificados con el narcotráfico como Sinaloa, Michoacán y Jalisco, sí evidencia asentamientos estratégicos del crimen organizado en 20 de los 46 municipios dentro y fuera del corredor industrial, según datos obtenidos vía transparencia con la solicitud 330026425000699.
El país recorre desde hace varios sexenios una crisis prolongada de violencia, con más de 450 mil homicidios dolosos desde 2006 y más de 120 mil personas desaparecidas. En ese contexto, Guanajuato se convirtió desde 2018 en el estado más violento del país, concentrando un número alarmante de homicidios, masacres, ataques armados y enfrentamientos entre grupos criminales.
El repunte coincide también el auge del robo de combustible, pero que con la estrategia contra el huachicol del expresidente Andrés Manuel López Obrador, derivó en un esquema más amplio de extorsión, secuestro, control de territorio, venta y hasta producción de drogas.
Además la disputa directa entre grupos criminales que afectó la seguridad de municipios como Celaya, León, Irapuato y Salamanca que se convirtieron en zonas de disputa.
Desde esa línea, la presencia de narcolaboratorios en municipios con baja percepción de criminalidad o fuera del radar habitual, como San Felipe, Jerécuaro o Santiago Maravatío, revelan el grado de infiltración silenciosa de los cárteles en zonas rurales, de difícil acceso o con menor presencia institucional.
Narcolaboratorios, homicidios y tomas clandestinas
Los datos de los últimos 17 años evidencian que la violencia homicida, el robo de hidrocarburos y la producción de drogas sintéticas han crecido de forma paralela en Guanajuato, con repuntes coincidentes en años clave: 2010, 2014, 2018 y 2020.
En 2010 se detectaron 13 narcolaboratorios, de los cuales siete se ubicaron en San Felipe. Ese mismo año, aumentaron las tomas clandestinas a 23 y hubo 446 homicidios.
Para 2014 se detectaron tres narcolaboratorios en Comonfort, León y Yuriria, pero las tomas clandestinas se dispararon a 411 y los homicidios llegaron a 802. Cuatro años después en 2018 se detectó un narcolaboratorio en Juventino Rosas, se localizaron 1 mil 919 tomas clandestinas, que fue el máximo histórico y 3 mil 290 homicidios dolosos.
Para el 2020 se sumaron dos narcolaboratorios en Celaya y León, 609 tomas clandestinas de hidrocarburo y 4 mil 490 homicidios que marcaron ese año como el más violento de la historia de Guanajuato.
Los datos muestran una escalada integral de actividades criminales, donde la producción y tráfico de drogas se entrelazan con el robo de combustible y la violencia como herramientas de control territorial.
El último narcolaboratorio asegurado fue en 2024 en Acámbaro, lo que muestra una permanencia del fenómeno.
Los años con mayor actividad de narcolaboratorios a nivel nacional fueron 2010, 2013, 2018 y 2020, coincidiendo con transiciones federales o reconfiguraciones de cárteles.
Los narcolaboratorios ubicados en este periodo también muestran que Guanajuato dejó de ser un estado de tránsito para convertirse en un punto estratégico de producción, almacenamiento y distribución.
Para el especialista en seguridad, David Saucedo el desmantelamiento de narcolaboratorios no afecta el desempeño de los grupos delictivos porque es fácil reponer los espacios.
Dijo que este tipo de acciones para los grupos delincuenciales son contempladas entre sus pérdidas y buscan nuevos territorios.
Patrones a nivel nacional
El análisis de datos del resto del país confirma que los narcolaboratorios no son un fenómeno aislado. En los últimos 25 años en México se han asegurado 3 mil 820 laboratorios clandestinos, entre los que destacan los estados de Sinaloa (478), Michoacán (453) y Jalisco (450) que concentran el mayor número de laboratorios, muchos de ellos con capacidades industriales.
Sin embargo, en años recientes se ha detectado una dispersión hacia el Bajío, el noreste y el sureste del país, lo que expertos interpretan como una estrategia para evadir el rastreo militar y las campañas de erradicación.
La mayoría de laboratorios están ligados a la producción de metanfetaminas, aunque también hay registros de opioides sintéticos y precursores químicos con nexos internacionales, particularmente hacia Estados Unidos, el principal mercado de consumo.
