Guanajuato. Entre allanamientos, golpes, cateos irregulares y hasta actos de violencia homicida, la Guardia Nacional ha acumulado 110 quejas procesadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), de los cuales, al menos 58 expedientes fueron iniciados por la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (Prodheg).
De la totalidad de los expedientes, la CNDH ha concluido 96, considerando 186 derechos investigados para su defensa, de acuerdo al Sistema Nacional de Alerta de Violación de Derechos Humanos.
Dentro del universo de quejas presentadas a través de la Prodheg, los cinco municipios donde se identificó una mayor incidencia de quejas contra la Guardia Nacional entre 2020 y 2024, son Irapuato, con 24; León, con 17; Celaya, 6; Acámbaro, 5; Dolores Hidalgo con 3; Guanajuato, 2 y Silao con una.
A solicitud expresa de información, la Prodheg detectó que los principales hechos violatorios atribuidos a la Guardia Nacional en los expedientes de queja entre 2020 y 2024 han sido las lesiones, trato cruel o tortura; detenciones arbitrarias o demora en la puesta a disposición de una persona detenida; allanamientos y cateos ilegales, o revisiones físicas irregulares.
También se han destacado los daños en la propiedad durante los cateos o el robo de bienes durante los mismos o en las revisiones físicas e insultos o agresiones que no son de tipo físico, como en caso de que apunten a alguien con sus armas sin justificación.
De acuerdo con el protocolo interinstitucional, cuando la Prodheg recibe una queja relacionada con posibles violaciones a derechos humanos atribuidos a la Guardia Nacional, se efectúan entrevistas con las posibles víctimas, una vez que son confirmados los hechos, y es obtenido cualquier dato o información, se integra un expediente.
Con el expediente integrado, se emite un acuerdo señalando que, por razones de competencia, se ordena su envío a la CNDH, quien habrá de desahogar la investigación correspondiente, ya que, es ella quien puede investigar posibles violaciones a derechos humanos atribuidas a autoridades federales.
Acordado y ordenado el envío, se notifica a la CNDH, así como a las posibles víctimas para su conocimiento y seguimiento.Guanajuato. Entre allanamientos, golpes, cateos irregulares y hasta actos de violencia homicida, la Guardia Nacional ha acumulado 110 quejas procesadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), de los cuales, al menos 58 expedientes fueron iniciados por la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (Prodheg).
De la totalidad de los expedientes, la CNDH ha concluído 96 considerando 186 derechos investigados para su defensa, de acuerdo al Sistema Nacional de Alerta de Violación de Derechos Humanos.
Dentro del universo de quejas presentadas a través de la Prodheg, los cinco municipios donde se identificó una mayor incidencia de quejas contra la Guardia Nacional entre 2020 y 2024, son Irapuato, con 24; León, con 17; Celaya, 6; Acámbaro, 5; Dolores Hidalgo con 3; Guanajuato, 2 y Silao con una.
A solicitud expresa de información, la Prodheg detectó que los principales hechos violatorios atribuidos a la Guardia Nacional en los expedientes de queja entre 2020 y 2024 han sido las lesiones, trato cruel o tortura; detenciones arbitrarias o demora en la puesta a disposición de una persona detenida; allanamientos y cateos ilegales, o revisiones físicas irregulares.
También se han destacado los daños en la propiedad durante los cateos o el robo de bienes durante los mismos o en las revisiones físicas e insultos o agresiones que no son de tipo físico, como en caso de que apunten a alguien con sus armas sin justificación.
De acuerdo con el protocolo interinstitucional, cuando la Prodheg recibe una queja relacionada con posibles violaciones a derechos humanos atribuidos a la Guardia Nacional, se efectúan entrevistas con las posibles víctimas, una vez que son confirmados los hechos, y es obtenido cualquier dato o información, se integra un expediente.
Con el expediente integrado, se emite un acuerdo señalando que, por razones de competencia, se ordena su envío a la CNDH, quien habrá de desahogar la investigación correspondiente, ya que, es ella quien puede investigar posibles violaciones a derechos humanos atribuidas a autoridades federales.
Acordado y ordenado el envío, se notifica a la CNDH, así como a las posibles víctimas para su conocimiento y seguimiento.
