León, Gto. Una indígena de origen chiapaneco que padece discapacidad, fue agredida por inspectores de comercio y consumo que le decomisaron toda su mercancía de artesanías. Ahora convalece en el Hospital Móvil ubicado en las inmediaciones de San Carlos, pues no solo quedó lastimada de la columna, también la mantienen en observación por síntomas sospechosos a COVID-19.
Quien habló a su nombre es su hermana Melitona López, de 48 años de edad. Ella relató que varios integrantes de su familia debieron cambiar de ciudad en busca de mejores oportunidades, las cuales han solicitado en diversas ocasiones al gobierno municipal de León, para poder vender los artículos que ellos mismos realizan. El problema -aseguran- es la discriminación.
Melitona señaló que esta situación se agrava para su hermana, quien sufrió quemaduras desde bebé provocándole ceguera total en uno de sus ojos. Ella siempre ha sufrido con los inspectores por que al no poder ver, constantemente le quitan su mercancía.
“Nos dicen los inspectores que somos migrantes. Que por qué no nos regresamos a Chiapas; que afeamos la ciudad (….) yo he ido con el licenciado Fabrizio (Ibarra, director de Comercio y Consumo) y me gustaría que se hiciera justicia, que le otorgaran un espacio. Su hija es epiléptica, tiene una niña de ocho años. Siempre nos dicen que sí, por una temporada, pero se acaba”.
Fue el pasado miércoles 26 de septiembre cuando los inspectores abordaron a la comerciante y artesana justo frente al templo Expiatorio.
“No más lo agarraron. Ni contaron y se dieron a la fuga. Nunca nos regresan completo, de hecho una vez me pagaron una blusa por que salió manchada. A ella siempre se lo pierden y es el único sustento. Esta vez no se lo regresaron, la empujaron y se cayó de espaldas”, recordó.
El mismo miércoles la llevaron a Cruz Roja, ahí les llevaron al Hospital Comunitario de Las Joyas, donde le pidieron una tomografía y otros estudios. Ahí la ayuda, dijo, fue directa del director Fabricio Ibarra, quien la canalizó al Hospital Pablo de Anda. De ahí fue trasladada al hospital móvil, donde ahora se mantiene en observación y a la espera de los resultados de su prueba de COVID-19.
Ahora las condiciones son más graves para toda la familia, pues el decomiso se realizó justo frente al cierre de mes, cuando apremia la obligación de pagar la renta.
“Pagamos 1 mil 500 pesos al mes en dos lugares, cada lugar, aparte 1 mil 800 y mañana se vence. No hay mercancía, está internada y no tenemos nada que trabajar… me gustaría un apoyo para ellos, ella es de discapacidad. Hemos estado peleando permisos ocho años, a todas las dependencias, pedir apoyos favor y nada de permisos”.
Melitona se dijo consciente de la discriminación de la que son víctimas, con expresiones como las que les han escuchado a los funcionarios municipales.
“Para población indígena nos dicen los inspectores que somos migrantes, que por qué no nos regresamos a Chiapas, que por que afeamos la ciudad. Esa es una discriminación de parte del gobierno. Queremos justicia, queremos que le den un permiso como discapacitada”.
Por ahora, no les quedó más que pedir la solidaridad de la sociedad con apoyos en especie, para una despensa que por ahora no podrán pagar con su trabajo.
