Guanajuato. Con cuatro años transcurridos, el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) se encuentra a dos años de su primera revisión. Una coyuntura que impacta directamente con la elección presidencial que recientemente ganó el candidato republicano Donald Trump.
El T-MEC modernizó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) de 1994 y dio continuidad al marco regulatorio de la relación comercial entre México, Estados Unidos y Canadá.
Actualmente, el T-MEC tiene una vigencia de 16 años. En la próxima revisión de julio de 2026, los países podrán tomar la decisión de extender la vigencia actual del tratado por 6 años adicionales, es decir, hasta 2042. De lo contrario, deberán llevar a cabo revisiones anuales hasta que se cumpla su vigencia original.
Es en este marco que el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) junto al Wilson Center resaltó la importancia de asegurar que se cumplan los compromisos establecidos en el T-MEC, de manera que lleguen a la revisión con los argumentos necesarios para garantizar la estabilidad que el marco regulatorio del acuerdo otorga a la relación comercial trilateral.
“Esa estabilidad ha permitido que, entre otras cosas, México y Canadá incrementen su rol como proveedores de importaciones de Estados Unidos y superen los montos de importaciones estadounidenses provenientes de China”, advirtieron.
Destacaron la existencia de pendientes trilaterales con casos de controversia activos cuyo mecanismo para su resolución se ha activado siete veces en diferentes sectores: el sector de los lácteos, el automotriz, el energético, el de biotecnología agrícola y el de producción de paneles solares.
“En cuatro de esos casos, los paneles conformados concluyeron la investigación y presentaron un Informe Final. De los casos restantes, uno ha establecido un panel y otros dos -relacionados con las políticas energéticas de México- siguen en la etapa de consultas”.
En política energética y medidas en el sector eléctrico, recordaron que Estados Unidos alega que la implementación de políticas en el sector energético mexicano impactan negativamente a las empresas estadounidenses y canadienses del sector para beneficio de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex).
“Estas incluyen la propuesta de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica de marzo de 2021 -la cual fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia en febrero de 2024-, los retrasos en permisos para empresas privadas en el sector energético, la extensión otorgada a Pemex en el periodo otorgado para cumplir con requerimientos de suministro de diésel bajo en azufre y las acciones relativas al uso del servicio de transporte de gas natural de México”.
En la misma fecha, Canadá inició un proceso paralelo al solicitado por Estados Unidos sobre el mismo tema con México como país demandado.
Sobre las medidas relacionadas con el maíz genéticamente modificado, el gobierno de Estados Unidos argumenta que tres medidas entran en conflicto con las disposiciones del T-MEC por el rechazo de solicitudes de autorización para la importación de Organismos Genéticamente Modificados (OGM), incluido el maíz transgénico, la decisión de México de prohibirlo para la nixtamalización y la producción de harina, además de sustituir gradualmente para usos relacionados con el consumo humano y para el forraje.
“En un año con cambio de Gobierno Federal en México y elecciones en Estados Unidos, y con la posibilidad de modificaciones institucionales, de cambios regulatorios y de políticas públicas, la resolución de disputas pendientes y alineación de marcos regulatorios entre los tres países del T-MEC es crucial”.
Por ello, advirtieron que las nuevas administraciones tienen la oportunidad de tomar decisiones que promuevan una mayor integración productiva en América del Norte, para lo cual es indispensable asegurar el cumplimiento de los compromisos comerciales.
“Acciones como la presentación de iniciativas de reformas constitucionales o legales que puedan entrar en conflicto con el T-MEC, o que generen incertidumbre y disminuyan la certeza jurídica, afectan la competitividad regional”.
Por ello advirtieron que, a medida que se acerca la revisión del T-MEC, será fundamental alinear las políticas públicas entre México, Estados Unidos y Canadá, así como mantener los pesos y contrapesos necesarios para garantizar su longevidad y aprovechar sus beneficios al máximo.
