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viernes, marzo 29, 2024

Irapuato: Tras darle largas al proceso, Juez federal ordena libertad a presuntos secuestradores

Irapuato, Gto. Bajo resguardo domiciliario y sin siquiera un brazalete que garantice que no van a evadir la justicia, fueron prácticamente liberados los dos presuntos responsables del secuestro de Kevin Damián Martínez Barrón y Juan Rodríguez Calcanas, denunció la madre y pareja de las víctimas, Norma Patricia Barrón Núñez, quien teme por su integridad y la de su familia.

Esto luego de que el Juez de guardia del Consejo del Poder Judicial de la Federación, José de Jesús Rodríguez Hernández, justificó que transcurrieron dos años sin que los inculpados hayan sido sentenciados, por lo que mantenerlos en prisión es violentar sus derechos humanos.

Foto: Salvador Escobar, plataforma por la paz

Lo anterior pese a que el retraso del proceso fue responsabilidad del propio Poder Judicial de la Federación, que aplazó la audiencia hasta por un año a ambos inculpados investigados por la Fiscalía General de la República (FGR), ya que a la par del secuestro, tendrían un proceso pendiente por delincuencia organizada.

De acuerdo con la vocera del colectivo ‘Una luz en mi camino’, Arturo ‘N’ y Simón ‘N’ son quienes recibieron el dinero del rescate, con lo que supuestamente serían liberados su hijo y pareja, víctimas de secuestro el primero de junio del 2019.

El 30 de junio de 2020 a los presuntos responsables se les giró orden de aprehensión, gracias a la presión que la buscadora y asesores legales realizaron ante las autoridades. Un año más tarde son detenidos y vinculados a proceso.

“esperé un año para que se les girara orden de aprehensión a pesar de ya tenerlos identificados, y por presión se les gira la orden de aprehensión, los vinculan a proceso y los tienen ahí detenidos, se va haciendo el procedimiento, se viene el Covid, comenzamos hacer presión y en marzo del 2022 se apertura el juicio, y el Juez sorprendentemente nos da la audiencia un año después” detalló.

El 14 de enero de este 2023 se celebraría apenas la audiencia, lo que para Barrón Núñez fue raro e incluso abordó al fiscal Eleazar Merino Cotero y su asesor jurídico, Juan Pedro Fernández, para comentarle su inquietud ya que estaban por transcurrir dos años que marca la constitución y podrían liberarlos.

Norma Patricia Barrón Núñez. Foto: Enrique García, Zona Franca Noticias

“Tanto el fiscal como el asesor jurídico me dicen que no había problema, que era por las cargas de trabajo del Consejo del Poder Judicial, que tendríamos que esperarnos hasta la audiencia, no hicieron ningún recurso, no me manifestaron que se hubiera hecho algo al respecto, y se consintió, pensando que por las cargas de trabajo se dio esa fecha, apenas ayer nos manda llamar el Juez diciendo que si no dijimos nada era cosa de nosotros, nuestro problema y ellos iban a salir libres, a pesar de que el Juzgado asignó estas fechas de juicio”, apuntó.

La buscadora señaló que haber retrasado el proceso desde el Poder Judicial de la Federación pudo haber sido con la intención de dejar en libertad a los inculpados, quienes supuestamente a partir de este jueves estarán bajo resguardo domiciliario en dos colonias de Irapuato con el apoyo de elementos de la policía estatal.

“Sabemos que hay un extenso peligro de que se sustraigan de la acción de la justicia y pues que las víctimas quedemos en estado de vulnerabilidad, a parte por las represalias está más latente el riesgo de nuestra vida”.

Detalló que aunque el Juez ordenó la colocación de un brazalete a los inculpados, la FGR argumentó que no hay dinero para ello y al mismo tiempo ‘le echaron la bolita’ a la defensa, el Estado y el Consejo del Poder Judicial de la Federación.

Barrón Núñez explicó que el resguardo domiciliario se daría en tanto concluye su proceso de sentencia, para lo que faltaría tiempo, pues la próxima audiencia será el 14 de marzo, más de un mes todavía, lo que pediría acelerar por la vía legal.

En tanto en la audiencia intermedia que se celebró el 14 de enero consistió en el desahogo de pruebas por parte de la FGR y la defensa.

“Ya al momento de obtener el resguardo domiciliario, ya los pueden tener bien comunicados, van a estar en su casa, sabemos que hay corrupción y un resguardo no será suficiente”,

La buscadora consideró que el Juez no quiere vulnerar los derechos humanos del inculpado, pero cuestionó dónde queda el interés superior de su hijo, menor de edad, quien tiene derecho a que se le garantice su seguridad, pues está desaparecido, pero no hay certeza de que esté vivo o haya fallecido.

“Hay presunción de vida y el hecho de sacarlos a resguardo domiciliario implica que se violente el derecho humano por la alta peligrosidad de los inculpados y por el porcentaje de que pueda sustraerse de la acción de la justicia, así como represalias no sólo a mí sino a la sociedad y que puedan volver a delinquir”.

Descartó equilibrio procesal cuando se prioriza los derechos de un inculpado por encima de los de las víctimas.

“De manera déspota dijo que si quería dar esa medida cautelar, y si no no la daba y se iban libres, una situación de un juez que a pesar de decirle que estamos en riesgo, explicarle cómo fue aún así no hizo nada por equilibrar la situación, siempre se fue hacía ellos y ellos se burlaron”.

Norma cuenta con el mecanismo de protección, lo que aseguró no es una garantía, pues es más una ficción, pues el botón de pánico no es lo equivalente a la atención inmediata, lo que agrava su situación y la de su familia, ya que los inculpados la ubican.

“Como me puedo resguardar, ahí el equilibrio económico me vulnera como víctima, porque no tengo dinero, pagar un rescate nos dejó sin dinero, como para rentar una casa, salir del país o del estado, entonces pues eso es lo que la víctima tiene que pasar”.

Cabe señalar que por el secuestro de su hijo y su pareja, únicamente dos sentenciados, uno de ellos, aparente jefe de los implicados, quien fue condenado a 70 años de prisión, mientras que la segunda persona habría sido asesinada.

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