León, Gto. Los Centros de Reinserción Social de Guanajuato, pasaron sin observaciones mayores las revisiones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que plasmó en el Informe Especial COVID-19 en Centros Penitenciarios, en el que se revisaron las condiciones de operación, medidas preventivas y gestiones para resguardar a su población vulnerable.
En el documento se indica que se ha confirmado sólo un caso de COVID-19 en los Ceresos de Guanajuato. Este corresponde al detectado el pasado 12 de mayo, en un interno del Centro de Reinserción Social de León.
En ese caso, a través del Sistema Penitenciario de la entidad, el reo acudió al servicio médico de la propia institución por presentar un cuadro sintomático de dolor de cabeza, garganta, así como tos; fue trasladado al Hospital COVID para aplicarle la prueba, la cual resultó positiva.
Según se informó, el reo tuvo una visita familiar por parte de su esposa, en días previos a la detección del contagio.
A partir de ahí, el informe de la CNDH indica que el Coordinador de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud de Guanajuato (SSG) avisó que se han aplicado 15 pruebas siguiendo la definición operacional del Lineamiento Estandarizado para la Vigilancia Epidemiológica y por el Laboratorio de Enfermedad Respiratoria Viral.
En total, Guanajuato cuenta con once centros penitenciarios, con una población de 6 mil 124 hombres y 248 mujeres. Con una capacidad instalada para 5 mil 970 internos, la sobrepoblación es de 402, es decir, del 6.7 por ciento repartido en ocho centros.
En cuanto a la liberación anticipada, por razones de vulnerabilidad al COVID-19 la Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó desde mayo que alrededor de 200 internos, cumplirían con los requisitos legales.
En el informe, la CNDH expuso que el Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura del estado de Guanajuato expresó que en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública del estado, adoptaron medidas para enfrentar el hacinamiento en los centros penitenciarios, se identificaron a los internos en situación de vulnerabilidad frente a un eventual contagio por COVID-19.
“Situación que fue comunicada a los nueve Jueces que operan el Sistema de Ejecución Penal, sumiendo la resolución que conforme a derecho corresponda según el caso específico, evaluándose las solicitudes de beneficios carcelarios en contexto de la pandemia, verificando las condiciones del lugar en el que residirá el beneficiario”.
De manera particular, la CNDH revisó el Centro Federal de Readaptación Social No. 12 ubicado en el municipio de Ocampo, como parte de su competencia.
Como áreas de oportunidad, señalaron que al momento de la visita, no se aplican pruebas para detección de COVID19, además de que se debe garantizar y dar certeza de la continuidad de la suspensión de la visita familiar e íntima, la cual se remplazó por una llamada de 10 minutos. Además de que en el área de hospital no se observó gel antibacterial u otro sanitizante.
Como buenas prácticas, se destacó que el personal de seguridad y custodia, así como quienes producen los alimentos, fueron divididos en dos grupos, laborando 15 días por 15 días de descanso, pernoctando en el centro.
Además, diariamente se toma la temperatura a personas mayores, grupos de riesgo o a quienes manifiesten algún tipo de molestia médica. En los talleres de textil se observó que los privados de la libertad se encontraban realizando cubrebocas para su venta al exterior.
