Guanajuato. En los últimos seis años, la Secretaría de Gobierno del estado de Guanajuato ha publicado 32 sentencias de Declaración Especial de Ausencia (DEA), a pesar de que el número de personas desaparecidas sigue en aumento.
Hasta marzo de 2025, Guanajuato acumulaba más de 3 mil 500 personas desaparecidas y no localizadas, lo que lo coloca entre los estados con mayores cifras a nivel nacional. En este contexto, la Declaración Especial de Ausencia se ha convertido en una herramienta legal vital, pero de difícil acceso para muchas familias.
La DEA es un procedimiento legal que se implementa para proteger los derechos de una persona desaparecida y de sus familiares, cuando se presume que la desaparición está vinculada con la comisión de un delito. Esta figura permite conservar la personalidad jurídica de quien esté ausente y garantizar la protección de sus bienes, su familia y sus relaciones laborales.
Desde el 22 de diciembre de 2020, está vigente en Guanajuato la Ley de Declaración Especial de Ausencia, con el objetivo de establecer un procedimiento claro y eficiente para su emisión. Sin embargo, en la práctica, las familias enfrentan numerosos obstáculos para acceder a este recurso.
Es el caso de Edith Lendechy, integrante del colectivo “Proyecto de Búsqueda”, quien desde el 4 de noviembre de 2020 busca a su hija Bethzabet Aguilar, desaparecida en Apaseo el Grande. A pesar del tiempo transcurrido, fue hasta el año pasado que pudo obtener la Declaración Especial de Ausencia, lo que le permitió asumir la custodia legal de sus dos nietos.
Aunque la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas ha tramitado decenas de solicitudes de DEA, su titular, Sergio Jaime Rochín del Rincón, reconoce que existen múltiples trabas en el proceso, tanto en el ámbito judicial como en el bancario.
“Hay varias razones, y una de ellas es que las familias no conocen el procedimiento, y cuando lo conocen, a veces es difícil obtener la documentación adecuada, lo que retrasa aún más los tiempos”, explicó.
El funcionario detalló que muchas familias no cuentan con documentos esenciales como actas de nacimiento o de matrimonio, lo que complica el trámite.
“Eso hace que se vayan retrasando los procesos judiciales. Y, por otro lado, efectivamente muchas veces los bancos se resisten a ser notificados”, agregó Rochín del Rincón.
Además, admitió que algunos jueces carecen de capacitación y pericia en la materia, lo que también frena la emisión de sentencias. “Son pocos los que sí lo hacen”, reconoció.
A pesar de que la ley fue diseñada para garantizar protección a las familias de personas desaparecidas, la falta de conocimiento, la resistencia institucional y la lentitud judicial siguen siendo barreras que dificultan el acceso a esta figura legal en el estado.
Sentencias:
- 2019 se tienen dos sentencias
- 2020 reportan tres sentencias
- 2021 se registraron 10 sentencias
- 2022 se indican ocho sentencias
- 2023 y 2024 muestran cuatro sentencias respectivamente.
- Un sentencia más no indican año.
